Moción del Ayuntamiento de Parla (Madrid)

Tras la publicación del Real Decreto 624/2014, que reglamenta el canon por préstamo bibliotecario, el grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes de Parla (Madrid) ha decidido presentar el próximo 9 de Septiembre una proposición de rechazo al mismo. Asimismo, a partir del 12 de Septiembre, y coincidiendo con las fiestas patronales, iniciará una campaña de recogida de firmas en la ciudad y en ambas bibliotecas municipales.

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Os recordamos los consejos para presentar iniciativas similares en Mociones Ayuntamientos. En la categoría Tu Ayuntamiento tiene la palabra podéis obtener información de todas las que se han presentado hasta el momento.

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ANABAD contra el canon

Reproducimos el comunicado de ANABAD rechazando la implantación del canon por préstamo bibliotecario según el Real Decreto 624/2014.

La reciente publicación en el BOE del pasado 1 de agosto de 2.014 del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público, suscita entre los profesionales de las bibliotecas un amplio rechazo.

Desde la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas ANABAD manifestamos igualmente nuestro rechazo a la implantación de este canon, no sólo por lo que supone económicamente para la maltrecha situación de las bibliotecas, si no por cuanto obliga a las bibliotecas a pagar por el mero hecho de prestar aquellos servicios básicos que las leyes les confiere, poniendo así en peligro la propia esencia de la biblioteca y su supervivencia como servicio público.

Manifestamos también nuestra repulsa por cuanto que no se ha tenido en consideración ni una sola de las aportaciones que ANABAD formuló en el plazo legal que se dio para ello, mostrando así el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el máximo desprecio por la opinión y el criterio de las y los profesionales de las bibliotecas.

EL CANON

De entrada hemos de manifestar nuestro criterio contrario al establecimiento del canon que se habrá de abonar en adelante por parte de las administraciones titulares de las bibliotecas públicas (en su mayor parte de carácter municipal) a quienes ostenten el derecho de propiedad intelectual por la realización del servicio público de préstamo bibliográfico a los usuarios de las bibliotecas públicas.

No tiene sentido que las bibliotecas públicas paguen por cumplir un servicio que le es propio, en relación a las funciones que le confiere el artículo 13, punto 4, apartado c de la Ley 10/2.007, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas.

ANTECEDENTES

Advertimos en la trasposición de la directiva de la Unión Europea y en cuanta literatura ha habido a su alrededor que se pone especial cuidado en no recordar cuál ha sido su origen. Quizá convenga hacerlo en este momento.

Apareció en los países nórdicos de Europa, una región que por sus propias características sociodemográficas poco o nada se parece a la nuestra: pese a su poca población real, proporcionalmente son muchos sus lectores, pero los escritores en las lenguas vernáculas tenían que sufrir las consecuencias de un alto nivel de colonización lingüística y cultural por parte de la literatura anglófona, lo que propiciaba que las lenguas de dichos países no alcanzaran el nivel que sin duda era de desear por ellos.

Contrariamente a este fenómeno, las bibliotecas en particular y los servicios públicos de lectura en general sí habían obtenido un gran desarrollo, por lo que los responsables culturales de aquellas latitudes pensaron que la ayuda que los autores precisaban podría llegarles a través de las bibliotecas públicas.

Tal era y es el grado de desarrollo de las políticas bibliotecarias en aquellos países, que quedaron señalados como paradigma de la gestión bibliotecaria, siendo fijados sus parámetros normales como estándares bibliotecarios determinados por IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios) y por UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), aunque, cuando tales recomendaciones y pautas llegan a las administraciones españolas, siempre se buscan todos los pretextos necesarios para justificar que aquí nunca se llegue a alcanzarlos.

NUESTRA REALIDAD

Parece ser que ahora en esto del canon sí nos vamos a homologar de inmediato.

En nuestro país y en nuestro entorno cultural e idiomático la realidad es muy distinta: Hay un gran número de hispanohablantes, y en consecuencia de potenciales lectores, hay una potentísima plantilla de autores y autoras que escriben en nuestra lengua, el español, en España y en toda Latinoamérica. La industria editorial es (o era hasta hace poco) una de las más punteras del país, y, desde luego; ni la literatura española e hispana, ni la producción editorial en español están en peligro; ni siquiera lo están los otros idiomas co-oficiales que coexisten con el español, merced a las muy diversas ayudas que arbitran las respectivas administraciones públicas.

En la actualidad las bibliotecas en España se encuentran en una escandalosa situación de pauperización y recesión:

.- No se construyen nuevas instalaciones

.- No se mantienen convenientemente las ya existentes

.- Las colecciones bibliográficas están quedando anticuadas, deterioradas por el uso y obsoletas como consecuencia de haber bajado considerablemente los incrementos bibliográficos.

.- No se repone al personal cesante

.- Las plantillas se están desprofesionalizando

.- Hay casos de redes regionales en las que a día de hoy no se ha implementado el catálogo colectivo electrónico, ni el carnet único, aunque pueda parecer mentira.

.- Las ediciones electrónicas de libros y revistan no han llegado a la mayoría de las bibliotecas

.- Las secciones de hemeroteca prácticamente han desaparecido en los últimos años

.- Entre la falta de presupuestos para ello y la censura ideológica que se impone en muchos lugares, prácticamente no se propician actividades de animación y de promoción lectora.

.- Tras la finalización del Plan E de fomento de la lectura y el de fomento de las inversiones en materia informática para la instalación de servicio de acceso público a Internet en las bibliotecas, ambos impulsados por el anterior gobierno de la nación, han disminuido notablemente las inversiones en ambas materias.

Ante este panorama descrito someramente, la aplicación de un canon por el préstamo público puede ser la puntilla a muchos de los servicios bibliotecarios.

Las subvenciones a los Ayuntamientos, también en materia bibliotecaria, están en franca vía de extinción, por lo que cargar a los presupuestos municipales un nuevo concepto de gasto, será realmente gravoso para las arcas locales.

