Comunicado de la Comisión Técnica de Cooperación del Consejo de Cooperación Bibliotecaria

Buenos días,

El pasado 12 de febrero se celebró en Pamplona el Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB). Este órgano, de carácter colegiado y composición interadministrativa canaliza, de forma genérica, la cooperación bibliotecaria entre las administraciones públicas. Fue creado por la Ley 10, 2007, de 22 de junio de la lectura, del libro y de las bibliotecas y desarrollado legalmente a través del RD 1573/2007 de 30 de noviembre, por el que se aprueba su Reglamento.

El CCB funciona en Pleno y a través de Comisiones y entre ellas existe la Comisión Técnica de Cooperación (CTC) de Bibliotecas Públicas de la que forman parte representantes de todas las CC.AA. y de la FEMP, además del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Desde hace tiempo, uno de los asuntos que ocupa y preocupa a la CTC de Bibliotecas públicas es la aplicación del derecho de remuneración a los autores por el préstamo de sus obras, realizados en determinados establecimientos accesibles al público. El conocido como canon bibliotecario. En este sentido y con motivo de la celebración del Pleno del CCB, desde la CTC de Bibliotecas públicas se elevó a dicho órgano el Posicionamiento de la Comisión frente a este asunto y que dado el consenso adquirido por la práctica totalidad de Comunidades Autónomas, consideramos de interés para el conjunto de la profesión y de las bibliotecas públicas afectadas, y por ello transcribimos a continuación su contenido íntegro:

La Unión Europea ha promulgado desde 1992 diversas Directivas encaminadas a la protección de los derechos de autor en los países miembros. Dichas Directivas han sido transpuestas en cada Estado a su realidad nacional, tanto en lo referente a sus infraestructuras culturales y sociales como a la de sus lenguas y la protección de sus autores.

Determinados países han buscado con sus transposiciones nacionales proteger a los autores que producen en lenguas nacionales y a sus industrias editoriales; otros han decidido retribuir de forma universal a todos los autores. Por otro lado, el conjunto de países de nuestro entono han asumido el pago de esta retribución por parte de las Administraciones públicas, a distintos niveles. Del mismo modo, varían mucho entre los distintos países las fórmulas de cálculo de dichas cuantías así como su cantidad económica.

El espíritu de las distintas Directivas europeas se ha encaminado, por tanto, a la protección de los derechos de los autores y cada Estado miembro ha arbitrado la fórmula de llevarlo a cabo.

En España, el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por el préstamo de sus obras, realizados en determinados establecimientos accesibles al público, y que desarrolla la Ley 10/2007 de 22 de junio, establece que en España el cálculo para retribuir el derecho de autor se calculará a través del uso de las bibliotecas (esencialmente de las bibliotecas públicas) y que deberá ser asumido por las Administraciones públicas titulares de las mismas.

Además, en estos momentos, las bibliotecas públicas en España pasan en por una situación crítica. Más del 95% de ellas son de titularidad municipal, y son los municipios los que están sufriendo especialmente las consecuencias de la actual coyuntura económica. Por este motivo, esta nueva tasa supone un nuevo elemento que grava la prestación de este servicio público claramente infradotado. El pago de esta retribución saldrá esencialmente de los presupuestos de estos centros que verán, de este modo, mermados, aún más, sus recursos y que actualmente están muy por debajo de cualquier normativa o recomendación de los organismos internacionales.

Las CC.AA. reunidas en sesión el día 11 de febrero de 2015 en el seno de la CTC de Bibliotecas Públicas, conjuntamente con la FEMP, son conscientes del derecho del autor a ser retribuido, y de la necesidad de aplicar las directivas europeas vigentes. Las Bibliotecas somos aliadas de los autores y de su obra, conservamos y difundimos sus creaciones, trabajamos en la mejora de la educación y la cultura de nuestros ciudadanos. Por este motivo, no podemos compartir que la necesidad de cumplir con la obligación de retribución vinculada con las competencias de propiedad intelectual, deban ser asumidas por administraciones cuyas competencias son, exclusivamente, la de ofrecer servicios públicos directos a los ciudadanos. Los municipios, en este sentido, no son competentes en materia de propiedad intelectual.

Una vez puesto de manifiesto la consideración de que las bibliotecas y las administraciones titulares de las mismas no son competentes en materia de propiedad intelectual y que por lo tanto no deben asumir la protección a los autores que exige la Unión Europea, entendemos que la gestión del Real Decreto conlleva una tramitación administrativa y económica difícilmente aplicable.

Por último, nos consta la incomodidad de las propias entidades de gestión de los derechos de autor ante el contenido del Real Decreto que regula el sistema, al igual que las administraciones responsables de su aplicación. Tanto en lo referente a las fórmulas de cálculo como en las cuantías a percibir. Y en esta línea se están realizando recursos en instancias superiores de los Tribunales de Justicia.

Ante esta situación que no satisface a ninguna de las partes, esto es, Entidades de Gestión y Administraciones titulares de las bibliotecas públicas, las CC.AA. reunidas en sesión del 11 de febrero de 2015 : Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia, más los representantes de la FEMP, consideramos necesario:

1. La modificación del actual Real Decreto por un sistema más simple de interpretar y de aplicar.

2. La asunción por parte del Estado del pago completo de esta retribución para todos los centros públicos afectados, tal y como ya se hizo en el año 2008. De esa manera, España se equipararía a lo establecido por la gran mayoría de países europeos de nuestro entorno y podría así generar un sistema de liquidación más simple y directo, y que estamos seguros sería del agrado, también, de las entidades de gestión.

Es importante, en cualquier caso, poner de manifiesto que las cuantías de la que hablamos se estiman en este momento en torno a los 550.000 euros al año. Cantidades que entendemos perfectamente asumibles por parte del Estado.

Finalmente, queremos reiterar que las Administraciones titulares de las bibliotecas no son responsables de las competencias sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, y que las bibliotecas públicas, sus recursos, están siendo víctimas de un problema mal resuelto.

Óscar Arroyo Ortega
Secretario de la CTC de Bibliotecas Públicas