No al préstamo de pago en bibliotecas: Un paso más

(Editorial del boletín Anaquel, nº 33, febrero/abril 2006)

San Agustín cuenta la historia de un pirata capturado por Alejandro Magno, quien le preguntó: “¿Cómo osas molestar al mar?” “¿Cómo osas tú molestar al mundo entero?” -replicó el pirata-. Yo tengo un pequeño barco, por eso me llaman ladrón. Tú tienes toda una flota, por eso te llaman emperador”.

Noam Chomsky, Piratas y Emperadores.

En 2003, la revista Educación y Biblioteca elaboró un dossier bajo el título ”Biblioteca, territorio libre de tasas”. Comenzaba afirmando que la propiedad intelectual es agotadora. Como un mantra, desde hace unos años escuchamos por doquier la misma acusación disparada a diestro y siniestro: ¡piratería! Humpty Dumpty, el personaje de Alicia a través del espejo, nos recordaba que son los poderosos quienes fijan el significado de las palabras. No tratamos aquí de descalificar a nadie, pero sí de cuestionar el interesado y paulatinamente expansivo concepto de piratería, que casi ha terminado llamando a la puerta de la biblioteca pública exigiendo ahora “que pase por caja” por realizar la función para la que ha sido concebida.

El pasado 6 de abril, las Cortes de Castilla-La Mancha dieron un paso importante en defensa de los bienes públicos aprobando una propuesta que insta al Gobierno de España a dirigirse a la Unión Europea pidiendo la exención del pago del canon por préstamo de libros en las bibliotecas públicas (directiva 92/100/CE) hasta que nuestro país alcance la media de los indicadores europeos en cuanto a infraestructuras bibliotecarias e índices de lectura. Si esto no fuera posible, la resolución aprobada propone una moratoria de 25 años.

Después de la intervención de los partidos políticos, intervino la Consejera de Cultura, Blanca Calvo, para agradecer el apoyo de las Cortes a esta propuesta. Seguramente no es necesario recordar el papel que Blanca Calvo ha tenido en esta larga lucha contra el canon por el préstamo bibliotecario, que lleva la lógica mercantil a la biblioteca. Algo muy especial tuvo que sentir interviniendo en las Cortes en su papel de miembro del Gobierno Regional.

La resolución se inscribe en un contexto de contestación de algunas administraciones públicas (ayuntamientos, comunidades autónomas) a la mercantilización de los servicios públicos, servicios que demanda cualquier país desarrollado socialmente. Esta lógica mercantil proviene, sobre todo, del entramado jurídico que va construyendo la Organización Mundial del Comercio, especialmente a través del Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). El proceso impulsado conduce a la privatización de los servicios públicos y, en definitiva, a seguir avanzando en todo un proyecto social de gran envergadura: toda actividad humana debe ser mercantilizada, declarando obsoletos conceptos como bien público o bien común.

El debate en torno al préstamo de pago en bibliotecas es suficientemente conocido para reproducirlo aquí. De manera que, desde el mundo bibliotecario, sólo cabe felicitarse por el hecho de que algunas autoridades públicas sigan defendiendo un bien tan valioso para la Humanidad como es la biblioteca pública, defensa que es posible mantener desde el propio texto de la directiva, que en su artículo 5 reconoce tanto la posibilidad de exención para determinadas categorías de establecimientos, como la posibilidad de fijar la remuneración “teniendo en cuenta sus objetivos de promoción cultural”.

En un país con modestos índices de lectura y gasto en bibliotecas (y gasto social en general: el catedrático de Políticas Públicas Vicenç Navarro nos recuerda en sus artículos que España, junto con Portugal, es el país con más bajo gasto público por habitante en la Europa de los quince), hay que recordar la postura de la IFLA en este asunto, que reconoce que el pago de derechos de autor por préstamo puede amenazar los servicios de las bibliotecas públicas y mantiene que el préstamo de las bibliotecas no debería verse restringido por la legislación.

La región de Castilla-La Mancha continúa, con esta propuesta parlamentaria, su política de defensa de la biblioteca pública, defensa que en absoluto cuestiona los derechos de los autores, sino que pretende que este concepto económico no se detraiga de los presupuestos bibliotecarios y repercuta, así, negativamente en los servicios que ofrece la biblioteca.