Denuncia contra el Estado español por el monopolio de las entidades de gestión

“El que sabe no habla, el que habla no sabe”

Con esta frase del Tao Te Ching quisiéramos David Bravo y Javier de la Cueva invitar a los ciudadanos a compartir con nosotros una acción jurídica contra el Estado español por vulneración de la normativa comunitaria.

El informe publicado ayer “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” de la Comisión Nacional de la Competencia, manifiesta con total rotundidad que España podría estar infringiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por permitir que las entidades de gestión (SGAE, AGEDI, etc.,) realicen una explotación abusiva de su posición dominante. El informe asegura que esto es así porque puede entenderse que es precisamente la Ley de Propiedad Intelectual española “la que hace factible que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio”.

Con la intención de que España cese en la conducta presuntamente infractora que se describe en ese informe, hemos redactado la correspondiente denuncia que ponemos a disposición de todos los ciudadanos que quieran sumarse a su interposición.

La invitación a la ciudadanía a participar en acciones legales libres utilizando la Red, nació el 30 de agosto de 2003 cuando se puso a disposición de todos unos procedimientos libremente utilizables. El primero de ellos se dirigió contra el canon en los soportes digitales, hoy pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si bien fueron muchas las voces que se alzaron contra el canon, pocas personas decidieron luchar jurídicamente contra el mismo, a pesar del procedimiento fácil y gratuito del que se disponía.

Posteriormente y tras la sentencia de Ladinamo, nacieron los procedimientos en defensa del Copyleft y somos líderes mundiales en resoluciones favorables. Luego llegaron las webs de enlaces, con la liberación de la nota para la vista de las medidas cautelares contra Sharemula y la liberación que ahora estamos llevando a cabo en favor de nuestros compañeros abogados y sus clientes de los escritos que hemos utilizado en su defensa. Después, vino la contestación de la Revista Cultural Quimera a la demanda de la SGAE que fue utilizada por la defensa de la CNT para obtener una sentencia absolutoria en la demanda que le interpuso tal entidad.

El método ha demostrado ser eficaz y por eso ahora queremos presentar la siguiente acción legal, animándoos a interponerla. La pregunta que todos se hacen tras el Manifiesto es la de ¿y ahora qué?

El problema que tienen las palabras es que se las lleva el viento. Si el canon cae, no es por la campaña de Todos contra el canon, sino por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo que hace falta es el ejercicio efectivo de los derechos, porque las voces ya sobran cuando comienzan a ser sospechosas de su vacuidad e impostura: el que sabe no habla y el que habla no sabe.

El procedimiento que ofrecemos es gratuito y no cabe condena en costas. Consiste en denunciar ante Europa los abusos que estamos sufriendo de manos de los sucesivos gobiernos en el campo de la propiedad intelectual. No lo decimos nosotros, nos lo dice el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que ha salido a la luz pública ayer, y que para los que nos dedicamos a la propiedad intelectual ha supuesto una cura de humildad porque nos ha demostrado lo poco que sabemos. Si bien ese Informe es la base y el fundamento de nuestra denuncia, tenemos otra razón, que nos da un ilustre jurista, John Rawls, quien en su Teoría de la Justicia señalaba lo siguiente:

“La responsabilidad no recae en los que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistir”.

Para interponer la denuncia basta con que rellenéis la plantilla que se halla en los enlaces que señalamos más abajo. En la misma figuran las instrucciones. Sólo os costará un paseo a una oficina de Correos y el importe de una carta certificada.

Lo verdaderamente importante de la Red es cuando cristaliza en el territorio físico. Si no ejercemos nuestros derechos mediante acciones legales y simplemente gritamos, siempre seremos víctimas del poder.

David Bravo y Javier de la Cueva, abogados.

Plantilla en formato .doc

Plantilla en formato .odt

Encuentro contra el canon en Milán

Con ocasión del congreso de la IFLA 2009 (Milán 23-27 de agosto), representantes de varias organizaciones bibliotecarias se reunieron para debatir el préstamo de pago y las consecuencias de las directivas europeas sobre propiedad intelectual.

