Posición de la IFLA frente al Derecho de Préstamo Público (2016)

Introducción

La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) es una organización no gubernamental (ONG) que vela por los intereses de las bibliotecas y de los servicios de información y sus usuarios en todo el mundo.

Las bibliotecas públicas, junto con otras instituciones culturales, científicas y educativas sin fines de lucro, tienen el propósito de servir a los ciudadanos y garantizarles el acceso libre e ilimitado a todo el espectro del saber y la información recopilados hasta el momento. Desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y el mantenimiento de las sociedades democráticas al permitir el acceso de todos los miembros de la comunidad a una amplia y variada gama de ideas y pensamientos. Las bibliotecas públicas, en particular, brindan la oportunidad, sobre todo a niños y jóvenes, de adquirir y desarrollar el hábito de la lectura. A modo de centros de ideas y de conocimiento, funcionan también como herramientas básicas para el aprendizaje y la investigación. Las bibliotecas y los servicios de información constituyen para los usuarios portales esenciales hacia la cultura y la información, incluso para los autores de obras protegidas por el derecho de autor. Como representantes de sus usuarios, llevan a cabo una función importantísima al garantizar que se reconozca como una prioridad el interés público de los ciudadanos de disponer de acceso al saber, y el equilibrio apropiado entre sus libertades y las prerrogativas legales y morales de los titulares de los derechos de autor. Además, las bibliotecas y servicios de información son grandes clientes de los productores de información, efectúan adquisiciones tanto de obras en formato analógico como digital y de las organizaciones de derechos de reproducción, son los principales titulares de licencias para poder ampliar el acceso y el uso de las obras protegidas por los derechos de autor más allá de las limitadas disposiciones de las excepciones y restricciones legales del derecho de autor.

Estas instituciones trabajan con dichas excepciones y restricciones, y se esfuerzan por lograr que sus usuarios cuenten con un acceso equitativo y legal al contenido de las obras protegidas por el derecho de autor, respetando al mismo tiempo los derechos de la propiedad intelectual de los autores, artistas, editores y demás productores de obras. Desde hace mucho tiempo la IFLA mantiene la misma posición frente a los derechos de autor y a otros derechos afines: los derechos económicos de los proveedores de información deben mantenerse en equilibrio con la necesidad de la sociedad de acceder al conocimiento. La continua inclusión de los derechos de autor y demás derechos relacionados en nuevos ámbitos ha provocado el aumento de la utilización de licencias que se emplean cada vez más para diferentes actividades como el “derecho de préstamo”, que constituye el objeto del presente artículo. La IFLA considera que, a menos que se haga un gran esfuerzo para apoyar firmemente las excepciones y restricciones del derecho de autor con el objetivo de mantener dicho equilibrio en todo el mundo, la tendencia actual ejercerá una profunda influencia negativa en la educación, la investigación y en el fruto de las mismas, es decir, en el progreso económico, cultural y científico de las personas, de las naciones y de la sociedad, lo cual repercutirá sobre todo en la economía de los países en vías de desarrollo.

El Derecho de Préstamo Público

El Derecho de Préstamo al Público (DPP) no existe en muchos países y su aplicación es diferente en cada uno de los países que lo ha adoptado. El término se aplica a dos conceptos diferentes:

1. En algunos lugares, el DPP puede ser un derecho de autor: uno de los derechos limitados de monopolio que se otorgan al titular del derecho de autor de una obra protegida. Concede al titular el derecho de autorizar o prohibir el préstamo al público de una obra protegida en su forma tangible una vez que ésta ha sido publicada. La autorización del préstamo público puede realizarse mediante licencias o mediante el pago de las regalías a los autores a través de las sociedades de gestión colectiva.

2. Un segundo concepto que, a menudo, también se denomina DPP es un “derecho de remuneración”, que representa el derecho del autor (no necesariamente el titular del derecho de autor) a recibir una compensación económica por el préstamo público de su obra. En los países en que se ha decidido introducir el derecho de remuneración, se han establecido criterios propios de idoneidad, en algunos casos (no todos) a fin de alcanzar determinados derechos culturales. En algunos países, el derecho de remuneración existe por ley como alternativa al DPP (entendido según su estricta acepción legal descrita en el párrafo anterior (1) y se considera, por tanto, relacionado con el derecho de autor. En otros países, el derecho de remuneración queda excluido por completo del derecho de autor. No obstante, en cualquier caso, el pago realizado al autor no se considera parte de las regalías por derechos de autor.

Libros electrónicos

Si bien hasta el momento, el DPP sólo se aplica a libros impresos y, en algunos países, a audiolibros con formato tangible, en numerosos países se está investigando activamente su aplicación a los libros electrónicos y audiolibros digitales. Existen argumentos convincentes sobre los motivos por los cuales la compensación por préstamos digitales no debería repetir automáticamente los modelos de compensación utilizados en libros impresos y en audiolibros tangibles. También existen desafíos legales y logísticos exclusivos de los formatos digitales:

* En muchos casos las bibliotecas están autorizadas a contar con determinados libros electrónicos por plazos limitados o a realizar un número limitado de préstamos y, en caso de renovación de la licencia, el autor debería cobrar regalías. Esto no sucede con los libros impresos ni con los audiolibros tangibles ya que no se acumulan regalías subsiguientes a la adquisición inicial.