Los editores no aprecian la vía de las bibliotecas para sus actividades de promoción de las novedades y prefieren por lo general los canales comerciales.

Las Ferias del Libro (cuando y donde se realizan) y/o sus actividades promocionales están siendo desvinculadas del ámbito bibliotecario.

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Si las bibliotecas públicas prestan un servicio público, de éste no sólo se benefician los lectores y lectoras que retiran los libros en préstamo, no. Pues a día de hoy, a los dos años de ser editado un libro, éste puede ser descatalogado por el editor cumpliendo determinadas condiciones (ciertamente fáciles de cumplir); a partir de ese momento (incluso en muchos casos antes), la biblioteca pública se convierte en el único referente, el único lugar de público acceso en el que poder encontrar aquellos libros “antiguos”, de dos años y un día de antigüedad; Este servicio de custodia es un servicio básico del que se benefician todos, pero muy especialmente los autores y editores, como ellos se benefician del hecho de que los datos de los asientos bibliográficos estén colgados de los catálogos de las bibliotecas para mayor difusión o de que los libros recién comprados por las bibliotecas sean colocados en los anaqueles de novedades de los centros para pública contemplación.

Igualmente hay que considerar un servicio que sus títulos y recomendaciones queden incorporados a guías de lectura y a centros de interés, o que de algunos de ellos se hagan adquisiciones masivas de ejemplares para ser utilizados en los clubs de lectura que suelen dirigir los bibliotecarios y bibliotecarias en todos los centros del país. Clubs que en ocasiones cuentan con la presencia de los autores a quienes se ha leído, los cuales frecuentemente cobran o pretendan cobrar por su presencia.

La presencia de los autores y autoras en los centros son fundamentales para poner en contacto a los escritores con sus lectores, y tanto la administración central como los editores prefieren usar para esto los canales comerciales, o a lo sumo los colegios e institutos de enseñanza antes que las bibliotecas.

En cualquier caso estamos hablando de servicios no siempre básicos, como sí lo es el de préstamo, que trascienden al propio de la mera lectura y consulta en sala, y que son de indudable interés para los lectores, los autores y los editores.

Las estadísticas de las librerías dan testimonio de las ventas, y nada más, mientras que las memorias anuales y las estadísticas elaboradas por los servicios bibliotecarios informan incluso a los editores de muchas peculiaridades que podrían ser de su interés. Todo ello supone un gasto y un esfuerzo para la administración bibliotecaria y su personal.

LAS ENTIDADES DE GESTIÓN

Estas son las autenticas protagonistas de lo que está ocurriendo en la actualidad. Dejando bien sentado que las reconocemos como legítimas representantes de los creadores y de los derecho-habientes por causa de lo establecido en la Ley de la Propiedad Intelectual, también hemos de manifestar al respecto del rol por ellas desempeñado en la actualidad algunas cuestiones de interés:

1ª Alguna estuvo en su estructura demasiado vinculada al antiguo régimen dictatorial (censura ideológica), lo que ha dejado en su acervo demasiados tics de comportamiento.

2ª Han sido protagonistas, en casos, de noticias poco edificantes con respecto al uso de los dineros que han administrado.

3ª En muchas de ellas nos llama la atención la verticalidad gremial de su organización, agrupando a autores y editores, como en los sindicatos franquistas se agrupaban a productores y empresarios.

4ª Pretendían, y por este decreto han conseguido, que la administración trabaje para ellas: en la praxis tributaria la administración es quien presenta al contribuyente la liquidación, pues aquí no. El contribuyente (la administración bibliotecaria) será en lo sucesivo quien tenga que cumplimentar todos los pasos y abonar el impuesto (canon); algo inaudito.

5ª Es frecuente que en su cúpulas se practique el juego de las “puertas giratorias” como salida fácil desde la administración de los ministerios y universidades, práctica denostada generalmente por la población.

6ª Aunque viene explicado de manera un tanto obtusa, tanto en el Real Decreto (Artículo 8º) como en la propia Ley de Propiedad Intelectual se confunde la condición de autor con la de derecho–habiente, resultando que el último concepto incluye también a los editores, por eso nos tememos que cuando se habla de “regular la distribución de la remuneración” se refiere tanto a la distribución entre las distintas entidades de gestión, en razón de las especialidades creativas a que representen, como al reparto monetario entre creadores y editores o productores.

7ª Pese a no aparecer en ningún lugar del texto legislativo, tenemos la seguridad de que este canon es entendido por las entidades de gestión como lo que ellas y en su entorno se conocen como derechos genéricos, es decir aquellos cuyos ingresos son utilizados por las entidades básicamente para satisfacer sus gastos generales y de sostenimiento de sus estructuras y su cúpula organizativa, y que por ser genéricos, no se entrega ni en su totalidad ni mayoritariamente su producto a cada uno de los autores, como contrariamente se nos da a entender.

EL REAL DECRETO

En su preámbulo, y en cuanto a la gestión y al pago, establece que “para el caso específico de las administraciones locales, se prevé que las asociaciones de entidades locales podrán actuar en su representación, siempre que aquellas acuerden otorgarles tal representación.”, pues bien: recomendamos a dichas administraciones locales que no lo hagan, que fuercen la situación para que cada liquidación se haga por separado y de forma independiente y no deleguen su autonomía de gestión ni en diputaciones ni en asociaciones regionales o mucho menos en federaciones de ámbito estatal.

RECURSO

Encontramos en la parte dispositiva del Real Decreto elementos más que suficientes para recurrir la aplicación de tal disposición. Se enumeran por el orden de su articulado, en la confianza de que cada administración que desee practicar los recursos podrá esgrimir las cuestiones que más y mejor convengan a sus intereses:

Artículo 1. Objeto.