Nuestra compañera Blanca Calvo, representante de la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas, participó en este encuentro con la siguiente ponencia:

El canon sobre el préstamo bibliotecario
Comunicación sobre la situación española
 

1.- La gran marcha atrás 

En el asunto del canon del préstamo, el Estado español ha hecho un largo recorrido hacia atrás, como el cangrejo, desde diciembre de 1994, fecha en que publicó la Ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 92/100/CEE, hasta junio de 2007, momento en que se aprueba la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas.


La Ley de 1994 había dejado muy claras dos cosas:

Primero, que las bibliotecas y otros establecimientos de titularidad pública –archivos, museos, hemerotecas, filmotecas- no necesitaban autorización de los autores para prestar los materiales a sus usuarios

Y segundo, que todos esos establecimientos estarían eximidos del pago de cualquier remuneración por realizar préstamos.

No se puede decir que los legisladores no supieran lo que hacían, porque en su declaración de principios,
la Ley justificaba esas dos medidas en el servicio que las bibliotecas -y los archivos, museos, hemerotecas y filmotecas- “prestan al interés general de la cultura”.

Trece años después, en 2007, la primera Ley nacional de bibliotecas que ha tenido España reafirma sólo la primera de esas dos disposiciones: la no necesidad de que los autores den autorización para prestar sus obras. Pero ha introducido de lleno el préstamo de pago, no sólo afirmando que se “remunerará a los autores por los préstamos que realicen de sus obras”, sino además renunciando a que sea el propio Estado quien gestione esa remuneración, al añadir que ésta “se hará efectiva a través de las entidades  de gestión de los derechos de propiedad intelectual”.

Nuestra Ley de 2007 deja exentas del pago únicamente a las bibliotecas del sistema educativo (que son muy pocas, porque las bibliotecas escolares son “las grandes ausentes” de nuestro sistema bibliotecario) y a las públicas situadas en municipios de menos de 5.000 habitantes. En España, esos municipios no están obligados por ley a ofrecer a sus ciudadanos el servicio bibliotecario, y los legisladores han debido pensar que no sería justo penalizar económicamente a los pequeños pueblos que, a pesar de la debilidad presupuestaria propia de las poblaciones pequeñas, hacen el esfuerzo de mantener una biblioteca abierta.

Es una dolorosa paradoja para muchos bibliotecarios españoles que, cuando por fin se ha hecho una Ley nacional de bibliotecas en nuestro país, una ley tan deseada haya servido para consagrar el canon del préstamo, una medida contraria a la esencia misma de la biblioteca, a su filosofía y a su carácter de servicio público gratuito. Tener que pagar con dinero público un canon por prestar materiales que, en el momento de su adquisición ya han satisfecho el porcentaje correspondiente a los derechos de autor, es algo incomprensible e inaceptable. Es pagar dos veces por lo mismo. Es el mundo al revés: el sector privado –las sociedades de gestión de derechos- aplicando un “impuesto” al sector público. 


La Ley española de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas de 2007 no concreta la forma en la que se va a hacer la recaudación y el reparto del canon, pero dice que en el plazo máximo de un año se aprobará un decreto para regular los detalles. Y aunque ese plazo de un año ya se ha excedido con creces, todavía no hay un texto definitivo. A pesar de lo cual, el Estado Español ya está pagando por las bibliotecas públicas de las que es titular el canon de préstamo a una sociedad de gestión de derechos, aplicando una disposición transitoria de la Ley que dice que “hasta que se apruebe el Real Decreto, la cuantía de la remuneración será de 0,2 euros por cada ejemplar de obra adquirido con destino al préstamo”, incluidas las obras clásicas si en su edición contribuye algún autor actual.

Esa misma cantidad, 0,20 € por cada obra adquirida, es la que mantiene el avanzado borrador de Decreto que hemos podido conocer extraoficialmente, aunque se dice en él que esta cifra será revisable anualmente, aplicándosele la subida que marque el Índice de Precios al Consumo. La entidad de gestión no está nada contenta con esa cifra, y aboga por que, al menos, los veinte céntimos se apliquen cada vez que la obra se preste.