* En Estados Unidos el préstamo público se rige por una Directiva sobre Préstamos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró la aplicación de la Directiva sobre Préstamos a los libros electrónicos en Vereniging Openbare Bibliotheken C-175/15, a instancias de los tribunales holandeses. En el Reino Unido, los cambios recientes en la legislación sobre derechos de autor aplican el derecho de préstamo al “préstamo” de un libro electrónico en el lugar, es decir, cuando el usuario de la biblioteca acude a la misma para descargar un libro electrónico. Solicitar el préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas no ha resultado atractivo para los usuarios. Se considera que el acceso remoto a este tipo de libros a través de la biblioteca conlleva una coherencia entre la “puesta a disposición” y la disponibilidad de contenidos a través de Internet en el momento y lugar elegidos por el usuario y no califica como “préstamo”, por lo tanto, no cuenta para aplicar el DPP. Esta es la interpretación que se refleja actualmente en la legislación del Reino Unido.

* La logística de calcular préstamos de libros electrónicos y la disponibilidad de copias y ejemplares será bastante más complicada que para los libros impresos ya que algunos datos podrían correr por cuenta de terceros. Los programas de DPP dependen de la posibilidad de realizar búsquedas en bases de datos de bibliotecas que sirven para determinar la disponibilidad de ejemplares y copias, y la circulación anual (los tres datos utilizados para calcular la compensación por DPP en diferentes países). En el caso de los libros electrónicos no es posible acceder a algunos de estos datos desde la base de datos de la biblioteca sino que éstos se conservan en la base de datos de los proveedores de estos libros. La exigencia de tratar con proveedores comerciales externos para acceder a determinados datos de la biblioteca claramente aumentará los costos de logística y financieros de la implementación del DPP.

Por estos motivos, resulta imperativo que los representantes de las bibliotecas trabajen estrechamente con los especialistas en DPP y los representantes de autores para dar forma, desde el punto de vista logístico, a una aplicación viable de este derecho para el acceso a contenidos digitales a través de las bibliotecas.


Posición de la IFLA frente al Derecho de Préstamo Público

La IFLA ya ha establecido los valores y principios esenciales en relación con el libre acceso a las ideas, a la información y a las obras literarias, y a su vez a las bibliotecas públicas, así como el lugar que ocupan en el esquema nacional de infraestructuras y el derecho de préstamo. Los valores esenciales de la IFLA son los siguientes:

1. La IFLA adhiere a :
– la libertad de acceso a la información, las ideas y las creaciones de la imaginación y a la libertad de expresión consagradas en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
– al principio de que las personas, las comunidades y las organizaciones necesitan tener acceso universal y equitativo a ellas para alcanzar su bienestar social, educativo, cultural, democrático y económico;
– y a la convicción de que dicho acceso queda garantizado a través de bibliotecas y servicios de información de alta calidad.

2. “La biblioteca pública es responsabilidad de las autoridades locales y nacionales. Debe regirse por una legislación específica y estar financiada por los gobiernos nacionales y locales. Ha de ser un componente esencial de cualquier estrategia a largo plazo para la cultura, la provisión de información, la alfabetización y la educación”. IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994.

3. “La IFLA considera que el préstamo de materiales publicados efectuado por las bibliotecas no debe verse restringido por la legislación y que los términos contractuales, por ejemplo en el caso de contratos de licencias, no deben invalidar el préstamo razonable de documentos electrónicos por parte de los servicios bibliotecarios y de información”. IFLA CLM: Restricciones y excepciones del derecho de autor y demás derechos relacionados en el contexto digital: perspectiva de las bibliotecas a nivel internacional (revisión año 2004).

4. “…Es importante que el dinero necesario para el pago de este derecho de préstamo público no se obtenga de los fondos de las bibliotecas para adquisición de materiales. Ahora bien, este derecho, si goza de una financiación independiente, favorece a los autores sin afectar al presupuesto de las bibliotecas públicas. En algunos casos, puede incluso aportar estadísticas muy útiles sobre el préstamo de libros de determinados autores. Los bibliotecarios deben participar en la organización de los planes de préstamo público para que su financiación no proceda de los presupuestos de las bibliotecas. Servicio de Bibliotecas Públicas: Directrices IFLA para el desarrollo del Servicio de las Bibliotecas Públicas, año 2001 (p. 17 para 2.3.3)

De acuerdo con estos principios establecidos, la IFLA afirma que

* No favorece los principios del “derecho de préstamo” que pueden poner en peligro el libre acceso a los servicios de las bibliotecas públicas, que constituye un derecho de la población. La IFLA apoya la libertad de acceso a la información, y continuará oponiéndose a todas las circunstancias que puedan reducir dicha libertad.

* El derecho de préstamo público es fundamental para la cultura y la educación, y debe estar disponible para todos los ciudadanos. En pos del interés público, el préstamo no debe verse restringido ni por la ley ni por los términos contractuales de las licencias. A pesar de que es loable el apoyo social y cultural que representan para los autores la mayoría de los sistemas de DPP actuales, la justificación que generalmente se hace de este derecho (que el uso de obras protegidas por el derecho de autor a través de las bibliotecas públicas perjudica las ventas) carece de fundamento demostrado. De hecho, el préstamo realizado a través de las bibliotecas públicas suele contribuir a la difusión de las obras protegidas por el derecho de autor, a la promoción de las obras de nuevos autores y promueve las ventas.

A diferencia de la Directiva sobre Derechos de Autor de la Unión Europea, no existe ningún otro acuerdo que exija la implementación de un DPP. La decisión de introducir el DPP debería basarse en considerar a nivel local si éste redunda o no en un beneficio neto para la cultura así como en la difusión equitativa de la información y la expresión creativa.