Mientras que en la Ley y en la Directiva europea, así como en toda la literatura al uso se habla como objeto la “compensación”, aquí se establece como objetivo la “remuneración”. Entendemos que no es lo mismo remunerar que compensar, aunque el resultado perseguido sí sea igual.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Aunque se mencionan ciertos establecimientos distintos (museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas), realmente el peso tributario de este decreto caerá sobre las bibliotecas casi en exclusividad.

Quedan eximidos los centros radicados en municipios de menos de 5.000 habitantes (muchos o la mayoría de los cuales carecen de biblioteca) y las bibliotecas de las instituciones docentes.

No se considera que la mayoría de los colegios de enseñanza previa a la universitaria carecen de bibliotecas como tales, pues las bibliotecas escolares en España constituyen un subsistema bibliotecario aún por desarrollar y se encuentran en estado muy precario; por lo tanto, poco sería lo que tendrían que abonar tanto las bibliotecas rurales como las escolares.

Sobre todo, no se tiene en consideración que un número muy importante de los usuarios y lectores de las bibliotecas públicas son estudiantes de los distintos niveles educativos que acuden a las bibliotecas públicas porque están mejor dotadas que las educativas (si existen; tienen mejores instalaciones, horarios más amplios y disponen de personal cualificado; todo lo cual es costeado por la administración de la biblioteca pública.

Esto ayudará a la desaparición paulatina de la biblioteca en su sentido amplio, en beneficio de esas salas de lectura y estudio que están proliferando, sin préstamo de libros, con una mediocre colección de referencia y atendidas por un guardia de seguridad. Eso no son bibliotecas.

Artículo 3. Hecho generador.

En el apartado c) se declara fuera de la obligación de abonar el canon por los préstamos en beneficio de personas con discapacidad, según el artículo 31 bis 2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual establece la exención siempre que la obra “guarde relación directa con la discapacidad de que se trate”.

Y ¿cómo saberlo?. No nos parece ni ético este planteamiento, si es que fuera constitucional. En el futuro, al inscribir a un nuevo usuario/a de la biblioteca ¿habrá que preguntarle si tiene alguna discapacidad y de qué tipo es ésta? A quienes ya son lectores, ¿se les habrá de formular una pregunta en este mismo sentido?

Artículo 4. Sujetos beneficiarios.

Es, sin duda un artículo demasiado breve. Quizá para no reconocer que se beneficiarán y mucho los editores y productores, tanto como los propios autores aunque se está difundiendo la idea de que los únicos beneficiarios habrán de ser los artistas, creadores e intelectuales.

Artículo 5. Sujetos obligados al pago de la remuneración y procedimiento de pago.

Estimamos que en este apartado se ha de requerir a las entidades de gestión para que entreguen a los pagadores relación de los miembros a quienes representa cada una, pues consta que ni todos los autores son miembros de las mismas, ni todos están de acuerdo en la aplicación de este decreto.

El aludido acuerdo de reparto entre las entidades de gestión habría de ser en función de cada biblioteca pues, en cada una afortunadamente el fondo es distinto y su distribución temática y de soportes es muy diverso.

Artículo 6. Colaboración entre Administraciones Públicas.

Hemos de dejar constancia de que el Consejo de Cooperación Bibliotecaria opera al margen de los centros bibliotecario y de las asociaciones de profesionales.

Artículo 7. Cálculo de la cuantía de la remuneración.

No estando conformes en la remuneración, poco cabe decir sobre cómo se calcule su montante.

Las bibliotecas en general por la carencia de medios y de personal no están en condiciones de hacer anualmente el cómputo de las obras que están sujetas al pago del canon. Tampoco todas las bibliotecas, por carecer de sistemas informáticos adecuados, están en condiciones de conocer el número de obras que han sido objeto de préstamo cada año, pues conociendo el número de préstamos, hay obras que se prestan una sola vez (o ninguna) y otras innumerables veces. El texto del propio decreto confunde “obras” con “ejemplares”

Artículo 8. Distribución de la remuneración.

Se establece que el criterio utilizado para efectuar el reparto deberá ser “objetivo, proporcional y de público conocimiento”. Para que sea objetivo habrá de serlo en función del listado de las obras prestadas. Las liquidaciones habrían de ser individuales.

El público conocimiento debería ser previo a la liquidación y al pago por parte de la biblioteca.

Disposición transitoria. Aplicación del cálculo de la cuantía de la remuneración.

No se da ninguna razón que explique porqué hasta enero de 2.016 el cálculo se hará por el número de libros adquiridos. Salvo que se piense en el Ministerio y en las entidades de gestión que a partir de esa fecha va a disminuir la compra de libros.

José-María Nogales Herrera
Vicepresidente
ANABAD

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Pedro López López sobre el canon bibliotecario: “El mercado debe quedar fuera de la biblioteca, que es un espacio de ciudadanos, no de “clientes””.

Es imprescindible la lectura del artículo de nuestro compañero de la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas publicado en Nueva Tribuna:

Canon

El pago en bibliotecas. ¿Deben las entidades de gestión cobrar por el trabajo de los autores?

Por Pedro López López | El mercado debe quedar fuera de la biblioteca, que es un espacio de ciudadanos, no de “clientes”.

El pasado 22 de agosto el periódico digital nuevatribuna.es publicaba un artículo de Gustavo Vidal Manzanares bajo el capcioso título: “El pago en bibliotecas… ¿deben los autores cobrar por su trabajo?”Este tipo de preguntas-trampa permite obtener cobertura para colar cualquier cosa. Un ejemplo archiconocido: ¿debemos defender la democracia, y/o los derechos humanos,  en Iraq? A esto solo puede responderse “sí”, pero a continuación lo que nos encontramos es que la forma en que se dice defender la democracia más bien empeora el estado de cosas, como hemos visto no solo en Iraq, sino en otros escenarios. ¿Debemos combatir el paro? Solo puede responderse “sí”, pero a continuación hemos vivido unos años en los que en nombre de esta noble causa se ha acabado con los derechos laborales. ¿Hay que combatir el terrorismo? Sí, claro… pero a muchos nos parece que no se está combatiendo el terrorismo, sino que se lo está alimentando, y, lo peor, no como efecto indeseado, sino como efecto buscado para justificar unas políticas, un intervencionismo y un control de determinados países que, nada casualmente, son riquísimos en fuentes de energía como petróleo o gas natural, amén de beneficiar a una industria que va viento en popa, la del armamento, un tipo de mercancía no especialmente beneficiosa para la humanidad.