Según el borrador de Decreto –que acaba de salir de las manos de los técnicos, sin haber superado todavía el filtro político-, las bibliotecas no sólo han de pagar por los ejemplares adquiridos sino que, además, deberán proporcionar los datos de sus préstamos a las entidades privadas de gestión de derechos, para que ellas hagan el reparto de los beneficios (de nuevo el sector público trabajando para el privado).

Hay en nuestro borrador de decreto una disposición que conviene destacar porque, si permaneciera en la versión definitiva, podría marcarnos un camino de trabajo futuro a los bibliotecarios españoles. Se trata de que los autores, o sus herederos si éstos ya han muerto, pueden renunciar al cobro del canon. ¿Tendremos que dedicarnos a convencer a los autores para que renuncien? Volveré  a este tema en la tercera parte de mi exposición, cuando hable de las posibles acciones  contra el canon que nos hemos planteado los bibliotecarios de mi país.

2.- La triste historia 

Y ya comienzo la segunda parte, en la que me gustaría contar qué es lo que ha ocurrido desde 1994 para que nuestro gobierno haya caminado hacia atrás en el tema que nos ocupa.

Aparentemente, desde 1994 hasta 2003 no pasó nada.
La Ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 92/100/CEE, citada antes, había adaptado nuestra legislación al ordenamiento europeo dejando exentas a todas las bibliotecas, y eso nos daba mucha tranquilidad a los bibliotecarios. Pero en esos años, la entidad de gestión de derechos que se encarga en nuestro país del canon del préstamo no perdía el tiempo:

Por un lado hacía una amplia campaña de proselitismo entre los escritores para tener un número grande de afiliados. Si hemos de creer la cifra que da su página web, en la actualidad los socios son 16.813, entre autores (15.285) y editores (1.528).  

Al mismo tiempo, la entidad Cedro –que así es como se llama la sociedad gestora española- se esforzaba en convencer a las instituciones de que están obligadas a pagar por las fotocopias que hacen, consiguiendo ingresar cada vez más dinero por ese concepto, dinero que se reparte con la mayor opacidad imaginable porque es imposible saber qué obras se fotocopian.

Y mientras se asentaba en uno y otro terreno, la entidad de gestión no dejaba de mirar hacia Bruselas, donde por aquellos años estaban ocurriendo cosas muy de su gusto.

A lo largo de los años noventa,  la Comisión Europea, en mi opinión instigada por las entidades europeas de gestión de derechos, fue iniciando pleitos contra los estados miembros que, a su entender, no habían adaptado bien su legislación a
la Directiva 92/100. Y en octubre de 2003 las cosas se aceleran de golpe, cuando el Tribunal de Justicia europeo condena a Bélgica en un procedimiento legal que se había abierto dos años antes porque la Comisión Europea no estaba conforme con que Bélgica hubiera eximido del pago del canon a todas las bibliotecas.
Esa condena llena de entusiasmo a la entidad de gestión española, ya muy animada en ese momento por su reciente asistencia a un seminario que acababan de celebrar en Londres las asociaciones europeas de escritores con el fin de elaborar un plan común para el desarrollo del PLR.   

Es en ese momento, el otoño de 2003, cuando los bibliotecarios españoles nos damos cuenta del peligro que se cierne sobre unas bibliotecas públicas que, a pesar de haber mejorado mucho en los últimos veinte años, todavía son demasiado pobres. Unas bibliotecas que en el año 2000 tienen sólo 1 libro por habitante cuando la media europea de 1998 ya es de 2,10[1] y que en el año 2000 hacen 0,77 préstamos por habitante cuando la media europea de 1998 es de 4,93[2].

Los bibliotecarios españoles nos vimos obligados a actuar contra el canon porque sabíamos que significaba un mayor empobrecimiento para unas pobres bibliotecas, y la unidad en la acción que se dio en nuestra profesión ha sido la única cara buena de esta triste historia.

