Consideraciones de la Dirección General de Bibliotecas de Castilla-La Mancha sobre el canon por préstamo público

Reproducimos a continución el texto elaborada por la Dirección general de bibliotecas de la Comunidad de Castilla-La Mancha alternativo a la propuesta presentada en la reunión de la Comisión técnica del día 19 de enero en la sede del Ministerio de Cultura sobre la transposición de la Directiva europea 92/100.

Primera consideración

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no puede aceptar la propuesta presentada en la reunión de la Comisión técnica sectorial de asuntos culturales puesto que ello supone aceptar la imposición de un canon a la lectura pública.

Sin embargo responde a la petición de redactar un texto alternativo diciendo que, en el peor de los casos, y suponiendo que transitoriamente haya que transponer la directiva europea para evitar una multa, dicha transposición tiene que recoger necesariamente los siguientes puntos:

Artículo 37.2 El derecho de remuneración se hará efectivo a través de una oficina pública dependiente del Ministerio de Cultura español.

El Estado español asumirá las obligaciones de remuneración que afecten a las bibliotecas españolas.

En cuanto a las excepciones se proponen lo siguiente:

Quedan eximidos de la obligación de remuneración los establecimientos cuya titularidad sean las Corporaciones locales, así como las bibliotecas de las instituciones docentes de titularidad pública integradas en el sistema educativo español.

Segunda consideración

Aun partiendo de la “obligatoriedad” de transponer la directiva, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha piensa que se puede ir más lejos porque no se puede disociar la aplicación de una directiva concreta del nivel de desarrollo del ámbito que regula, en este caso el bibliotecario.

Es evidente que España tiene una “excepcionalidad cultural” con respecto a Europa en el campo bibliotecario, debido a las características históricas que trajo como consecuencia la dictadura franquista. Los indicadores bibliotecarios españoles distan mucho todavía de alcanzar la media europea y las recomendaciones de los organismos internacionales.

Por ello la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha defiende la posibilidad real de introducir en la exposición de motivos de la Ley un párrafo que describa esa situación y justifique la introducción en el cuerpo de la Ley de un artículo que diga que la transposición se hará concreta cuando se alcance una media nacional de tres libros por habitante en los establecimientos de lectura pública.

Europa entiende bien el término “excepcionalidad cultural” y puede comprender la postura que defendemos y que es compartida por otros países de nuestro ámbito geográfico.

Además, nuestro país tiene un argumento sólido ante Europa para defender que ya se está cumpliendo la directiva. Todas las administraciones tienen abiertas líneas de ayudas a la creación y divulgación de las obras literarias (premios, ferias, subvenciones, campañas…) que suponen un reconocimiento al derecho de autor.

Tercera consideración

La Dirección General del Comercio Interior europea se equivoca al pensar que el préstamo bibliotecario perjudica los derechos de los autores, antes bien anima a conocer su obra, valorarla y adquirirla.

Por otra parte, cuando un establecimiento público compra una obra ya paga derechos de autor. Aplicar un canon al préstamo es una doble imposición y reduce los presupuestos de adquisición, lo cual perjudica a los autores y a la industria editorial.

Hay una contestación creciente ante la directiva 92/100 en todos los países europeos. Los del sur se oponen por los mismos motivos que España. Los del norte porque hasta ahora sólo han distribuido el canon entre sus autores nacionales, al haberla introducido en su legislación para proteger la lengua autóctona. Los del este están en un momento de impasse por su reciente incorporación, pero es seguro que el canon les lesiona más que a ningún otro.

La filosofía de la Directiva 92/100 introduce una lógica mercantilista en el mundo cultural y contradice el espíritu de las declaraciones de los organismos culturales internacionales. El artículo 8 de la Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural (2005) dice que debe prestarse una atención particular a los bienes y servicios culturales y que, en la medida en que son portadores de identidad, de valores y sentido, “no deben ser considerados como mercancías o bienes de consumo como los demás”.

La Directiva 92/100 es rechazada de una forma generalizada. Por ello la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha propone que el Estado español lidere un proceso de oposición a ella, coordinando a todos los países europeos, con la finalidad de que desaparezca del marco jurídico europeo. Esta es una buena forma de construir la Europa que deseamos, en la que los valores culturales predominen sobre los económicos.