Carta al Ministro de Cultura

El pasado 3 de Noviembre de 2008, una representación de la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas entregó por registro la siguiente carta al Ministro de Cultura, César Antonio Molina. Se dará información sobre su respuesta si hubiera noticia de ella, así como el Defensor del Pueblo hizo pronto acuse de recibo a las miles de firmas que se le entregaron con ocasión del último Día de la Biblioteca e indicó que había iniciado el estudio del asunto.

Sr. Ministro:

Le escribimos en nombre de la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas (de la cual seguramente habrá oído hablar porque nació hace cinco años y es muy activa) para pedir información sobre el proceso de elaboración del Reglamento previsto en la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas (Ley 10/2007). La disposición transitoria décimo novena establece un año de plazo, tras la aprobación de la Ley, para hacer un Reglamento que fije los detalles para el cobro y el reparto del canon que se ha establecido contra el préstamo de libros en bibliotecas. Estamos, pues, convencidos de que se está redactando ese texto, y nos extraña mucho que no se haya informado a los bibliotecarios en ningún momento sobre los detalles de esa redacción, cuando la IFLA, que es el máximo referente a nivel mundial, afirma tajantemente lo siguiente:

“Los bibliotecarios deben participar en la organización de los planes de préstamo público para que su financiación no proceda de los presupuestos de las bibliotecas.” Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de las bibliotecas públicas (página 19, párrafo 2.3.3) http://www.ifla.org//VII/s8/news/pg01.htm

En realidad, como seguramente usted también sabe, lo que pretende la Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas es que la Dirección General de Comercio Interior de la Unión Europea derogue la directiva que consagra el préstamo de pago. Está claro que es una directiva con los pies de barro, ya que se asienta en una gran mentira: que los préstamos que hacen las bibliotecas reducen las ventas de los libros. Por el contrario, muchas personas adquieren los libros después de haberlos visto en una biblioteca; ese es un hecho diariamente comprobado y compartido por la propia IFLA, que en el documento La posición de la IFLA frente al derecho de préstamo al público afirma que: “A pesar de que es loable el apoyo social y cultural que representan para los autores la mayoría de sistemas de PLR (Derecho de Préstamo Público) actuales, la justificación que normalmente se hace del PLR (que el uso de obras con copyright a través de las bibliotecas públicas perjudica las ventas) carece de fundamento demostrado. De hecho, el préstamo realizado a través de las bibliotecas públicas suele contribuir a la difusión de las obras con copyright y, al contrario, favorece las ventas”.

La verdad es que nos gustaría mucho hablar con usted personalmente, para proponerle que, junto con los demás ministros de Cultura de los países europeos, solicite a la Dirección General de Comercio Interior la derogación de una Directiva que, por lo que sabemos, no gusta en ningún país. En ese proceso tendría toda nuestra colaboración.

Pero, hasta que convenzamos entre todos a dicha Dirección General y en nuestro país se esté redactando un Reglamento para regular el cobro del canon y su reparto, deseamos que se nos informe de la marcha de ese documento para conocer sus términos, ya que como profesionales bibliotecarios nos incumbe directamente y condicionará el futuro de nuestro servicio a la ciudadanía.

Esperando sus noticias, le saludan:

[Siguen 38 firmas]

Moción del Ayuntamiento de Grado (Principado de Asturias)

D. JOSE LUIS SUAREZ PEDREIRA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GRADO, (PRINCIPADO DE ASTURIAS)

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Grado, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de Octubre de 2.008, ha adoptado el siguiente ACUERDO:

“MOCIÓN DE SOBRE BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

La UNESCO y la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios), afirman, en el Manifiesto a favor de las Bibliotecas Públicas, lo siguiente:

La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito básico de la educción permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales.

Este Manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la biblioteca pública como fuerza viva de la educación cultura e información y como gente esencial de fomento de la paz y los valores espirituales en la mente del ser humano.

Así pues, la UNESCO aliente a las autoridades nacionales y locales a que apoyen las bibliotecas y participen activamente en su desarrollo.

Dentro de las bibliotecas públicas, las bibliotecas municipales –el 96% del todas las bibliotecas de nuestro país-, son la primera célula para el desarrollo de las políticas culturales. Así lo entiende la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 26.1 dice que los municipios de más de 5.000 habitantes deberán prestar, entre otros, los servicios bibliotecarios. Y así lo entienden los propios municipios, muchos de los cuales mantienen una biblioteca abierta sin llegar a ese nivel de población.

Una de las actividades básicas de las bibliotecas es el préstamo de libros, afectado por la Directiva europea 2006/115 CE (antes Directiva 92/100/CEE) sobre derechos de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. En ella se otorga a los derechohabientes la posibilidad de prohibir a las instituciones públicas el préstamo de sus obras, dando a los Estados miembros la alternativa e adquirir el derecho a prestar dichas obras mediante una remuneración.

Pero hay un artículo en la Directiva, el 5.3, que dice que Los Estados miembros podrán eximir a determinadas categorías de establecimientos del pago de la remuneración. De hecho, el Informe de la Comisión de las comunidades Europeas al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre el derecho de préstamo público en la Unión Europea fechado en Septiembre de 2.002, constata que “la mayor parte de los países hacen uso de la posibilidad de eximir a determinadas instituciones de préstamo del derecho de préstamo público.

Las bibliotecas públicas españolas, y especialmente las municipales, distan mucho de alcanzar los niveles medios europeos en cuanto a cantidad y calidad de materiales, y número de usuarios y préstamos. La obligación de pagar un canon por los préstamos realizados supondría un nuevo concepto de gasto, y eso es especialmente grave para los municipios, las instituciones con presupuestos más débiles.

La aplicación de un canon al préstamo bibliotecario, que es la actividad fundamental de este servicio público a la ciudadanía, supone un grave obstáculo a la mejora de nuestras bibliotecas y a su equiparación con las de otros países.

Por todo ello, y sometidas a votación el Pleno del Ayuntamiento de Grado, por mayoría absoluta (13 votos a favor y 7 en contra), aprueba la siguiente MOCION:

Primero.- Este Ayuntamiento solicita al Gobierno de España que declare a las bibliotecas públicas municipales exentas del pago por préstamo, atendiendo la posibilidad recogida en el artículo 5.3 de la Directiva 2006/115/CE (antes Directiva 92/100/CEE) sobre derechos de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

Segundo.- Este Ayuntamiento manifiesta su rechazo y disconformidad con el establecimiento de una tasa por préstamo en bibliotecas públicas, e insta al Gobierno de España a pedir la derogación de la Directiva europea que lo regula, a sabiendas de que esa reglamentación provoca igualmente el rechazo de otros países europeos.

Tercero.- De este cuerdo se dará traslado a las siguientes instituciones: Parlamento Europeo, Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura del Gobierno autónomo, Federación Española de Municipios y Provincias, Sociedad General de Autores y Editores, Federación internacional e Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA), European Bureau of Library, Información and Documentación Associatión (EBLIDA), Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomia, Documentación y Museística (FESABID) y Confederación Española e Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentacionalistas (ANABAD).”

Y para que así conste, de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, con la advertencia a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, expido la presente en Grado, a Veintitrés de Octubre de Dos Mil Ocho.

Vº Bº

El Alcalde Fdo. Antonio Rey González
El Secretario Fdo. José Luis Suárez Pedreira