A principios de 2004 se organizan las primeras Jornadas Nacionales contra el préstamo de pago, que marcan varios caminos a seguir. En los meses siguientes más de 2000 bibliotecarios/documentalistas y 125 entidades avalan el Manifiesto a favor del préstamo público. Al mismo tiempo se buscan alianzas entre los autores, los editores y otros profesionales del libro y también entre los usuarios. 438 autores (entre ellos el Nobel José Saramago) firman una declaración de rechazo al canon. Más de 225.000  usuarios firman un escrito dirigido al Defensor del Pueblo. El 23 de abril, Día del Libro, se rodea con una cadena humana la Biblioteca Nacional de Madrid. Con todas esas actuaciones, y otras que sería largo enumerar, se consigue llevar la polémica a los medios de comunicación escritos, hablados y visuales de alcance local, regional y nacional. En paralelo, se hace un trabajo de sensibilización hacia las instituciones de las que dependen las bibliotecas, como resultado del cual más de 20 ayuntamientos de grandes ciudades y pequeños pueblos toman acuerdos contra el canon. También se manifiestan en este sentido otras instituciones provinciales y regionales.   

Pero en el otro lado las cosas tampoco están quietas. En ese mismo año de 2004, la Comisión europea abre un procedimiento contra España similar al de Bélgica porque tampoco está conforme con que nuestro gobierno haya declarado a todas las bibliotecas públicas territorio libre de canon. La sentencia llega en 2006 y es condenatoria. El Estado español la acata, sin haber hecho en mi opinión una oposición suficientemente firme, y aprovecha la redacción en curso de la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas para introducir el préstamo de pago en el ordenamiento jurídico.

Antes de la aprobación definitiva de la Ley vuelve a surgir con fuerza la protesta bibliotecaria, que no se había apagado, y de nuevo los medios de comunicación dedican al tema abundantes espacios. Otra vez se dejan oír voces de escritores contra el canon. Los bibliotecarios imprimen 45.000 postales que se reparten por las bibliotecas para que los usuarios las envíen al Congreso, institución que debe aprobar la Ley. El Congreso queda inundado de postales, pero el canon acaba por introducirse en España, actuando
la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas como vergonzoso caballo de Troya.

Es muy probable que la fuerte oposición bibliotecaria y el gran esfuerzo desarrollado para concienciar a la sociedad haya dado fuerza al Ministerio de Cultura para negociar el canon a la baja y dejarlo en 0,20 € por pieza adquirida. Pero ese es un pobre consuelo, porque con el canon lo que está en juego es algo más valioso que el dinero. Lo que nos jugamos es una forma de entender la cultura y los servicios públicos.

3.- Para andar hacia adelante es bueno unirse 

Los bibliotecarios españoles creemos que hay que trabajar para conseguir la derogación de la Directiva 92/100 –o 2006/115-, y creemos que hay dos buenas razones para pedir su desaparición:

La primera es que se basa en un argumento falso: que los préstamos de las bibliotecas hacen bajar las compras de libros y otros materiales bibliotecarios. Es justo lo contrario: cuando se despierta el hambre de lectura –y las bibliotecas son los lugares donde más se despierta- son necesarias muchas fuentes de suministro. En las localidades donde funcionan bien las bibliotecas se venden más libros, al igual que venden más libros aquellas librerías que están situadas al lado de otras librerías.

La segunda razón que tenemos para pedir la derogación de la Directiva es que no satisface a nadie. Ni siquiera a los países nórdicos que en un momento muy concreto de su historia se inventaron la compensación económica por los préstamos bibliotecarios, compensación que aplicaron exclusivamente a sus autores nacionales.
La Comisión Europea ha intentado que hagan extensivo ese pago a los autores de todos los demás países europeos y, al ver su fuerte oposición, ha tenido que dejarlo como estaba. El espíritu que anima a la Directiva no gusta en el norte, y ya hemos visto cómo ha conseguido
 la Comisión Europea imponer el canon a algunos países del sur: a golpe de sentencias condenatorias del Tribunal Europeo. A gusto no lo ha hecho ninguno. Algunos bibliotecarios españoles estamos convencidos de que la derogación de la Directiva no es una utopía. Pensamos que, si nos unimos todos los profesionales europeos y desarrollamos una estrategia anti-canon, podremos conseguirlo. Las sociedades de gestión de derechos saben muy bien que unirse les da fuerza: desde 1999 celebran una conferencia bianual que refuerzan desde 2003 con un seminario cada año. Los bibliotecarios tenemos más dificultades materiales para organizar reuniones de ese tipo; por eso es tan importante aprovechar esta ocasión que nos han brindado nuestros colegas italianos, a quienes agradecemos mucho su trabajo.

