Profesores de enseñanza primaria y secundaria contra el canon

LAS BIBLIOTECAS NO DEBEN PAGAR POR EL PRÉSTAMO DE OBRAS

Como profesores de enseñanza primaria y secundaria, y, por tanto, usuarios de bibliotecas, ante la exigencia de la Comisión Europea de aplicar de forma indiscriminada la normativa comunitaria sobre pago por préstamo de obras, sin realizar las históricas excepciones representadas por bibliotecas, archivos y otros centros de información e investigación, manifestamos nuestro rechazo a que las bibliotecas, archivos y centros públicos de información deban pagar por el préstamo de obras.

Esta medida supondría la consideración de las bibliotecas y los centros públicos de información como entidades comerciales y no como instituciones culturales, necesarias para el desarrollo de los ciudadanos y el ejercicio del derecho a la educación, la información y la lectura que la Constitución Española reconoce.

Creemos que el pago por el préstamo de obras en centros públicos de información implicaría un retroceso en las colecciones de las bibliotecas y otros centros.

En 1998 las bibliotecas públicas españolas gastaban una media de 3,64 euros por habitante, mientras que la media de Unión Europea era de 13,35 euros. La aplicación del canon por préstamo de obras vendría a empeorar la situación actual, ya de por sí preocupante.

Las bibliotecas, como agentes implicadas en la formación, la información y el entretenimiento de los ciudadanos, suponen un inmejorable medio para la promoción de la creación y la difusión de la cultura y el pensamiento, papel que siempre han desempeñado de forma desinteresada. Cualquier carga por el préstamo de sus obras supondría un retroceso en sus servicios y colecciones.

De igual forma, apoyamos las declaraciones de los colectivos y profesionales que ha manifestado su protesta contra la aplicación de la medida del pago por préstamos en bibliotecas, al tiempo que felicitamos a los autores que renuncian a este posible cobro, conscientes de la labor cultural, educativa y social que desempeñan las bibliotecas y los centros públicos de información.

Por este motivo, pedimos a la Administración que haga cumplir la legislación española, que exime del pago de derechos de autor a entidades sin fines lucrativos e instituciones de carácter cultural y científico, y que comunique cuanto antes a la Comisión Europea la exención de este pago, a fin de cumplir la normativa comunitaria.

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