En los países en que se introduzca el DPP, los bibliotecarios podrían aceptarlo, dadas las circunstancias adecuadas, como un medio de reconocimiento cultural y apoyo económico y social para los autores, siempre que los fondos para la financiación y administración del DPP no provengan del presupuesto de las bibliotecas sino del Estado, como fomento a la cultura. La IFLA es partidaria de que la introducción del DPP no conlleve costos de acceso a la información para los usuarios de las bibliotecas públicas.

Recomendaciones respecto a la introducción o modificación de los sistemas de DPP.

1. Principios de Financiamiento

El acceso a las bibliotecas públicas, tanto para la consulta de las obras como para el préstamo, debe seguir siendo gratuito para el usuario. Además, el costo del DPP no debe repercutir de ningún modo en la calidad y variedad de los servicios que proporcionan las bibliotecas públicas. Por lo tanto, para favorecer los objetivos culturales, educativos y de investigación de la nación, la financiación de la introducción y el mantenimiento de los sistemas de DPP y de la remuneración de los titulares de derechos no debe proceder del presupuesto de las bibliotecas, sino que debería proporcionarlo el Estado por separado.

Justificación

Las bibliotecas públicas, en general, son financiadas directa o indirectamente por el Estado, ya sea a nivel nacional o local. El presupuesto con el que cuentan para sus servicios suele ser escaso e incluso exiguo, y por lo tanto no pueden permitirse destinar fondos adicionales para costear el DPP, ni como esquema de remuneración ni de licencias sobre derechos de autor. Si se vieran obligadas a hacerlo, las bibliotecas tendrían que reducir drásticamente la adquisición de libros (hecho que afectaría a editores y autores) y someterse a la reestructuración del personal y de la prestación de numerosos servicios valiosos, en detrimento de la oferta y de los servicios de cara al lector. Además de estas reducciones, es posible que también tuviesen que cobrar a los usuarios el préstamo o incluso el acceso a las instalaciones de la biblioteca.

“Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a los servicios públicos de su país”. (Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 21 (2)).Si este acceso no es gratuito no puede ofrecerse en condiciones de igualdad. Si el Estado se rehúsa a apoyar su cultura nacional y la función del sistema de bibliotecas públicas y demás instituciones educativas, culturales y científicas sin fines de lucro como proveedores de acceso a la información, niega el acceso igualitario al aprendizaje y al conocimiento de todos los ciudadanos, desde los miembros más vulnerables de la sociedad hasta los mismos autores. Todas las personas que componen la sociedad necesitan bibliotecas públicas para obtener la información y el conocimiento necesarios para desarrollar su creatividad intelectual.

2. Países en vías de desarrollo

En interés del público en general, el derecho de préstamo deberá rechazarse en los países que no pueden costear el DPP sin desviar dinero de fondos destinados a servicios públicos básicos. También debería rechazarse en los países con bajo índice de alfabetización o que carecen de hábitos de lectura, ya que el desvío de fondos hacia el DPP podría reducir los fondos disponibles para más libros, infraestructura y tecnología que podrían aumentar los índices de alfabetización. Concretamente, no debe implantarse el derecho de préstamo en los países en los que el Banco Mundial considera que la población no posee ingresos medios o altos.

Justificación

En los países en vías de desarrollo, la primera prioridad es destinar los fondos de programas culturales y educativos a garantizar el acceso a la educación, y a la construcción de un sistema e infraestructura de bibliotecas públicas de calidad. Las bibliotecas deben poder centrar su presupuesto, muchas veces magro, en mejorar los niveles de alfabetización y en las necesidades educativas fundamentales, facilitando a los alumnos el acceso a los recursos de aprendizaje modernos y desarrollando servicios innovadores para proporcionar a las comunidades rurales y más desfavorecidas toda la información que necesitan acerca de la sanidad, la prevención del sida, las técnicas agrícolas y la participación democrática.

Al aumentar los índices de alfabetización y fomentar el hábito de la lectura, las bibliotecas sientan las bases del desarrollo a largo plazo de un mercado para los productos de la información, sobre todo para las industrias de contenido local. A corto plazo, las bibliotecas utilizan su poder adquisitivo para apoyar y promover el surgimiento de estas industrias.

Si se introdujese el DPP en los países en vías de desarrollo, el Estado no sería capaz de destinar fondos para costear su implantación sin que ello supusiera un riesgo para otros servicios básicos, como la asistencia médica primaria, que puede considerarse más necesaria para el interés público. Las bibliotecas públicas, en estos países, tampoco están en condiciones de financiar el DPP sin menoscabar sus servicios fundamentales, que ya de por sí son frágiles. Si se aplicara una tarifa por acceder a las bibliotecas públicas, mucha gente no podría abonarla, lo cual tendría repercusiones muy negativas en los índices de alfabetización y, por consiguiente, en todo el crecimiento económico del país.

También, cabe mencionar que en los países en vías de desarrollo es imperativo que los programas de DPP introducidos solo deberían compensar a los autores nacionales o a quienes residan en el país legalmente; un enfoque coherente con algunos programas de DPP existentes.

3. Marco Legal

Si se introduce un sistema de DPP, debe entenderse como un programa de apoyo cultural o un derecho de remuneración con su propio conjunto de leyes habilitantes, separadas del régimen legal de los derechos de autor.

1. En los países en los que se ha propuesto la implantación del DPP o la modificación de sistemas existentes, los bibliotecarios deben emprender una campaña vigorosa a favor del interés público para que el DPP beneficie a los autores sin perjudicar el acceso a la información del público y sin que para ello se utilice dinero destinado a los presupuestos de las bibliotecas.