A continuación, el artículo sigue en la misma línea, lógicamente, ya que el autor aclara que se va a referir “a algo tan obvio como el derecho de los escritores a cobrar por su trabajo y a decidir sobre la propiedad intelectual de la obra que han creado”.Curiosamente ese algo tan obvio no lo han comprendido escritores como José Luis Sampedro, Almudena Grandes, Isaac Rosa, Belén Gopegui, Inmaculada Chacón, Andrés Aberasturi, Maruja Torres,  Nuria Amat, Luis Mateo Díez,  Lucía Etxebarría,  Carlo Fabretti, Emilio Lledó, Javier Sádaba, Benjamín Prado, Paul Preston, Darío Fo, José Saramago, Noam Chomsky…  todos ellos grandes autores y con importantes premios a su espalda, además de una larguísima lista de autores  que desde hace años han apoyado la lucha contra esta medida antisocial. De manera que no parece que estemos ante algo obvio y, por los nombres que cito, tampoco parece que estemos precisamente ante indocumentados que no saben de qué hablan. Por otro lado, un amplísimo sector de profesionales de las bibliotecas, así como de usuarios, rechazan esta medida por el perjuicio que supone para un servicio público gratuito donde, como es lógico, no hay atisbo de lucro por ningún lado.

Nos dice Gustavo Vidal que el escritor tiene derecho a cobrar por su trabajo y a decidir sobre la propiedad intelectual de la obra que ha creado. Vamos a examinar esto más despacio porque no es tan sencillo. En primer lugar, lo que las entidades de gestión pretenden es que los autores les cedan sus derechos para cobrar en su nombre. Pero hay miles de autores que no están afiliados a ninguna entidad ni desean estarlo, e igualmente tampoco desean cobrar por el concepto de préstamo de sus libros en bibliotecas. Es mi caso, sin ir más lejos, que ni mucho menos es excepcional. Soy profesor universitario y, como es lógico, una parte de mi trabajo lleva a escribir artículos y libros. Percibo un sueldo por mi trabajo y tengo la suerte de no necesitar rebañar una cantidad que en todo caso sería ridícula y ni de lejos me proporcionaría un sueldo, ni tan siquiera un complemento medianamente digno. En mi caso, si cobrara 100 euros anuales (tanto por libros que he escrito o coordinado como en concepto de fotocopias de artículos que he podido escribir) ya sería mucho. Se comprenderá que con esto no vive un autor, ¿verdad? Pues bien este es mi caso, pero también el de miles de profesores universitarios  (hay más de 100.000 en nuestro país) y de enseñanzas medias (también unas cuantas decenas de miles), que nos sentimos suficientemente retribuidos simplemente con que nos lean colegas,  alumnos o ciudadanos interesados, sin necesidad de arañar unos pocos euros que perjudicarán inevitablemente a los miserables presupuestos asignados a las bibliotecas.  En un libro que coordiné junto con dos compañeros  y que publicamos en 2007 conseguimos que la editorial pusiera esta leyenda en la contraportada: “Los autores de esta obra son contrarios a la aplicación de cualquier gravamen a las bibliotecas por el préstamo de libros y, en consecuencia, se oponen a que ninguna entidad de gestión de derechos de autor recaude cantidad alguna en su nombre”. Este es el sentido que miles de autores damos a los derechos de autor reclamando también nuestro derecho a compartir nuestros conocimientos sin que ningún intermediario saque dinero a nuestra costa. Y este es el sentido de las licencias creative commons utilizadas ya por muchos autores que no desean una explotación comercial, y menos de terceros, en la difusión de sus conocimientos. Es un planteamiento con el que incluso están de acuerdo algunos editores.

Cuando hablamos de autores, en el caso de libros, se nos vienen a la mente los nombres de los que tienen indudable éxito, pero esos son una ínfima minoría. La inmensísima mayoría de los autores de este país no pueden vivir de lo que escriben y deben agradecer a las bibliotecas que conserven y promocionen sus libros, que en los mostradores de las librerías desaparecen inmediatamente después de salir al mercado por la feroz competencia. Evidentemente, esta situación no va a cambiar por la introducción de ningún canon, no parece posible que un autor que no se gana la vida escribiendo ahora vaya a hacerlo con la ayuda de una cantidad en concepto de canon por préstamo de sus libros. Conozco a decenas de autores de libros que no viven de esta actividad y que la introducción del canon no cambiaría en nada sus vidas.

Afortunadamente, la biblioteca todavía se mantiene fuera de las leyes del mercado y el argumento de que un libro adquirido en una biblioteca es un libro que se deja de comprar también está lejos de ser evidente. Puede ser que yo tome un libro prestado de una biblioteca y ya no lo compre para mí, pero si me ha gustado lo suficiente es posible que lo compre para regalar, por ejemplo; incluso es posible que su lectura me anime a comprar otros libros del mismo autor o sobre la misma materia. Tampoco está nada claro que la implantación de una biblioteca en un barrio o en una pequeña ciudad suponga un descenso de ventas, es un poco raro que si una sociedad es más culta gracias a sus bibliotecas, sus ciudadanos vayan a consumir menos productos culturales, como es el caso de los libros. ¿Que se venderán menos libros en época de crisis? Es posible, pero precisamente la función social de la biblioteca está en poner al alcance de la población más desfavorecida económicamente el acceso a la cultura y a la información.

