Mesa redonda en la Residencia de Estudiantes (24-1-08)

A continuación se incluye una crónica de la mesa redonda que tuvo lugar el pasado 24 de Enero en la Residencia de Estudiantes (Madrid), enmarcada en el Máster en Propiedad Intelectual de la UAM y titulada “El límite de préstamo bibliotecario y su remuneración, y otros límites a los derechos de autor de interés para las bibliotecas (art. 37 de la LPI)”. Los ponentes fueron Patricia Riera (FESABID), Victoriano Colodrón (CEDRO) y, como moderador, Rodrigo Bercovitz (Catedrático de Derecho Civil de la UAM). El canon por préstamo bibliotecario fue el núcleo del debate, que contó con una participación muy activa por parte del público.

Para empezar, Colodrón expuso una serie de datos referidos a bibliotecas públicas de titularidad municipal o provincial (sin mencionar los correspondientes a bibliotecas más o menos especializadas pero igualmente públicas, a las que el canon también afectará, como pueden ser la Red del CSIC o las de los Ministerios u otros organismos públicos). Según CEDRO, la situación bibliotecaria española ha experimentado un avance significativo en los últimos quince años y su tradicional retraso ya no es un argumento válido para solicitar una moratoria en la aplicación de la Directiva 2006/115/CE. Riera apuntó que esa multiplicación geométrica de préstamos se debía básicamente a la incorporación de material audiovisual en los fondos (recordando de paso que la Directiva surgió en realidad de la preocupación de la UE por el aumento del alquiler de vídeos), pero Colodrón indicó que los libros seguían suponiendo “un 52% del total de préstamos”, porcentaje que él consideraba suficiente.

A continuación reveló, como “noticia de última hora”, que hace pocos días el Ministerio de Cultura ha ingresado directamente a CEDRO (que se encargará de hacer la redistribución entre SGAE, DAMA y VEGAP) 1300000 euros en concepto de “primer pago” por los préstamos realizados en 2007, cantidad cuya base de cálculo se desconoce (pero que, al parecer, ha sido considerada una cantidad “ridícula” y una “tomadura de pelo” por otras sociedades de gestión europeas). Ha sido una medida apresurada, para sortear la penalización de la UE, y que pretendía por una vez descargar de ese peso retrospectivo a los Ayuntamientos en señal de “buena voluntad”. En este punto, ante los comentarios del público asistente, hubo de reconocer que la excusa continuamente esgrimida por el Ministerio de Cultura de que “el ciudadano no tiene que pagar nada” es falsa, puesto que lo hace indirectamente a través de sus impuestos.

Ambos ponentes señalaron que la legislación (Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas) se ha llevado a cabo con prisas y mal, pero por distintas razones. El representante de CEDRO consideraba que el canon tendría que haber sido regulado mediante reforma de la Ley de Propiedad Intelectual; asimismo hubiera querido que la recaudación repercutiera también en las editoriales, pero el texto legal no las menciona: la gestión es obligatoriamente colectiva, por lo que todo el dinero iría a parar a l@s autor@s (sean o no soci@s de CEDRO). Luego avanzó que una comisión específica (formada en parte por autor@s) de CEDRO está preparando y estudiando la redacción del reglamento para gestionar el canon, destinando en principio una parte de la recaudación a engrosar un fondo asistencial y estableciendo convenios bilaterales con los países de origen de l@s autor@s extranjer@s. También sopesan la posibilidad de establecer unos límites mínimos y máximos por autor/a, para que no se produzcan demasiadas desigualdades.

La representante de FESABID resumió diversos argumentos en contra de la legitimidad del canon (empezando por la dudosa competencia que hace el préstamo bibliotecario a las ventas de libros), y dijo que, entre otras cosas, la misma palabra “armonización” de la Directiva 2006/115/CE es incorrecta, pues nunca se ha demostrado que el mercado interior europeo sufriera desarreglos a consecuencia de la limitación de derechos de autor a causa de la prerrogativa de préstamo público y gratuito en las bibliotecas. De hecho, la UE ha abierto expediente a Finlandia y Dinamarca en dos ocasiones por no reformar sus métodos de subvención a l@s autor@s conforme a la norma, aunque en ambos casos se ha cerrado sin más consecuencias (al contrario que en los casos de España, Italia y Portugal, que se han saldado con penalización económica y cuyo sector profesional bibliotecario constituye hasta ahora el núcleo de la oposición a la Directiva).

En cualquier caso, la transposición será incorrecta si el Real Decreto de desarrollo de la Ley pretende cobrar por cada obra adquirida con destino a préstamo, pues se supone que esta remuneración se dirige a compensar cada préstamo particular realizado. Riera defendió que, aunque de este modo la medida quizá resultara aún más gravosa, al menos se aplicaría con rigor y respetando su objetivo. En este aspecto estuvieron completamente de acuerdo tanto Colodrón como Bercovitz, y entonces surgieron las preguntas inevitables: ¿qué ocurrirá con las obras descatalogadas que ya no se encuentran a la venta, pero sí se conservan en fondos bibliotecarios? ¿Qué ocurrirá con los libros de autor@s que ya están en dominio público (o que son anónimos, o de autoría múltiple como en el caso de las publicaciones periódicas, que al parecer son objeto de préstamo actualmente en la mayoría de las bibliotecas públicas)? ¿Y qué ocurrirá con l@s autor@s que se han manifestado oficialmente en contra del canon, incluso plasmando en la contraportada de sus libros la exigencia de respeto a su voluntad de no recibir ninguna compensación económica por ese concepto? El representante de CEDRO respondió que, en ese caso, se verían obligados a discriminar tales obras de la recaudación colectiva. El moderador, con la ley en la mano, afirmó tajantemente que las obras en dominio público no generan remuneración por su préstamo, y confirmó que el derecho de distribución de la obra de un autor/a “no es irrenunciable, pero depende de las condiciones del contrato firmado con el editor, pues puede haberlo cedido al mismo”. También aprovechó para indicar un error advertido en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y que consiste en que, al olvidar la inclusión de un artículo determinado, la consulta de obras en la sala de lectura sería en rigor considerada como préstamo y no quedaría exenta de remuneración.

Para profundizar en el tema, el próximo 27 de Febrero la misma Patricia Riera impartirá en SEDIC un curso monográfico titulado “Derechos de autor: Implicaciones legales de los servicios que ofrecen las bibliotecas” (http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_08_1tr5.asp).