No al préstamo de pago en bibliotecas

Este Miércoles 5 de Junio, compañeros de la Marea Amarilla y de la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas sorprendieron a Antonio Basanta. Éste es el Director de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez que va a cerrar su biblioteca infantil y juvenil en Salamanca.

Cuando Basanta iba a comenzar una conferencia, en un acto encuadrado en la Feria del Libro de Madrid, fue interrumpido por unos bibliotecarios con su camiseta amarilla que le recordaron su orden de cerrar la biblioteca de Salamanca. Tras un breve momento, y el aplauso de parte del público a los activistas, la conferencia pudo tener lugar. Al final de la misma Basanta pudo explicar a la audiencia su versión del problema. Explicación que continuó luego en privado a nuestros compañeros. Le pidieron permiso para grabar sus palabras y Basanta lo concedió. Así que en breve las reproduciremos para que así el Director General pueda dar a conocer directamente su versión de lo que sucede, sin que ningún medio de comunicación lo pueda tergiversar y así llegue sin interferencias a todos.

Esta excelente noticia significa un paso de gigante en la defensa del servicio de préstamo bibliotecario gratuito y en el rechazo de la consideración del mismo como un ataque a los derecho de autor. La Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas aplaude esta valiente iniciativa y confía en que encuentre eco en más consistorios y acabe formando un frente común ante la injusticia de la Directiva Europea que obliga a pagar por leer.

Reproducimos la noticia de “Diario del Henares”:

“El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el grupo municipal socialista en la que se rechaza el préstamo de pago en bibliotecas públicas. Todos los grupos han mostrado su rechazo a la aprobación por parte del Gobierno central del decreto auspiciado por una directiva de la Unión Europea que determina el pago de un canon por los préstamos en las bibliotecas públicas. “Que se tenga que pagar por prestar un libro en una biblioteca pública es inmoral”, ha dicho el alcalde, que ha denunciado que este decreto “es un error” que no beneficiará ni a la industria editorial, ni a los autores, ni a la cultura.

Los grupos municipales han mostrado al tiempo su rechazo a la piratería, que afecta de manera negativa a la venta de libros digitales.”

Una única puntualización a la moción: el canon por préstamo bibliotecario ya fue aprobado en España en la Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas

CONCENTRACIÓN DE INDEX MURCIA POR UNA BIBLIOTECA PÚBLICA Y CONTRA EL PRÉSTAMO DE PAGO

Anunciamos el cese definitivo de la convivencia entre autores y bibliotecas. Las entidades de gestión de los derechos de autor y los gobiernos europeo y español, que un día promovieron el matrimonio forzoso de la pareja, rematarán a una de las partes si no hacemos nada. Y me refiero a las bibliotecas, por supuesto.

El borrador del reglamento por el que se regula la remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público, nacido al amparo de las leyes de la Lectura y de la Propiedad Intelectual nos aboca, una vez más, a una cultura desamparada, desprotegida y despreocupada del ciudadano.

Ambas leyes, en tanto no se aprobara este Real Decreto, establecían un canon de 0,20€ por obra adquirida para préstamo en bibliotecas españolas en concepto de remuneración a autores de obras protegidas por el derecho de propiedad intelectual, salvo en las de municipios de menos de 5000 habitantes y escolares. La nueva cuota, incrementa peligrosamente esta cuantía, creando un canon variable de 0,16€ por obra adquirida para préstamo más 0,05€ por número de usuarios de la biblioteca, que hayan hecho uso efectivo del servicio de préstamo en el año.

Es aquí precisamente donde está el quid de la cuestión. Y es que, en los últimos años las entidades de gestión de derechos de autor habían perdido capacidad recaudatoria con la caída presupuestaria de bibliotecas, pues esto derivaba en el envejecimiento de sus colecciones (esto es, no se compraban libros). Ahora los 0,05€ adicionales, fijados en función del número de usuarios, serán su nueva fuente de ingresos. Porque aunque la tasa de renovación de libros empeora, aumenta el número de usuarios, debido en gran parte al empobrecimiento general de la población española (aún mayor en nuestro Región).

