Javier Gimeno Perelló: El gran negocio del copyright

Reproducimos un texto del autor Javier Gimeno Perelló sobre la gestión de los derechos de propiedad intelectual.

El gran negocio del copyright

El Centro español de Derechos Reprográficos (CEDRO), la sociedad gestora que gestiona los derechos de autor en España y de los autores españoles en el extranjero, acaba de hacer público su Informe Anual 2006 (curiosa y paradójicamente sin copyright). Las cifras dadas en el Informe son elocuentes y “cantan” por sí mismas: son la prueba palpable de que la propiedad intelectual y los derechos de autor suponen un gran negocio para las sociedades gestoras. El supuesto derecho al libre acceso a la información y al conocimiento se convierte en fuente inagotable de ingresos para los dueños de estas sociedades, empresas privadas que comercian con el deseo y la necesidad de los ciudadanos de informarse, de aprender, de estudiar, investigar o, naturalmente, de recrearse. Negocio tristemente avalado por los gobiernos nacionales y sus ministerios de educación o de cultura, y sostenido por la OMPI y el ADPIC.

Según el citado Informe de Cedro, la recaudación del ejercicio 2006 fue de 40.692.807,22 € (34,98% más que en 2005). Las vías de recaudación son las siguientes:

– Por compensación por la copia privada (canon a fotocopiadoras, escáneres y otros medios de reproducción): 38.887.073,20 €

– Por contraprestación por licencias de uso de obras del repertorio de Cedro: 1.400.000 €. Repartidos del siguiente modo:

o 59,47% recaudado en universidades españolas

o 31,30 % recaudado en copisterías

o 9,23% recaudado en bibliotecas, centros de enseñanza, etc.

– recaudación por reproducción de obras de titulares españoles en el extranjero: 410.000 €

En 2007, Cedro sumará a las cantidades correspondientes de este año, lo recaudado por los servicios de préstamo público de las bibliotecas, en cumplimiento de la Directiva Europea 92/100, “sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual”, que obliga a las bibliotecas públicas y demás centros y servicios de documentación de los países miembros de la Unión Europea a pagar un canon por obra prestada.

Cedro se nutre del uso público que los lectores, investigadores, estudiantes y usuarios en general hacen de las publicaciones impresas o electrónicas: tal y como consta en el Informe anual, 722 establecimientos entre bibliotecas, colegios e institutos de enseñanza secundaria, colegios profesionales, empresas, etc. 634.700 usuarios son estudiantes universitarios. Salvo algunas empresas, la mayoría de estos usuarios no consultan documentos con fines comerciales, sino de estudio, investigación o entretenimiento.

Cedro inspeccionó 19 universidades y más de 3.800 establecimientos donde se realizan reprografías de documentos.

Según Cedro, en 2006 hubo 44 infracciones contra la propiedad intelectual en Internet:

– 34 descargas de material protegido de páginas web

– 2 por intercambio de archivos

– 8 por compraventa de soportes digitales

Según se afirma en el Informe, Cedro elevó 49 causas a los tribunales, de las cuales se fallaron 22 sentencias a su favor.

Lillian Álvarez, en su magnífico estudio “Derecho de ¿autor?: el debate de hoy” (Ed. de CC: Sociales, La Habana 2006 y edición libre en Internet), señala que el derecho de autor, “consecuente con los intereses de las clases y grupos económicamente dominantes —ese intermediario que subordina todo el sistema a sus intereses mercantiles y ese consumidor interesado en lo que la obra aporte como ganancia— ha quedado anclado en la protección de la obra de arte-mercancía, y si ha tratado de asimilar los cambios ha sido intentando buscar un asidero material, un boceto que exprese la idea, capaz de sustituir ese objeto artístico material transformado o ausente. (p. 45)

En ese orden de cosas, la declaración de principios de la Red “En defensa del conocimiento y la cultura para todos” (incluida en el citado libro de L.Álvarez) sostiene que “El derecho de autor como derecho humano debe llevar implícito el equilibrio entre el derecho del autor sobre su obra y el derecho de la sociedad a tener acceso a ella. Este equilibrio ha sido roto, no a favor de los autores ni de la sociedad, sino a favor de quienes ejercen los derechos a nombre de los autores, o sea, de los cada vez más grandes monopolios de la industria editorial y del entretenimiento. El ejercicio de los monopolios exclusivos que otorga la legislación de propiedad intelectual entra frecuentemente en contradicción con el ejercicio de otros derechos humanos tan importantes como el derecho a la salud, a la vida y a la educación, y son estos los que salen perdiendo.

Cualquier parecido con lo real es cruda realidad.