Ese optimismo respecto a nuestras posibilidades contra la Directiva se apoya en dos realidades: La impopularidad de una concepción cada vez más delirante de la propiedad intelectual y la fuerza que pueden proporcionar los numerosos usuarios que están detrás de las bibliotecas.

En España los cánones relacionados con los derechos de autor son cada vez más rechazados por la población. Recientemente ha habido dos casos de localidades que representan obras del teatro clásico español ambientadas en esos dos pueblos. Son representaciones populares: la gente de la calle lo hace todo: actúa, prepara los trajes, la escenografía… y todo lo hace gratis, con la única finalidad de divertirse. En los últimos días ha sido noticia muy comentada en toda la prensa nacional la rebelión de esos dos pueblos ante la pretensión de la entidad que gestiona los derechos de los autores teatrales, que les ha pasado una buena factura en concepto de derechos de autor, ¡¡por unas obras cuyos autores llevan más de trescientos años muertos!!

Tal idea de la propiedad intelectual es ridícula a los ojos de la gente normal. En el caso del canon bibliotecario, si explicamos bien que cuando la biblioteca compra un libro el derecho de autor ya está incluido en el precio que abona, los usuarios ven claramente el abuso que supone tener que pagar dos veces por la misma cosa. Alguien lo ha comparado con tener que pagar cada vez que se mira un cuadro en un museo después de haber comprado la entrada.

Creo que esta reunión será muy útil si conseguimos elaborar una estrategia común contra esa forma de entender la propiedad intelectual que en nuestro caso toma forma de canon al préstamo. Voy a trasmitir unas cuantas sugerencias basadas en ideas que hemos manejado en la Plataforma contra el préstamo de pago española, el grupo de bibliotecarios más militantes contra el canon en estos años, al que hoy represento.

Nosotros creemos que hay varios campos donde actuar:

1.       En primer lugar, en las instituciones, especialmente las europeas.

a.       Celebrar entrevistas con los diferentes grupos del europarlamento nos permitiría defender nuestro punto de vista y podríamos encontrar apoyos en ellos. Ese contacto personal se podría reforzar con el envío de postales a los eurodiputados por parte de los usuarios, como ya hicimos en España.

b.      Por otro lado está el Defensor del Pueblo Europeo. Dada la índole de su misión –la defensa de lo común- debería actuar contra el canon, al que muchos vemos como un atropello para un servicio público de primera necesidad.

c.       Y hay otra institución europea, la Comisión de Peticiones, que en este momento ha admitido a trámite una petición de derogación de la Directiva presentada por la Plataforma española contra el Préstamo de pago. En realidad se presentó ante el Defensor del Pueblo español, en octubre de 2008 con más de 80.000 firmas. Nuestro Defensor es el que debe habérsela mandado, y hace unos meses hemos recibido la siguiente respuesta:

“Tengo el honor de comunicarle que la Comisión de Peticiones ha examinado su petición y que ha decidido admitirla a trámite, debido a que las cuestiones que se plantean en ella inciden en el ámbito de actividades de la Unión Europea.

Con vistas al posterior examen de su petición, la Comisión de Peticiones ha solicitado a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre el fondo de la petición.
La Comisión de Peticiones proseguirá el examen de su petición tan pronto como disponga de la información necesaria.