De esta forma serán nuestras bibliotecas, con sus pingües presupuestos, quienes pasen una pensión exagerada y desproporcionada a los autores, que, supuestamente, pierden dinero con la compra de libros por estas instituciones.

Gobierno y entidades de gestión olvidan, una vez más, la labor social y cultural (no económica) de las bibliotecas. Su función es facilitar el acceso a la información y promover la educación y cultura y no otra, todos los días de la semana, también domingos, como antes hacía nuestra Biblioteca Regional.

Y por eso, el 23 de abril, en el Día Internacional del Libro, la Asociación de Profesionales de la Información y la Documentación de la Región de Murcia, nos concentraremos en la escalinata de la Biblioteca Regional de Murcia a las 19h, por una biblioteca pública y contra el préstamo de pago.

- FECHA: 23 de abril, Día Internacional del Libro y Derechos de Autor.

- KIT MAREA AMARILLA: Acude con tu camiseta de marea amarilla (o de amarillo simplemente), carteles a favor de la reapertura de la biblioteca regional y del mantenimiento de los servicios públicos o contra el préstamo de pago, etc.

Mientras los bibliotecarios estamos distraídos, sufriendo las heridas de la crisis, las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, que buscan únicamente su propio beneficio a costa de lo público, no descansan.

El Ministerio de Cultura ha hecho un nuevo borrador de decreto para “regular la remuneración a los autores” por los préstamos de obras. Lo ha puesto a información pública y ha dado un plazo para la presentación de alegaciones, que podrán presentarse en la Subdirección General de Coordinación hasta el 16 de marzo.

El nuevo borrador empeora la situación que teníamos hasta ahora, por dos razones fundamentalmente:

Primera: Porque admite que sea la administración central o la autonómica las que paguen a las entidades de gestión el canon de todas las bibliotecas (no sólo de aquellas de las que sean titulares) y que luego, en las transferencias periódicas que el Estado o las CCAA hacen a los ayuntamientos, se detraiga ese dinero. Eso significa que la administración central y la autonómica (el sector público) hacen de recaudador y de único cajero pagador para las entidades de gestión de derechos. Así las entidades, que son asociaciones privadas, no tendrán que molestarse en recaudar ayuntamiento por ayuntamiento: recibirán de una vez todo el dinero sin moverse de su domicilio. Y eso significa también que los ayuntamientos pagarán a las entidades de gestión de derechos sí o sí. No queda margen para la objeción de conciencia.

Segunda: Porque añade un nuevo parámetro para calcular lo que cada biblioteca tiene que pagar a las entidades de gestión. Hasta ahora estaba estipulado que las bibliotecas pagaran 0,20 € al año por cada libro que compraran para el servicio de préstamo. El borrador rebaja esos céntimos a 0,16 por cada libro que se compra, pero mete un nuevo concepto para calcular el canon: los usuarios que usan el préstamo. Así, si el decreto sigue adelante, habrá que pagar 0,05 céntimos por cada usuario que haga uso del préstamo cada vez: si yo saco 100 libros al año cuento como 100. Lo cual significa que, cuantos más préstamos haga una biblioteca, cuanto mejor trabaje, más tiene que pagar a las entidades de gestión.

¡Qué listos son los señores de la propiedad intelectual! Ahora que las bibliotecas no pueden comprar libros, porque las administraciones dicen que “no hay dinero”, quieren cobrar por los préstamos de los que compraron cuando sí lo había. Vaya paradoja: las administraciones no pueden dedicar fondos a renovar las colecciones públicas pero sí a llenar las arcas de las sociedades de gestión privadas. Y, además, es el sector público el que hace todo el trabajo: la recaudación y la promoción de los préstamos.