2. En caso de que en el futuro la implementación del DPP sea necesaria para cumplir con tratados o convenciones internacionales, debe permitirse que cada país establezca tarifas y normas para su aplicación en proporción con sus recursos económicos y organizativos y que no perjudiquen los objetivos de las bibliotecas públicas. Asimismo, debe eximirse temporalmente a los países de sus obligaciones en función de su viabilidad social y económica. La introducción del DPP y las tarifas de remuneración elegidas deberán tener en cuenta la riqueza relativa del país para reducir al máximo o evitar por completo las repercusiones sobre el acceso a la información.

Justificación

Si no se gestiona adecuadamente la introducción del DPP, los fondos bibliográficos de las bibliotecas se verán perjudicados y desaparecerá el libre acceso que disfrutan hoy en día los ciudadanos a la educación, la cultura, la información y el pensamiento, a través del portal de conocimiento que representan las bibliotecas públicas. Si el país opta por un sistema de DPP equivocado que sirva únicamente a los intereses del Estado, sobre todo en el caso de los países en vías de desarrollado, o en los que predominan en las bibliotecas ejemplares de autores extranjeros, se perderían recursos sumamente valiosos en los pagos a autores foráneos (muy posiblemente de países más ricos y desarrollados) conforme a la legislación nacional que regula los derechos de autor. Esto afectaría la cultura y economía nacionales a largo plazo.

4. Definiciones utilizadas en las leyes

Las definiciones o fórmulas explicativas de los términos utilizados en la legislación son fundamentales, y los bibliotecarios deben ejercer presión para garantizar que las leyes se redacten correctamente.

Justificación

La única definición supranacional de “derecho de préstamo” que existe en la actualidad es la de la Directiva de la UE 92/100/EEC, que establece en los Artículos 1(b) y 1(3) que “se entenderá por préstamo de objetos, su puesta a disposición, para su uso, por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de entidades accesibles al público. Al no existir ningún tratado o convención internacional respecto al derecho de préstamo, muy probablemente esta directiva tendrá una influencia marcada en los países que se planteen su introducción. Esta directiva no tiene vigencia en los países que no forman parte de la UE (excluyendo a los países candidatos), por lo cual éstos no están obligados a cumplirla. El peligro que conlleva la redacción de las leyes es considerable, y es preciso tener en cuenta que en el caso de la Unión Europea, frases como “puesta a disposición para su uso” pueden interpretarse de modo mucho más amplio de lo que se entiende en el leguaje común por “préstamo”. La frase se refiere a la palabra “préstamo” como al uso que actualmente puede darse a los trabajos de referencia en las bibliotecas suecas.

5. Consulta y participación

1. Los bibliotecarios deben ejercer presión para participar desde el principio, según la práctica habitual en los países con sistemas de DPP ya establecidos y por los derechos que poseen, en la elaboración de las leyes y el proceso de implementación y organización del sistema de DPP. Asimismo, deben intentar formar parte, junto con los representantes de titulares de derechos, de los comités asesores nacionales que desarrollan políticas, asistir a los administradores del DPP y negociar con las organizaciones de titulares de derechos o con las sociedades de gestión colectiva..

2. Además, en los países en los que funciona un sistema de licencias de derechos de autor en lugar de un programa cultural, los bibliotecarios deben participar de manera directa en las negociaciones con las sociedades de gestión colectiva para determinar las condiciones y las tarifas de las licencias de préstamo.

3. La legislación deberá elaborarse en estrecha colaboración con todas las partes interesadas, incluso con las organizaciones de bibliotecas.

Justificación

Es importante que la administración del DPP sea gestionada de manera eficiente y que sus gastos no absorban una parte importante de los fondos, para poder destinar el máximo porcentaje posible de los mismos a los posibles beneficiarios, de manera de minimizar, o incluso eliminar la carga administrativa que ello supondrá para las bibliotecas. La mejor manera de asegurar que cooperen todas las partes interesadas y que no surjan problemas en la implementación de estos sistemas es la participación de los bibliotecarios y de los titulares de derechos de autor en la formulación de políticas.

Última actualización: 26 Enero 2016

http://www.ifla.org/ES/node/7166

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Pautas de la FEMP para la aplicación del Real Decreto 624/2014

La Federación Española de Municipios y Provincias ha hecho público un documento sobre cómo afrontar el RD 624/2014 por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN REAL DECRETO 624/2014

Con objeto de facilitar a los municipios titulares de bibliotecas públicas el cumplimiento de la normativa vigente con la debida seguridad jurídica y en las condiciones más favorables posibles, se traslada la siguiente propuesta, en relación con el RD 624/2014.

– En cuanto a las adquisiciones que computan a efectos del cálculo de la remuneración, quedan excluidas tanto las donaciones como los fondos provenientes de premios recibidos por la biblioteca.

– Respecto a la Administración obligada al pago: CEDRO se aviene a reconocer todo acuerdo o convenio administrativo en virtud del cual se designe una Administración distinta de la titular de la(s) biblioteca(s) para que haga efectivo el pago de la remuneración, en aquellos casos en que la Administración que adquiera las obras sea distinta de la(s) titular(es) de la(s) biblioteca(s) en que se presten. Si la Administración que asuma el pago de la remuneración, lo hace por cuenta de un amplio número de bibliotecas, CEDRO aplicará una bonificación por este concepto.

– En cuanto a la determinación de los usuarios con discapacidad, se propone extrapolar el índice de discapacidad arrojado por la Encuesta de Integración Social y Salud del INE (un 16,7%) a la población española usuaria de bibliotecas, de modo que el número de usuarios activos habría de reducirse en un 7,5% por este concepto.

– En cuanto a la determinación del número de obras en dominio público, que no generan, por tanto, derechos de autor, se estará a la declaración de cada biblioteca en relación con las obras que haya adquirido [en el entendido de que los derechos de autor corresponden no sólo al autor original de la obra, sino también a sus adaptadores, prologuistas, comentaristas, etc., en su caso].