De lo que no cabe duda es de que la retribución económicamente simbólica que pudiera recibir uno de estos pequeños autores no le va a suponer ningún cambio económico en su vida; pero cuando esta cantidad simbólica la multiplicamos por muchas decenas de miles (número de autores) o por millones (número de préstamo o número de ejemplares disponibles en bibliotecas públicas), es evidente que obtenemos una cantidad más que respetable. Y aquí es donde está la madre del cordero, en el suculento negocio que en nombre de los autores pretenden unas entidades privadas cuya voracidad se va haciendo cada vez más insufrible para la sociedad. Esto es lo que hay detrás del falso argumento invocado por estas entidades de que los autores tienen derecho a vivir de sus obras.

Distinto es el caso de autores de gran éxito, autores que venden cientos de miles o incluso millones de ejemplares y cuya retribución depende de esas ventas y el porcentaje que perciben de ellas, de acuerdo con sus negociaciones con las editoriales. No se trata de que el autor tenga o no derecho a vivir de su obra; está claro que si la editorial vende decenas de miles de ejemplares, podrá vivir de ella; pero si las ventas son unos pocos cientos, tendrá que asegurarse la vida de otra manera, como millones y millones de ciudadanos. Sabemos de escritores que incluso teniendo éxito tienen su trabajo en la administración o en empresas privadas.

Otra cuestión de interés es que una gran cantidad de las obras más prestadas en bibliotecas públicas son best-sellers de autores extranjeros. Me resulta difícil creer que nuestras entidades de gestión estén retribuyendo a estos autores. Igualmente, ¿qué pasa con los miles de autores fallecidos? También me resulta difícil creer que estén retribuyendo a los herederos… y no digamos ya sin son clásicos de hace más de un siglo.

Uno de los argumentos utilizados por Gustavo Vidal dice que el esfuerzo y tiempo que ha utilizado el autor para proporcionarnos satisfacción y solaz debe retribuirse. Estamos de acuerdo, la cuestión es cómo. Si yo tengo un cuadro en mi casa, lo habré pagado al adquirirlo, no me parece normal que cada vez que lo contemplo o que lo contempla una persona que viene a mi casa haya que pagar una cantidad al autor. Igualmente, el arquitecto que diseña un edificio o un puente cobra por su trabajo en su momento, no puede pretender cobrar cada vez que alguien entra al edificio o pasa por el puente.

De lo que se trata aquí, en mi opinión, es de que la propiedad intelectual es uno de los caballos de batalla del actual capitalismo, un capitalismo que uno de sus más destacados estudiosos, David Harvey, define en su actual estadio con la expresiónacumulación por desposesión. Un tipo de acumulación que va contra los bienes comunes y espacios y servicios públicos que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Se trata de crear escasez artificialmente y asignar un valor a algo que era de dominio público anteriormente, es decir, un bien común. Este es el caso de la biblioteca y de otras instituciones culturales como los museos, que no es que sean gratuitas, sino que las pagamos entre todos con nuestros impuestos, un pago que cubre tanto la implantación como el mantenimiento. Como es el caso de la educación y la sanidad, por hablar de otros servicios públicos imprescindibles para que la población tenga una vida digna. Una dignidad que no tiene precio pero que se lo asignan artificialmente entidades que viven de despojar a los pueblos de sus derechos (léase derecho a la información y a la cultura, derecho a la salud, derecho al agua, etc., etc.). En estas misma línea van desarrollos abusivos como el modelo actual de patentes (conocimiento científico-técnico) y otras modalidades de propiedad intelectual (cobro por fotocopias, CD y DVD, etc.). La biblioteca pública, como servicio y espacio público, se ha mantenido hasta ahora fuera de la lógica del mercado y somos millones los usuarios, profesionales y autores que estamos dispuestos a seguir defendiendo esta situación. El mercado debe quedar fuera de la biblioteca, que es un espacio de ciudadanos, no de “clientes”.

Por Pedro López López | Profesor de la Universidad Complutense | Miembro de la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas’

 

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Real Decreto 624/2014: Préstamo de Pago

BOE núm. 186 del Viernes 1 de Agosto de 2014

Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.

El artículo 1.1 de la Directiva 2006/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual impone a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de reconocer a los autores el derecho de autorizar o prohibir el préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor. Esta obligación se matiza en el artículo 6.1 de la citada Directiva, que permite establecer excepciones a la obligación en lo referente a los préstamos públicos, y siempre que los autores obtengan al menos una remuneración por esos préstamos, que se podrá determinar libremente por los Estados miembros teniendo en cuenta sus objetivos de promoción cultural.

La transposición de la Directiva se instrumentó a través de la disposición final primera de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, cuyo apartado dos modificó el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. En él se relacionan los establecimientos que no precisarán autorización de los titulares de derechos de autor por los préstamos que realicen, y se fijan las bases para la remuneración a los autores por dichos préstamos. Cuanto se refiere a la cuantía de la remuneración y los mecanismos de colaboración necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración entre las distintas administraciones públicas se remite al posterior desarrollo reglamentario. Del mismo modo, la disposición final única del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual habilita al Gobierno para el desarrollo reglamentario de esa ley. Hasta la aprobación de la norma reglamentaria por medio de este real decreto, el régimen aplicable, ha sido el previsto en la disposición transitoria vigésima del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, tras la modificación operada también por la disposición final primera de Ley 10/2007, de 22 de junio.

El presente real decreto tiene por objeto el desarrollo reglamentario del derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras en determinados establecimientos abiertos al público, en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 37 y en la disposición transitoria vigésima del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, siendo su finalidad garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación de pago, en desarrollo y ejecución de la normativa comunitaria.

