Moción del Ayuntamiento de El Casar (Guadalajara)

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

D. Fernando Duarte Domarco

Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, presenta, para su discusión y aprobación, la moción que más tarde se enunciará y que tiene como base los siguientes

ANTECEDENTES

La UNESCO y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, afirman, en el Manifiesto a favor de la Biblioteca s Públicas, lo siguiente:

“La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales.

Este manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la biblioteca pública como fuerza viva de la educación, cultura e información y como agente esencial de fomento de la paz y los valores espirituales en la mente del ser humano.

Así pues, la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y locales a que apoyen las bibliotecas públicas y participen activamente en su desarrollo.”

Dentro de las bibliotecas públicas, las bibliotecas municipales –el 96% de todas las bibliotecas en nuestro país-, son la primera célula para el desarrollo de las políticas culturales. Así lo entiende la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 26.1 dice que los municipios de más de 5.000 habitantes deberán prestar, entre otros, los servicios bibliotecarios. Y así lo entienden los propios municipios, muchos de los cuales mantienen una biblioteca abierta sin llegar a ese nivel de población.

Una de las actividades básicas de las bibliotecas es el préstamo de libros, afectado por la Directiva europea 2006/115/CE (antes Directiva 92/100/CEE) sobre derechos de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. En ella se otorga a los derechohabientes la posibilidad de prohibir a las instituciones públicas el préstamo de sus obras, dando a los Estados miembros la alternativa de adquirir el derecho a prestar dichas obras mediante una remuneración.

Pero hay un artículo en la Directiva, el 5.3, que dice que Los Estados miembros podrán eximir a determinadas categorías de establecimientos el pago de la remuneración. De hecho, el Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre el derecho de préstamo público en la Unión Europea fechado en septiembre de 2002, constata que “la mayor parte de los países hacen uso de la posibilidad de eximir a determinadas instituciones de préstamo del derecho de
préstamo público”.

Las bibliotecas públicas españolas, y especialmente las municipales, distan mucho de alcanzar los niveles medios europeos en cuanto a cantidad, calidad de materiales, número de usuarios y préstamos. La obligación de pagar un canon por los préstamos realizados supondría un nuevo concepto de gasto, y eso es especialmente grave para los municipios, las instituciones con presupuestos más débiles.

La aplicación de un canon al préstamo bibliotecario, que es la actividad fundamental de este servicio público a la ciudadanía, supone un grave obstáculo a la mejora de nuestras bibliotecas y a su equiparación con las de otros países.

Por todo ello, se presenta al Pleno del Ayuntamiento la siguiente

MOCIÓN

1) Este Ayuntamiento solicita al Gobierno de España que declare a las bibliotecas públicas municipales exentas del pago por préstamo, atendiendo la posibilidad recogida en el artículo 5.3 de la Directiva 2006/115/CE (antes Directiva 92/100/CEE) sobre derechos de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

2) Este Ayuntamiento manifiesta su rechazo y disconformidad con el establecimiento de una tasa por préstamo en bibliotecas públicas, e insta al Gobierno de España a pedir la derogación de la Directiva europea que lo regula, a sabiendas de que esa reglamentación provoca igualmente el rechazo de otros países europeos.

3) De este acuerdo se dará traslado a las siguientes instituciones: Parlamento Europeo, Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura del Gobierno autónomo, Federación Española de Municipios y Provincias, Sociedad General de Autores y Editores, Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística y Confederación Española de asociaciones de Archiveros, bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas.

En El Casar, a 23 de julio de 2008