– Asimismo, por aplicación de la exención prevista por el artículo 2.2.b) del Real Decreto 624/2014 para las bibliotecas de instituciones docentes integradas en sistema educativo español, las bibliotecas municipales que suplan o hagan las veces de bibliotecas escolares o de otros centros educativos o de formación, incluso de adultos, que carezcan de ellas, podrán acogerse a esta exención si acreditan debidamente tal sustitución. Para acreditar esta circunstancia, bastará aportar certificado del Gobierno Local.

– Respecto a la información que las bibliotecas han de facilitar a CEDRO para el reparto de la remuneración entre los autores, el Real Decreto 624/2014, así como el artículo 154 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual, prevén la obligación de facilitar la información que permita una distribución proporcional de la remuneración entre los autores.

CEDRO se compromete a adaptarse a las posibilidades que las bibliotecas y los sistemas de gestión bibliotecaria permitan y propone elaborar, en su caso, un censo de bibliotecas suficientemente representativo que pueda facilitar la información que emplear para hacer un reparto adecuado de la remuneración.

Finalmente, en relación a la remuneración correspondiente a los ejercicios 2009 a 2013, reiteramos el criterio de nuestros Servicios Jurídicos, recogido en la Circular 8/2015, es decir:

· Respecto de las reclamaciones referidas a los ejercicios 2009 y 2010, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003 General Presupuestaria, por aplicación de la institución jurídica de la prescripción, habrá prescrito cualquier cantidad que pueda corresponderse con la liquidación de los años 2009 y 2010, exactamente, en el caso del año 2010, hasta el día correspondiente del mes de diciembre en que se haya recibido la reclamación de CEDRO. Por ejemplo si la primera reclamación de estas cuotas se ha recibido por escrito de 19 de diciembre de 2014, habrían prescrito esos derechos respecto de las obras adquiridas con anterioridad al 19 de diciembre de 2010.

· Respecto de las reclamaciones que se han formulado referidas a los ejercicios 2011 a 2013, incluidos asimismo los días del mes de diciembre del año 2010 cuya reclamación no ha prescrito, los Ayuntamientos no podrán atender al pago de las mismas, ya que incumplirían las disposiciones de la Ley 47/2003 General Presupuestaria.

Reproducimos a continuación los tres sistemas de cálculo de la remuneración, aplicable a tenor del Real Decreto:

1. Hasta la aprobación del Real Decreto 624/2014, rige el sistema configurado por la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas: 0,20 € por cada ejemplar adquirido con destino a préstamo.

2. Durante 2015, conforme establece el Real Decreto 624/2014, la remuneración debida se obtendrá conforme a ese mismo criterio hasta el 1 de agosto. Desde el día 2 de agosto de 2014, se calculará multiplicando por 0,16 € el número de obras adquiridas anualmente con destino a préstamo, sumando este producto al número de usuarios activos de la biblioteca, multiplicado por 0,05 €.

3. A partir del día 1 de enero de 2016, la remuneración se calculará multiplicando por 0,004 € el número de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposición en préstamo, más el resultado de multiplicar por 0,05 € el número de usuarios que hayan hecho uso del servicio de préstamo durante el año, tal como establece el art. 7.1 del RD.

Ángel Fernández Díaz

Secretario General FEMP

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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se opone el canon por préstamo en bibliotecas públicas

Probit y Abigranca, asociaciones de profesionales de las bibliotecas canarias, promotoras de la iniciativa

Santa Cruz de Tenerife – Las Palmas de Gran Canaria, 6 de marzo de 2015. El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, celebrado el pasado viernes 27 de febrero, aprobó una Moción Institucional mostrando el rechazo al canon por préstamo en bibliotecas públicas, tal y como establece el Real Decreto 624/2014 de 18 de julio.

Esta normativa desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público, es decir, las bibliotecas públicas. El canon establece dos tipos de remuneración: 0,004 € por el número de obras objeto de préstamo con derechos de autor y 0,05 € por cada usuario inscrito que haya hecho uso efectivo del servicio de préstamo durante el año correspondiente.

Las administraciones de las que dependen las bibliotecas, corporaciones locales en la mayor parte de los casos, tendrán que hacer frente a esta retribución que saldrá de los exiguos presupuestos destinados a estos centros. La consecuencia directa es que cada vez habrá menos recursos para el sostenimiento de las bibliotecas: menos dinero para el mantenimiento, la mejora o la creación de nuevos espacios, para la adquisición de novedades bibliográficas, para el desarrollo de planes de fomento de la lectura, para la realización de actividades culturales, etc.

En este sentido, el Consistorio santacrucero ha apoyado por unanimidad la moción presentada por los Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife (Probit) y la Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (Abigranca), manifestando así su rechazo y disconformidad con una medida que pone en riesgo el libre acceso de la ciudadanía a la lectura y a la información. Además, dicho Pleno, solicita al Estado que declare a las bibliotecas públicas “exentas del pago por préstamo sobre el derecho de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual”.

Incluso la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha solicitado que sea la Administración del Estado quien asuma este canon.

Varias han sido las voces que se han opuesto al canon, entre ellas las de diferentes Ayuntamientos y Cabildos isleños que han aprobado sendas mociones contra esta normativa, lo que ha supuesto que Canarias esté a la cabeza en oposición al préstamo de pago en bibliotecas públicas.