La norma consta de ocho artículos, una disposición transitoria, una disposición adicional, y tres disposiciones finales. Los artículos uno y dos se dedican al objeto y ámbito de aplicación, delimitando los establecimientos accesibles al público en los que el préstamo de obras sometidas a derechos de autor dará lugar a remuneración, sean estos establecimientos de titularidad pública o bien pertenezcan a entidades sin ánimo de lucro que persigan fines de interés general de carácter cultural, científico o educativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Asimismo, se determinan cuáles de estos establecimientos quedan excluidos de la obligación de remuneración. En este sentido, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y en línea con lo que viene siendo habitual en nuestro país y en los países de nuestro entorno, quedan exentas de esta obligación las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, cualquiera que sea su titularidad y naturaleza, debido a su contribución a garantizar la plena efectividad del derecho a la educación.

El artículo tres, por su parte, regula el hecho generador de la obligación de remuneración compensatoria, entendiendo como tal el préstamo de obras sometidas a derecho de autor, en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. En coherencia con lo anterior, el apartado dos del precepto excluye determinados supuestos, que no generan el derecho de remuneración por préstamo.

Los artículos cuatro y cinco se dedican, respectivamente, a los sujetos beneficiarios de la remuneración por préstamo, y a los sujetos obligados al pago de la remuneración: los titulares de los establecimientos accesibles al público, siguiendo el criterio fijado por el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

El artículo cinco se ocupa de la forma en que ha de llevarse a cabo el pago de la remuneración. De acuerdo con ello y con el fin de facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de su obligación, se dispone que dicho pago se haga efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de autor que podrán designar un representante único para actuar en representación de todas ellas. En el caso de establecimientos de titularidad pública se dispone que dicho pago se efectúe con sujeción al procedimiento que resulte procedente de acuerdo con la legislación aplicable en cada administración pública titular de la obligación. Para el caso específico de las administraciones locales, se prevé que las asociaciones de entidades locales podrán actuar en su representación siempre que aquellas acuerden otorgarles tal representación.

Sin perjuicio de lo anterior, el apartado 4 flexibiliza la previsión de designar un representante único al disponerse la posibilidad de que las entidades no concurran de manera exclusiva a través de dicha vía, articulándose en definitiva tres posibilidades: a) representante único; b) acuerdo entre entidades sobre el porcentaje respecto a una modalidad de obra o laudo que sustituya dicho acuerdo, y c) consignación de la remuneración a falta de acuerdo sobre alguna de las dos opciones anteriores.

El artículo seis, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, prevé los mecanismos de colaboración entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales para promover el cumplimiento efectivo de las obligaciones de remuneración que afecten a establecimientos de titularidad pública. A este fin, dispone que el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, en tanto que órgano colegiado de composición interadministrativa que canaliza la colaboración entre las administraciones públicas en materia de bibliotecas, asumirá la misión de reunir y difundir cuanta información le suministren sus miembros en relación con la remuneración por préstamo.

El cálculo de la cuantía de la remuneración a los autores por el préstamo de sus obras se regula en el artículo siete. Siendo el préstamo la actividad que genera el derecho a la remuneración, los dos criterios utilizados para determinar el cálculo se relacionan directamente con los elementos intervinientes en esa actividad: por un lado, los ejemplares de las obras sujetas a derechos de autor y, por otro, las personas que hacen uso efectivo del servicio de préstamo. El primero de ellos se sustancia a través del cálculo del número de obras protegidas que pone a disposición el establecimiento mediante préstamo, mientras que el segundo se concreta en la determinación del número de ciudadanos que hacen uso efectivo del servicio de préstamo en el establecimiento en cuestión.

Este método de cálculo se adecua a lo establecido en el último inciso del artículo 6.1 de la Directiva 2006/115/CE, según el cual los Estados miembros podrán determinar libremente esta remuneración teniendo en cuenta sus objetivos de promoción cultural, y se ajusta a la interpretación jurisprudencial realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 30 de junio de 2011 (asunto C-271/10) en lo que se refiere particularmente a la necesidad de considerar también en dicho cálculo un segundo criterio, el del número de prestatarios inscritos en el establecimiento que realiza el préstamo. En efecto, dado que la remuneración constituye la contrapartida al perjuicio causado a los autores derivada de la utilización de sus obras en establecimientos accesibles al público sin necesidad de autorización y, teniendo en cuenta la citada jurisprudencia, la fijación del importe de esta remuneración debe vincularse a todos los elementos constitutivos de este perjuicio, teniendo en cuenta no solo la amplitud de la puesta a disposición, a través del número de obras que son objeto de préstamo por parte de los establecimientos, sino también el número de usuarios efectivos del servicio de préstamo.

El articulado del real decreto se cierra con el artículo ocho, en el que se regula la distribución de la remuneración entre los autores, que se realizará a través de las entidades de gestión, y con arreglo a criterios de proporcionalidad, objetividad y publicidad.

La parte final de la norma se compone de una disposición transitoria, una disposición adicional y tres disposiciones finales. En ellas se recoge el inicio temporal de la aplicación del método de cálculo de la cuantía de la remuneración previsto en el artículo, la previsión para la actualización de las cuantías a que se refiere el artículo 7, el título competencial en el que se ampara la norma, la habilitación para el desarrollo reglamentario y la entrada en vigor.
En la elaboración de esta norma han sido consultadas las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Cultura y la administración local a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, con el informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de julio de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.
El objeto de este real decreto es regular el procedimiento de pago y los criterios objetivos para el cálculo de la cuantía de la remuneración por el préstamo de obras protegidas por derechos de autor que se realicen en los establecimientos accesibles al público a los que se refiere el artículo 2.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. A los efectos de este real decreto, la obligación de remuneración se aplica, a los préstamos de obras protegidas por derechos de autor realizados en museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, quedan eximidos de la obligación de remuneración:
a) Los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, incluyendo los servicios móviles cuando realicen el préstamo en dichos municipios.
b) Las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.