Además, la Comisión de Peticiones considera que las cuestiones que plantea su petición deben ser transmitidas igualmente a la comisión del Parlamento Europeo en cuyo ámbito de actividades entran y, por consiguiente, ha decidido transmitir su petición a
la Comisión de Cultura y Educación solicitando su opinión o con atribución de competencias

Naturalmente le mantendremos informado del progreso del examen de su petición.”
Firmado: Marcin Libicki (presidente de
la Comisión de Peticiones)

2.       Además de lo que podamos hacer en el campo institucional, hay una interesante labor a desarrollar entre los autores. Si algún autor prestigioso renunciara públicamente al cobro del canon, podría ser un ejemplo a imitar por otros. En España hay un viejo y muy respetado autor de novelas, economista por más señas, que expresa su firme voluntad de renuncia en su página web. Cuando nuestro reglamento sea firme y haya una metodología para la renuncia, se lo propondremos. Y seguramente otros le seguirán.

(“En la vida corriente el que paga una suma es porque:

a)      obtiene algo a cambio

b)      es objeto de una sanción.

Y yo me pregunto: ¿qué obtiene una biblioteca pública, una vez pagada la adquisición del libro para prestarlo? ¿O es que debe ser multada por cumplir con su misión, que es precisamente ésa, la de prestar libros y fomentar la lectura?
Por otro lado, ¿qué se les desgasta a los autores en la operación? ¿Acaso dejaron de cobrar por el libro vendido? ¿Se les leerá menos por ser lecturas prestadas? ¿Venderán menos o les servirá de publicidad el préstamo como cuando una fábrica regala muestras de sus productos? Pero, sobre todo: ¿Se quiere fomentar la lectura? ¿Europa prefiere autores más ricos pero menos leídos? No entiendo a esa Europa mercantil.
Personalmente prefiero que me lean y soy yo quien se siente deudor con la labor bibliotecaria en la difusión de mi obra. Sépanlo quienes, sin preguntarme, pretenden defender mis intereses de autor cargándose a las bibliotecas. He firmado en contra de esa medida en diferentes ocasiones y me uno nuevamente a la campaña.
¡NO AL PRÉSTAMO DE PAGO EN BIBLIOTECAS!”)
 

3.       En tercer lugar deberíamos pensar en acciones de sensibilización para desarrollar en la calle. Si se hiciera algo simultáneamente en varios países -rodear las bibliotecas nacionales, o alguna acción rápida y muy llamativa, del tipo de las que hace Greenpeace- conseguiríamos un fuerte reflejo mediático.

4.       Y el cuarto y último camino que voy a abrir –aunque hay mil más que podemos ver- es el de las acciones que podemos hacer los profesionales. Deberíamos imaginar algún tipo de protesta que pudiéramos plantear a nuestros colegas y fuera aceptada por la mayor cantidad posible. Por ejemplo, declararse objetor de conciencia en la entrega de los datos de los préstamos, o algo similar.

No quiero terminar de una manera apocalíptica diciendo que el futuro de las bibliotecas está en peligro, porque en el fondo no lo creo. Los que pensamos que la cultura tiene que estar abierta y totalmente accesible vamos a ser capaces de encontrar fórmulas para oponernos a una concepción de la cultura que, en vez de abrir mundos a la gente pretende abrirle sólo los bolsillos. Seguramente en la reunión de hoy vamos a encontrar alguna de esas fórmulas.   


[1] En 2008, 1,42 por habitante

[2] En 2008, 1,15 préstamos por habitante

Admitida en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, nuestra petición de derogación de la Directiva del canon

A continuación transcribimos la comunicación del presidente de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea recibida hace pocos días: 

“Tengo el honor de comunicarle que la Comisión de Peticiones ha examinado su petición y que ha decidido admitirla a trámite, debido a que las cuestiones que se plantean en ella inciden en el ámbito de actividades de la Unión Europea

Con vistas al posterior examen de su petición, la Comisión de Peticiones ha solicitado a
la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre el fondo de la petición.
La Comisión de Peticiones proseguirá el examen de su petición tan pronto como disponga de la información necesaria. 