Para más información:

Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife: plataformaprobit@gmail.com

Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria: abigranca@gmail.com

http://webprobit.wordpress.com/2015/03/09/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-se-opone-el-canon-por-prestamo-en-bibliotecas-publicas/?preview_id=4405

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Comunicado de la Comisión Técnica de Cooperación del Consejo de Cooperación Bibliotecaria

Buenos días,

El pasado 12 de febrero se celebró en Pamplona el Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB). Este órgano, de carácter colegiado y composición interadministrativa canaliza, de forma genérica, la cooperación bibliotecaria entre las administraciones públicas. Fue creado por la Ley 10, 2007, de 22 de junio de la lectura, del libro y de las bibliotecas y desarrollado legalmente a través del RD 1573/2007 de 30 de noviembre, por el que se aprueba su Reglamento.

El CCB funciona en Pleno y a través de Comisiones y entre ellas existe la Comisión Técnica de Cooperación (CTC) de Bibliotecas Públicas de la que forman parte representantes de todas las CC.AA. y de la FEMP, además del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Desde hace tiempo, uno de los asuntos que ocupa y preocupa a la CTC de Bibliotecas públicas es la aplicación del derecho de remuneración a los autores por el préstamo de sus obras, realizados en determinados establecimientos accesibles al público. El conocido como canon bibliotecario. En este sentido y con motivo de la celebración del Pleno del CCB, desde la CTC de Bibliotecas públicas se elevó a dicho órgano el Posicionamiento de la Comisión frente a este asunto y que dado el consenso adquirido por la práctica totalidad de Comunidades Autónomas, consideramos de interés para el conjunto de la profesión y de las bibliotecas públicas afectadas, y por ello transcribimos a continuación su contenido íntegro:

La Unión Europea ha promulgado desde 1992 diversas Directivas encaminadas a la protección de los derechos de autor en los países miembros. Dichas Directivas han sido transpuestas en cada Estado a su realidad nacional, tanto en lo referente a sus infraestructuras culturales y sociales como a la de sus lenguas y la protección de sus autores.

Determinados países han buscado con sus transposiciones nacionales proteger a los autores que producen en lenguas nacionales y a sus industrias editoriales; otros han decidido retribuir de forma universal a todos los autores. Por otro lado, el conjunto de países de nuestro entono han asumido el pago de esta retribución por parte de las Administraciones públicas, a distintos niveles. Del mismo modo, varían mucho entre los distintos países las fórmulas de cálculo de dichas cuantías así como su cantidad económica.

El espíritu de las distintas Directivas europeas se ha encaminado, por tanto, a la protección de los derechos de los autores y cada Estado miembro ha arbitrado la fórmula de llevarlo a cabo.

En España, el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por el préstamo de sus obras, realizados en determinados establecimientos accesibles al público, y que desarrolla la Ley 10/2007 de 22 de junio, establece que en España el cálculo para retribuir el derecho de autor se calculará a través del uso de las bibliotecas (esencialmente de las bibliotecas públicas) y que deberá ser asumido por las Administraciones públicas titulares de las mismas.

Además, en estos momentos, las bibliotecas públicas en España pasan en por una situación crítica. Más del 95% de ellas son de titularidad municipal, y son los municipios los que están sufriendo especialmente las consecuencias de la actual coyuntura económica. Por este motivo, esta nueva tasa supone un nuevo elemento que grava la prestación de este servicio público claramente infradotado. El pago de esta retribución saldrá esencialmente de los presupuestos de estos centros que verán, de este modo, mermados, aún más, sus recursos y que actualmente están muy por debajo de cualquier normativa o recomendación de los organismos internacionales.

Las CC.AA. reunidas en sesión el día 11 de febrero de 2015 en el seno de la CTC de Bibliotecas Públicas, conjuntamente con la FEMP, son conscientes del derecho del autor a ser retribuido, y de la necesidad de aplicar las directivas europeas vigentes. Las Bibliotecas somos aliadas de los autores y de su obra, conservamos y difundimos sus creaciones, trabajamos en la mejora de la educación y la cultura de nuestros ciudadanos. Por este motivo, no podemos compartir que la necesidad de cumplir con la obligación de retribución vinculada con las competencias de propiedad intelectual, deban ser asumidas por administraciones cuyas competencias son, exclusivamente, la de ofrecer servicios públicos directos a los ciudadanos. Los municipios, en este sentido, no son competentes en materia de propiedad intelectual.

Una vez puesto de manifiesto la consideración de que las bibliotecas y las administraciones titulares de las mismas no son competentes en materia de propiedad intelectual y que por lo tanto no deben asumir la protección a los autores que exige la Unión Europea, entendemos que la gestión del Real Decreto conlleva una tramitación administrativa y económica difícilmente aplicable.

Por último, nos consta la incomodidad de las propias entidades de gestión de los derechos de autor ante el contenido del Real Decreto que regula el sistema, al igual que las administraciones responsables de su aplicación. Tanto en lo referente a las fórmulas de cálculo como en las cuantías a percibir. Y en esta línea se están realizando recursos en instancias superiores de los Tribunales de Justicia.

Ante esta situación que no satisface a ninguna de las partes, esto es, Entidades de Gestión y Administraciones titulares de las bibliotecas públicas, las CC.AA. reunidas en sesión del 11 de febrero de 2015 : Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia, más los representantes de la FEMP, consideramos necesario:

1. La modificación del actual Real Decreto por un sistema más simple de interpretar y de aplicar.

2. La asunción por parte del Estado del pago completo de esta retribución para todos los centros públicos afectados, tal y como ya se hizo en el año 2008. De esa manera, España se equipararía a lo establecido por la gran mayoría de países europeos de nuestro entorno y podría así generar un sistema de liquidación más simple y directo, y que estamos seguros sería del agrado, también, de las entidades de gestión.

