Comunicado de la Plataforma sobre el futuro decreto del canon

La Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas comunicó hace unos días que estaba valorando la posibilidad de presentar una alegación al inminente decreto que va a empeorar el canon del préstamo.

Terminado el plazo de presentación de alegaciones, la Plataforma informa de que no ha llegado a presentar dicha alegación porque ha creído que sería un trabajo de nula eficacia. El gobierno aparenta dar la posibilidad de corregir los borradores de leyes, pero luego ni dice cuántas alegaciones ha recibido ni las acepta.

Sin embargo, la Plataforma considera que se pueden tomar medidas más eficientes. Veamos alguna:

1. Una vez publicado el decreto, se debería impugnar por la vía contencioso-administrativa. Esto sólo puede hacerlo una entidad administrativa que resulte directamente afectada: una comunidad autónoma o un ayuntamiento. La Plataforma conoce algún ayuntamiento que está dispuesto a hacerlo, y anima a los compañeros que trabajan en bibliotecas municipales a que informen sobre el tema a sus alcaldes y concejales, proponiéndoles que se sumen a esa posible impugnación. Cuantos más sean los recurrentes más fuerza tendrá el recurso. El decreto tiene suficientes puntos flacos (las obras de dominio público, el adelanto del pago por parte de las administraciones grandes, la opacidad del reparto de lo recaudado…) como para cargarse de razones jurídicas.

2. Por otra parte, cuando se promulgue el decreto, cualquier ciudadano puede presentar una reclamación ante la Defensora del Pueblo. Aquí se pueden utilizar argumentaciones más a pie de calle, por ejemplo que para la ciudadanía es una agresión que, con sus impuestos, sus ayuntamientos paguen dinero a entidades de gestión privada gastando un dinero que debería emplearse en comprar libros para su biblioteca pública. El Día del Libro podría ser una buena fecha para que los bibliotecarios empezáramos una campaña de recogida de firmas con un escrito en ese sentido.

3. La tercera cosa que se puede hacer es impulsar una campaña de desobediencia civil, de manera que los usuarios se nieguen a que se cuenten sus préstamos. Se puede invocar para ello la ley de protección de datos.

La Plataforma contra el Préstamo de Pago agradecerá las respuestas que los bibliotecarios quieran hacer a estas propuestas y, por supuesto, cualquier otra idea que sirva para defender a la biblioteca pública contra la voracidad de las entidades de gestión de derechos, en nuestro caso CEDRO, interesada sólo en la búsqueda de su propio provecho.

No al préstamo de pago en bibliotecas públicas.

Nuevo borrador sobre el canon por préstamo bibliotecario

Mientras los bibliotecarios estamos distraídos, sufriendo las heridas de la crisis, las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, que buscan únicamente su propio beneficio a costa de lo público, no descansan.

El Ministerio de Cultura ha hecho un nuevo borrador de decreto para “regular la remuneración a los autores” por los préstamos de obras. Lo ha puesto a información pública y ha dado un plazo para la presentación de alegaciones, que podrán presentarse en la Subdirección General de Coordinación hasta el 16 de marzo.

El nuevo borrador empeora la situación que teníamos hasta ahora, por dos razones fundamentalmente:

Primera: Porque admite que sea la administración central o la autonómica las que paguen a las entidades de gestión el canon de todas las bibliotecas (no sólo de aquellas de las que sean titulares) y que luego, en las transferencias periódicas que el Estado o las CCAA hacen a los ayuntamientos, se detraiga ese dinero. Eso significa que la administración central y la autonómica (el sector público) hacen de recaudador y de único cajero pagador para las entidades de gestión de derechos. Así las entidades, que son asociaciones privadas, no tendrán que molestarse en recaudar ayuntamiento por ayuntamiento: recibirán de una vez todo el dinero sin moverse de su domicilio. Y eso significa también que los ayuntamientos pagarán a las entidades de gestión de derechos sí o sí. No queda margen para la objeción de conciencia.

Segunda: Porque añade un nuevo parámetro para calcular lo que cada biblioteca tiene que pagar a las entidades de gestión. Hasta ahora estaba estipulado que las bibliotecas pagaran 0,20 € al año por cada libro que compraran para el servicio de préstamo. El borrador rebaja esos céntimos a 0,16 por cada libro que se compra, pero mete un nuevo concepto para calcular el canon: los usuarios que usan el préstamo. Así, si el decreto sigue adelante, habrá que pagar 0,05 céntimos por cada usuario que haga uso del préstamo cada vez: si yo saco 100 libros al año cuento como 100. Lo cual significa que, cuantos más préstamos haga una biblioteca, cuanto mejor trabaje, más tiene que pagar a las entidades de gestión.

¡Qué listos son los señores de la propiedad intelectual! Ahora que las bibliotecas no pueden comprar libros, porque las administraciones dicen que “no hay dinero”, quieren cobrar por los préstamos de los que compraron cuando sí lo había. Vaya paradoja: las administraciones no pueden dedicar fondos a renovar las colecciones públicas pero sí a llenar las arcas de las sociedades de gestión privadas. Y, además, es el sector público el que hace todo el trabajo: la recaudación y la promoción de los préstamos.