Además, la Comisión de Peticiones considera que las cuestiones que plantea su petición deben ser transmitidas igualmente a la comisión del Parlamento Europeo en cuyo ámbito de actividades entran y, por consiguiente, ha decidido transmitir su petición a la Comisión de Cultura y Educación solicitando su opinión o con atribución de competencias. 

Naturalmente le mantendremos informado del progreso del examen de su petición”. 

Firmado: Marcin Libicki (presidente de la Comisión de Peticiones)

El BNG contra el préstamo de pago en bibliotecas

No siempre la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas recibe una adhesión tan clara a nuestras posturas contra el canon bibliotecario como ésta del Bloque Nacionalista Galego. 

Ojalá el resto de partidos políticos se expresaran tan claramente contra los abusos de las sociedades privadas de gestión de derechos de autor. 

Desde aquí animamos a los otros partidos políticos, también a los de implantación estatal, a que no se queden en las mociones contra el canon en los ayuntamientos y den un paso más, como ahora lo hace el BNG, y lleven la oposición al canon al Parlamento Europeo.  
 

EL BNG DEMANDARÁ EN EL PARLAMENTO EUROPEO LA SUPRESIÓN DEL CANON BIBLIOTECARIO 

Ana Miranda considera que “es una tasa injusta, ya que en las bibliotecas públicas debe primar el derecho al acceso a la cultura”

Santiago de Compostela, 1 Junio 09.- La cabeza de lista del BNG al Parlamento Europeo, Ana Miranda, anunció hoy su compromiso, recogido en el programa electoral del BNG, de trabajar para que se suprima el canon bibliotecario en la Unión Europea.  

Ana Miranda considera que la directiva europea 2006/115/CE que establece el canon bibliotecario “es una norma injusta, sobre la que no existe un acuerdo en la Unión Europea y que generó una gran oposición social”. La candidata del BNG subraya que “en las bibliotecas públicas debe primar el derecho al acceso a la cultura sobre el mercantilismo”.  

La directiva 2006/115/CE fue transpuesta en el Estado español a través de la Ley 10/2007, del 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, que establece un canon para los usuarios, fijado de manera provisional en 0,20 €, por cada obra adquirida en las bibliotecas públicas de municipios de más de 5.000 habitantes. “Esto está suponiendo muchos millones de euros para el erario público que benefician a las entidades de derechos de autor”, subraya Ana Miranda.  


Las bibliotecas públicas son quien mejor defienden los derechos de los autores 


La candidata del BNG justifica la necesidad de suprimir el canon bibliotecario recordando que “las bibliotecas públicas son quien mejor defienden los derechos de los autores ya que fomentan la lectura”. Además, recuerda que “el derecho de acceso a la cultura que propician las bibliotecas a través del préstamo justifica jurídicamente una limitación del derecho de propiedad intelectual, en consonancia con la proclamación constitucional de su función social”.  

Ana Miranda destaca también que el préstamo de libros en el Estado español sigue siendo de los más bajos de la UE: 1,18 al año frente a la media europea de 5,0.  

“En un escenario de crisis es injustificable que se grave aún más los presupuestos, ya de por sí escasos, de las bibliotecas públicas 

Por otra parte, la candidata del BNG al Parlamento Europeo considera “injustificable que en un escenario de crisis económica en el que ya se están reduciendo los presupuestos para adquisiciones de algunas bibliotecas públicas, es inadmisible gravarlas con el canon bibliotecario”.

Añade también que “es muy cuestionable que trabajadores públicos, como son los bibliotecarios, dediquen una parte de su jornada laboral a proporcionar unos datos que benefician, sobre todo, a una entidad privada de gestión de derechos de autor”.  

Por último, la cabeza de lista del BNG recuerda que la aplicación de la directiva 2006/115/CE “ya fue motivo de polémica en otros países, como lo demuestra las sanciones impuestas por este motivo por la Comisión Europea: a Bélgica en 2003 y los procedimientos de infracción iniciados en 2004 contra el Estado español, Irlanda, Italia, Portugal, Dinamarca, Suecia y Finlandia”:  

Saludos: Gabinete de Prensa del BNG.