Es importante, en cualquier caso, poner de manifiesto que las cuantías de la que hablamos se estiman en este momento en torno a los 550.000 euros al año. Cantidades que entendemos perfectamente asumibles por parte del Estado.

Finalmente, queremos reiterar que las Administraciones titulares de las bibliotecas no son responsables de las competencias sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, y que las bibliotecas públicas, sus recursos, están siendo víctimas de un problema mal resuelto.

Óscar Arroyo Ortega
Secretario de la CTC de Bibliotecas Públicas

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¡Biblos, ayúdanos!

Recuperamos esta foto del perfil de Facebook de Biblos, Superhéroe de Biblioteca, donde l@s lectores y trabajador@s de la Biblioteca Provincial de Huelva le piden de rodillas que luche contra el peor enemigo de las bibliotecas: ¡la tijera presupuestaria!

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Privatización de la Biblioteca de Caja Madrid en Fuencarral

Reproducimos la noticia y petición de ayuda que nos llega de la Coordinadora por lo Público de Fuencarral-El Pardo (Madrid):

La Biblioteca de Caja Madrid, situada en la calle de Ponferrada 14, en el Barrio del Pilar, que contaba con 222 puestos de lectura, ha sido durante muchos años un lugar imprescindible de estudio y consulta para los vecinos y vecinas, muy utilizado por muchas personas de distintas edades. En el 2011, se reformó, mejorando sus equipamentos.

Una vez reformada, la Biblioteca cerró sus puertas y el inmueble fue cedido gratuitamente en 2012 a la fundación familiar “Carmen Pardo Valcarce”, creada por Carmen Cafranga, Consejera de Caja Madrid, conocida últimamente como usuaria de las “tarjetas Black”, con la que gastó 173.000 € en toda clase de lujos.

Se da la circunstancia de que Carmen Cafranga no sólo formaba parte de Consejo de Administración de la Caja que aprobó ese “Plan de cesión de Espacios”, sino que también era miembro del Consejo de Administración de GECESA, sociedad propiedad 100% de Caja Madrid, que gestionaba los centros de la Obra Social y participó activamente en el diseño del plan para su desmantelamiento y adjudicación.

En estos momentos y dentro del emporio de inmuebles, negocios y locales que tiene esa fundación, la Biblioteca, además de haber perdido todos sus libros, está siendo utilizada como Oficina de Empleo de discapacitados, un ejemplo más de la privatización de servicios públicos y que, en cualquier caso, dada también la importancia de este tipo de atención social, podría instalarse en
cualquier otro de los múltiples inmuebles que posee esa fundación, de forma que el barrio recupere una Biblioteca que realizaba un servicio fundamental.

Hay que señalar que en todo el distrito de Fuencarral, con más de 230.000 habitantes, solo tenemos dos Bibliotecas. La Biblioteca municipal José Saramago y la Biblioteca de la Comunidad de Madrid Rafael Alberti, que en total suman una superficie de 3.792 m2, cuando los estándares de bibliotecas, según
la Federación Española de Municipios, debería ser de 3.510 m2 por cada 50.000 habitantes.

Desde la Coordinadora por lo Público de Fuencarral-el Pardo exigimos:

1. La inmediata devolución del inmueble al barrio, para que cumpla con su anterior función.

2. Que sea gestionada por el Ayuntamiento y que en su gestión participen los colectivos sociales del Distrito.

3. Conocer el destino de los libros existentes en la Biblioteca.
Cartel lacaja

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La Marea Amarilla se cuela en la tele

ahora caigo

Un bibliotecario comprometido se coló el pasado 3 de Diciembre en el popular programa de Antena 3 “Ahora caigo” y lidió con presteza ante las bromas amistosas del presentador, Arturo Valls, sobre nuestra profesión. Más adelante, abrió su camisa y, cual Superman, descubrió su logo: “Jo amo les biblioteques públiques”.

Podéis verlo a partir del minuto 12:30.

http://www.atresplayer.com/television/programas/ahora-caigo/temporada-1/capitulo-779-03-12-14_2014120300214.html

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Carta en defensa de la Biblioteca Pública

Desde Barcelona nos llega esta Carta en defensa de la Biblioteca Pública. Gracias, colegas.

Estimado ciudadano:

España ha retrocedido mucho desde la crisis, como si una gran ola, que se apellida política, hubiera engullido nuestras orillas. No digo nada extraño pues en cualquier bar -dicho de con modos más eficaces- se puede oír la consigna: “nuestros hijos vivirán peor que nuestros padres” y eso se debe, cosa inédita, a la acción económica y no a la enfermedad, a la guerra o al hambre. Se trata de una catástrofe causada por el hombre y que será el hombre con su intervención civil quien la detenga o la acreciente.

Debiera consolarnos saber que en nuestras manos queda esa responsabilidad y no en la de los políticos, sujetos responsables del bien público, pero actores sigilosos en momentos cruciales. Todas las conquistas sociales se han ratificado a través de las constituciones y de las leyes, pero han nacido -llama auroral- en la lucha colectiva, en la reacción pública de las gentes, en huelgas, en manifestaciones, en escraches…

El mundo, hasta hoy, llegado el ocaso de esta ilusión de modernidad, había salido de su encierro prerracional, había despertado del mito y se había internado en el logos, gracias a las ideas, al discurso, a la investigación para dejar atrás los rituales, las fórmulas, los dogmas de fe. Si no queremos replegarnos al embuste de los dioses y cerrar la fuente de la razón, es prioritario restaurar y mantener nuestras bibliotecas públicas.