Artículo 3. Hecho generador.
1. El derecho de los autores a percibir una remuneración se genera por el préstamo de sus obras no incluidas en el dominio público, tal y como se define en el artículo 19.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, realizado a través de los establecimientos enumerados en el artículo 2, y ya se trate de originales o de copias de obras sometidas a derechos de autor.

2. No generan el derecho de remuneración por préstamo:
a) La consulta in situ de cualquier tipo de obra en los locales de los establecimientos citados en el artículo 2.
b) Los préstamos de obras que se efectúen entre los establecimientos a los que se refiere el artículo 2.
c) El préstamo en beneficio de personas con discapacidad, en los términos previstos en el artículo 31 bis 2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Artículo 4. Sujetos beneficiarios.
Son beneficiarios de esta remuneración los autores en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Artículo 5. Sujetos obligados al pago de la remuneración y procedimiento de pago.
1. Los titulares de los establecimientos enumerados en el artículo 2 quedan obligados al pago de una cuantía global en concepto de remuneración por préstamo.

2. Los sujetos obligados efectuarán el pago de la remuneración a través de las entidades de gestión de los derechos de autor. Estas entidades, en su relación con los sujetos obligados, podrán designar un representante único que actuará en representación de todas ellas, previa acreditación de su condición como tal.

3. En caso de que las entidades de gestión no actuaran mediante representante único, deberán establecer y aportar a los sujetos obligados al pago un acuerdo sobre los porcentajes o sistema de reparto acordados por todas las entidades de gestión concurrentes en la gestión de derechos de un mismo tipo de obra. Si no alcanzaran dicho acuerdo, la determinación de los porcentajes o sistema de reparto por cada tipo de obra podrá fijarse o establecerse mediante laudo de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual o de otro órgano arbitral, previa suscripción del convenio arbitral por todas las entidades afectadas. Dicho laudo establecerá los porcentajes, o sistema de reparto de la cantidad de la compensación asignada a cada tipo de obra, permitiendo reconocer las obligaciones y el pago a las entidades de gestión de conformidad con sus términos. Si las entidades concurrentes no alcanzaran dicho acuerdo, las cantidades debidas podrán ser consignadas por los sujetos obligados, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico, a fin de evitar el devengo de intereses.

4. El pago de la remuneración que afecte a establecimientos de titularidad pública se efectuará mediante el procedimiento que proceda conforme a la legislación aplicable en cada administración pública titular de la obligación. Las asociaciones de entidades locales podrán actuar en representación de las administraciones locales que acuerden otorgarles su representación.

Artículo 6. Colaboración entre Administraciones Públicas.
A los efectos de promover el cumplimiento de las obligaciones que afectan a establecimientos de titularidad pública, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria reunirá y difundirá cuanta información le suministren sus miembros en relación con los elementos que intervienen en el cálculo de la remuneración por préstamo incluidos en el artículo 7.

Artículo 7. Cálculo de la cuantía de la remuneración.
1. La cuantía global en concepto de remuneración por préstamo en los establecimientos incluidos el artículo 2 se determinará por la administración o entidad titular del establecimiento en los términos previstos en los apartados siguientes, en función de la suma de una cantidad calculada en relación con el número de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposición con destino al préstamo, y de una cantidad derivada del número de usuarios efectivos del servicio de préstamo.

2. La cuantía global en concepto de remuneración por préstamo se calculará anualmente, y se hará efectiva a lo largo del primer semestre del año siguiente. Los datos a utilizar para estos cálculos serán los correspondientes al ejercicio anual precedente.

3. La parte de la cuantía que toma como base el número de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposición con destino a préstamo, se obtendrá multiplicando por 0,004 euros el número de obras que han sido objeto de préstamo en cada establecimiento en el año correspondiente.

4. La parte de la cuantía relativa al número de usuarios efectivos del servicio de préstamo se obtendrá multiplicando por 0,05 euros el número de usuarios inscritos anualmente en cada establecimiento que hayan hecho uso efectivo del servicio de préstamo en el año correspondiente.

Artículo 8. Distribución de la remuneración.
1. La remuneración a los autores con las cantidades obtenidas conforme a lo previsto en el artículo 7 se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de autor.

2. Las entidades de gestión de los derechos de autor estarán obligadas a satisfacer anualmente a los autores la remuneración individual que les corresponda por el préstamo de sus obras, en función de las cantidades obtenidas en aplicación de lo previsto en el artículo 7. El criterio utilizado para efectuar dicho reparto deberá ser, en todo caso, objetivo, proporcional y de público conocimiento.

Disposición transitoria. Aplicación del cálculo de la cuantía de la remuneración.
1. El cálculo de la cuantía que toma como base el número de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposición con destino a préstamo, conforme al artículo 7.3, se aplicará a partir del 1 de enero de 2016. Hasta esa fecha el cómputo se obtendrá multiplicando por 0,16 euros el número de obras adquiridas anualmente a tal efecto en cada establecimiento.
2. El cálculo de la cuantía relativa al número de usuarios efectivos del servicio de préstamo, conforme al artículo 7.4, se aplicará desde la entrada en vigor de este real decreto.

Disposición adicional única. Actualización de cuantías.

Mediante Orden Ministerial del departamento competente en la materia, las cuantías previstas en el artículo 7 de este real decreto podrán actualizarse de acuerdo a la normativa vigente en materia de actualización de valores monetarios.

Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dictar cuantas disposiciones y actos sean necesarios para el desarrollo de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 18 de julio de 2014.