Desde 2012 se ha congelado la adquisición de nuevos fondos y las oposiciones. Se han cerrado de forma permanente muchas bibliotecas y se ha reducido el horario de otras. Se cercenó el Plan del Fomento a la Lectura. Se firmó un recorte del 60%. Llegan rumores del préstamo por pago y de la creciente externalización (traducción del eufemismo: privatización) del personal. No resulta baladí y es muy simbólica la absorción del Ministerio de Cultura en el de Educación. Han sido sustituidas o relegadas las bibliotecas rurales por el bibliobús. La elección de subvenciones para editoriales no queda en manos de las bibliotecas, en la elección del interés común, sino en función de galardones y obras completas. Los presupuestos son opacos para el que ignora el lenguaje económico y administrativo, pero más allá de porcentajes queda en pie una certeza: nuestras bibliotecas están siendo desmanteladas.

Ya desde pequeño sentí una devoción, rara vez compartida, al pisar estos centros de sabiduría, nuestros paraísos terrenales. El silencio y la luz tenue contrastaban con mi impaciencia, con mi nerviosismo, con un entusiasmo genuino por acariciar algún nuevo ejemplar, ya fuera un tomo de mitología o un tebeo. Por aquel entonces todo resultaba más burocrático: existían fichas almacenadas en enormes archivos, el préstamo suponía un ritual que hoy se ha desvanecido en favor de una mayor sensación de comodidad, una impresión de estar en casa.

Esa percepción de que la biblioteca es de todos ha ido aumentando con el tiempo. El propio Salinas confesaba en El Defensor cómo admiraba las bibliotecas americanas, cuando las españolas aún impedían ya antes de la dictadura muchas novelas –con contadas excepciones: Cervantes, Pereda, algunas de Galdós-, sólo admitían 6 horas de lectura y tenían ese aire de seriedad y frialdad que asustaba al recién llegado. Escribía estas preclaras frases: “las bibliotecas son en cierto modo intemporales, escapan a los dictados de la mera actualidad, trabajan sobre todo el pasado y en vida de todo el futuro”. Francisco Ayala compartía la misma preocupación y reconocía la misión humanitaria de estos centros, capital para la democracia, aorta y pulmón del progreso social.

Las bibliotecas no son ya mausoleos o cementerios de sabios sino cenáculos luminosos, escenarios acogedores para ejercitar la mente y la imaginación, donde circulan los libros sin paredones ni gruesas alfombras. Son un recinto democrático, tierra comunal con hormigas de letras como pan nuestro de cada día, que integra –permitidme una imagen tópica, aunque ilustrativa- al paquistaní que quiere comunicarse con su lejana familia a través de la red, a la anciana que busca una revista de costura, a los niños que escuchan asombrados al cuentacuentos, al joven que descubre un Don Giovanni de Mozart inasequible para sus bolsillos, a la universitaria que encuentra el espacio para concentrarse en su doctorado, al aficionado al cómic que sus padres no pueden comprarle…

En una sociedad laica, las iglesias son relevadas por nuestras bibliotecas y en lugar de una nacional, suntuosa y visitada por el turista, hay una humilde en cada barrio, municipio o pueblo, diseminadas como cerillas, donde acude la humanidad a mejorarse y divertirse.

Todo eso puede perderse. Hace algún tiempo que suena una alarma, un aullido de emergencia que vibra en los tímpanos, tan intenso y duradero que algunos ya no logran percibirlo. La causa no es un peligro nuclear o una contaminación química. El peligro es de otra naturaleza: los pacientes se están quedando sin hospitales, los hambrientos sin comedores, los desahuciados sin casas, los analfabetos sin escuelas. Y nuestra democracia sin bibliotecas públicas. La consigna en estos casos de amenaza solía ser: escóndanse, esperen a que pase el peligro, no sean demagogos ni temerarios… Si queremos sobrevivir, si oyen esa alarma, si aún no se han escondido bajo la viga maestra a esperar, salgan a la calle a proteger su parte de la orilla.

Y recuerden las palabras de Neil Gaiman: “Google puede devolverte 100.000 respuestas, un bibliotecario puede devolverte la correcta”. Visiten las bibliotecas y escuchen a Casandra, a través de estos enlaces, que nos advierten que Troya podría arder:

http://noalprestamodepago.org/

http://defensabibliotecaria.blogspot.com.es/

http://coabdm.wordpress.com/2012/01/23/ponte-la-amarilla-en-defensa-de-la-biblioteca-publica/

Firmado, un lector.

Posdata: Según el último informe PISA sobre educación, Finlandia es el país número uno en Europa y el éxito se debe, entre otras cosas, a que encajan tres estructuras: la familia, la escuela y los recursos socio-culturales. De estas familias el 80% va a las bibliotecas los fines de semana (María Teresa Sans García)

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El archipiélago canario, a la cabeza de la oposición municipal al canon

Tras las mociones de los Ayuntamientos de El Rosario (Santa Cruz de Tenerife) y Arucas (Gran Canaria) el pasado mes de Octubre, Noviembre se estrena con los acuerdos de impugnación del Ayuntamiento de Agüimes (Gran Canaria) y del Cabildo de Fuerteventura. Agradecemos el gran impulso que están dando a nuestra lucha desde esta Comunidad Autónoma.

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La Marea Amarilla marcó tendencia en el Congreso de Bibliotecas de Badajoz

Estas son algunas de las fotos de la participación de la Marea Amarilla en el Congreso de Bibliotecas Públicas de Badajoz. Lo único que no se puede reproducir en las mismas es la banda sonora de aplausos que los compañeros dedicaron a ese grupo.

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