FELIPE R.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA

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Aprobado el Real Decreto por el que desarrolla el derecho de remuneración

Reproducimos la siguiente nota de prensa del Consejo de Ministros del 18 de Julio de 2014:

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Aprobado el Real Decreto por el que desarrolla el derecho de remuneración a los autores por préstamo de sus obras en determinados establecimientos públicos

– La principal novedad es el método de cálculo de la cuantía de remuneración

– No implica cargas económicas para los ciudadanos

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula el procedimiento de pago y los criterios objetivos para el cálculo de la cuantía de la remuneración por el préstamo de obras protegidas por derechos de autor que se realicen en determinados establecimientos públicos, conforme a la Directiva 2006/115/CE y a los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Según el real decreto estarán sujetos a la compensación a los autores por el préstamo de obras con derechos de propiedad intelectual los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro.

Quedan eximidos los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, incluyendo los servicios móviles cuando realicen préstamos en dichos municipios y las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.

Este real decreto afecta fundamentalmente las administraciones públicas titulares de estos establecimientos, sin que en ningún caso suponga cargas para los ciudadanos.

Cálculo de la cuantía de la remuneración

La obligación de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras en establecimientos públicos estaba presente en el ordenamiento jurídico español desde la reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual realizada por la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, con la que se aprobó de manera transitoria un sistema de cálculo, a la espera del real decreto que lo determinara.

La principal novedad del real decreto aprobado hoy es el método de cálculo de dicha cuantía. En ese sentido, con carácter anual se tomarán en cuenta dos conceptos:

1. El número de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposición con destino al préstamo.

2. El número de usuarios efectivos del servicio de préstamo en el año correspondiente.

Como hasta ahora, serán las entidades de gestión de derechos de autor las que tramitarán la obligación de remuneración para hacerla llegar anualmente a los autores.

En la elaboración de esta norma han sido consultadas las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Cultura, las administraciones locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

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Sin haber tenido oportunidad aún de conocer el texto de dicho Real Decreto, la Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas hace dos reflexiones:

1. ¿Cómo puede el Consejo de Ministros afirmar que “este real decreto afecta fundamentalmente las administraciones públicas titulares de estos establecimientos, sin que en ningún caso suponga cargas para los ciudadanos”? ¿No sabe que las administraciones públicas se financian con nuestros impuestos?

2. ¿En qué sentido ha sido consultado el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, y cuál es su postura frente al Real Decreto?

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El préstamo de pago, atascado

Recogemos una excelente noticia de EFE (4/3/14):

El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha afirmado que no hay fecha para la remuneración a los autores por el préstamo de sus obras en relación al canon bibliotecario y que la intención del Ministerio es “no asfixiar aún más” a los ayuntamientos, a los que está imputado este gasto.

Así se ha pronunciado Lassalle, a preguntas de los periodistas, este mediodía en Toledo, donde preside la reunión del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, en el marco de las celebraciones del IV Centenario del fallecimiento del Greco.

El secretario de Estado de Cultura ha señalado que como la remuneración a los autores por el préstamo de sus obras es “una imputación de gasto atribuida a los ayuntamientos”, el Ministerio tiene que trabajar con ellos para conocer las cantidades exactas, sin que exista todavía un cálculo preciso.

No obstante, ha puntualizado que las cantidades que se determinen “serán más bien fruto de una negociación entre los órganos que tienen que consensuar su pago” y ha subrayado que el Ministerio va a hacer un esfuerzo para no asfixiar aún más a nuestros ayuntamientos”.

Preguntado por la fecha en que se llevará a cabo la remuneración, ha indicado que se trata de la transposición de una directiva europea en la que se está trabajando, pero sobre la que no hay fecha, pues en la citada directiva tampoco se especifica el plazo.

Dicho esto, ha confiado en que la negociación no se demore pues “estamos urgidos” por la aplicación de la directiva.

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Nace Biblioresistencia CLM, en defensa de las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha

Con la llegada de la primavera, la Marea Amarilla da la bienvenida a BiblioresistenciaCLM, movimiento en defensa de las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha puesto en marcha por sus propios profesionales ante el flagrante abandono de la Administración.

Invitamos a tod@s l@s bibliotecari@s y usuari@s de bibliotecas, y a la ciudadanía en general, a darles su apoyo de todas las maneras que puedan (firmando su manifiesto, difundiendo, acudiendo a la manifestación del 17 de Mayo en Toledo…).

Deseamos a Biblioresistencia la mejor de las suertes y, desde ya, les confirmamos que nos tienen a su lado.

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22M: Marchas de la Dignidad

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Las bibliotecas también somos cultura

Una mañana espléndida nos acompañó en la fiesta reivindicativa de la cultura del pasado Domingo, en el Paseo de Recoletos, donde la Marea Amarilla compartió sus inquietudes con bibliotecari@s, lector@s, escritor@s y amig@s. Os ofrecemos una pequeña selección de instantáneas que podéis consultar en su conjunto en nuestra página de Facebook.

¡Gracias por venir!

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Domingo 9 de Marzo: Tod@s somos cultura

El próximo Domingo 9 de Marzo a las 11:00, la Marea Amarilla se unirá a la Marea Roja de la Plataforma en Defensa de la Cultura en el madrileño Paseo de Recoletos, en una gran reivindicación festiva de las artes y las letras frente a la actual política de recortes y falta de apoyo a estos sectores imprescindibles para el desarrollo de la ciudadanía.

Nuestro espacio estará muy cerca de la puerta de la Biblioteca Nacional, y se dividirá en tres partes:

1. El rincón del narrador, donde intervendrán escritores y poetas.

2. Photocall, donde l@s visitantes podrán hacerse fotos con carteles reivindicativos en defensa de la lectura pública y las bibliotecas públicas, y contra el préstamo de pago en bibliotecas.

3. Elaboración de mural, en el que l@s asistentes, niños y mayores, podrán plasmar sus opiniones, frases o dibujos, de sus lecturas favoritas o su punto de vista sobre la lectura o las bibliotecas.

Y lo más importante: ¡trae un libro que te guste y comparte tu lectura preferida! ¡¡¡Y no olvides tu camiseta, amarilla o roja!!!

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