Carta abierta de la Asociación Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas

Estimados miembros de SEDIC, estimados miembros de CEDRO, estimados autores, lectores y bibliotecarios:

Entre las noticias ofrecidas en el último boletín informativo de SEDIC, Clip Nº 74, leemos que en una fecha indeterminada ha tenido lugar un debate sobre el motivo que dio lugar al nacimiento de nuestra Asociación: el préstamo de pago. Nos sentimos francamente sorprendidos por dos razones:

1. El debate lleva por título “Canon de pago del préstamo interbibliotecario [sic]”, cuando dicha carga monetaria no se impone sobre el servicio de préstamo entre sucursales bibliotecarias, sino sobre el servicio de préstamo directo al usuario; es decir, sobre el fundamento de la biblioteca misma.

2. Siendo la Asociación Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas sobradamente conocida por todas las partes, un interlocutor directísimamente implicado en esta cuestión -que es toda su razón de ser y por la que lleva luchando más de una década-, nadie (ni SEDIC, organizadora del evento; ni Julián Marquina, su coordinador; ni la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria; ni CEDRO… aunque esto es comprensible) ha tenido a bien comunicarle previamente que dicho debate iba a tener lugar. Muchísimo menos dignarse invitarle a participar.

Con franqueza, no podemos por menos de pensar que la omisión ha sido intencionada, pues si se examina a las personas que sí fueron invitadas y consultadas se deduce fácilmente que la intención era tener una mesa de debate bastante inclinada hacia un solo lado. El artículo publicado en Clip sobre el contenido del debate afirma que estuvo estructurado en tres bloques y desde nuestro punto de vista falta el cuarto: el de l@s bibliotecari@s crític@s con el canon.

Los intereses del “bloque” CEDRO no necesitan explicación: recaudar dinero, incluso en nombre de los numerosos autores que se niegan a que la entidad actúe en contra de su voluntad (esto del “derecho irrenunciable” debería revisarse).

En el bloque de los autores, se ignoró conscientemente a las voces disidentes. Y no solo eso, sino que a lo largo de todo el debate parece deslizarse una peligrosa calumnia cuyo origen desconocemos: la de que ciertas bibliotecas pretenden hacer boicot a los autores que se hayan posicionado a favor del canon. Resulta especialmente ruin (¿y con qué fin, nos preguntamos?) este intento de convertir en enemigos a los que siempre han sido los mejores aliados.

Y respecto al bloque bibliotecario, la organización se preocupó de que estuviera compuesto exclusivamente por profesionales partidarios del canon o, como mínimo, del cumplimiento escrupuloso de la Ley, que no se cuestionan el fondo tremendamente injusto de la misma sino solamente la forma menos gravosa de ejecutarla. Quienes no mantenemos esa postura no fuimos convocados para no romper la armonía buscada.

Más allá de nuestra asociación, hay infinidad de bibliotecari@s que no están a favor del RD 624/2014: la mayoría de los que han visto bajar drásticamente los presupuestos de adquisiciones en los últimos años (Bibliotecas Públicas Españolas en cifras: en 2010 55.750.535 €; en 2014 26.253.900). En un debate leal habría que haber preguntado a l@s bibliotecari@s municipales que bregan con la escasez si piensan que, en el caso de que sus ayuntamientos se vean obligados a pagar el canon, resultará o no perjudicado el presupuesto de compras de sus bibliotecas.

El rechazo que provoca el canon al préstamo entre l@s bibliotecari@s es universal. De 2016 es el documento Posición de la IFLA al Derecho de Préstamo Público que, entre otras cosas, afirma textualmente que la IFLA “No favorece los principios del “derecho de préstamo” que pueden poner en peligro el libre acceso a los servicios de las bibliotecas públicas, que constituye un derecho de la población. La IFLA apoya la libertad de acceso a la información, y continuará oponiéndose a todas las circunstancias que puedan reducir dicha libertad…

La justificación que generalmente se hace de este derecho (que el uso de obras protegidas por el derecho de autor a través de las bibliotecas públicas perjudica las ventas) carece de fundamento demostrado. De hecho, el préstamo realizado a través de las bibliotecas públicas suele contribuir a la difusión de las obras protegidas por el derecho de autor, a la promoción de las obras de nuevos autores y promueve las ventas….

A diferencia de la Directiva sobre Derechos de Autor de la Unión Europea, no existe ningún otro acuerdo que exija la implementación de un DPP” (Fin de la cita).

Pues bien: si la directiva 92/100 es la única disposición legal del mundo que obliga a pagar un canon por préstamo, l@s bibliotecari@s que, igual que la IFLA pensamos que es un peligro, tenemos la obligación de derribarla.

No es fácil, pero la propia UE tiene una fórmula: La iniciativa ciudadana europea. “Gracias a esta medida, un millón de ciudadanos de la Unión que residan en al menos una cuarta parte de los Estados miembros pueden instar a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico que consideren necesaria para la aplicación de los Tratados de la Unión. Con la iniciativa ciudadana europea, los ciudadanos de la Unión tienen un derecho similar al derecho de iniciativa del Parlamento Europeo y del Consejo”.

Desde el 1 de abril de 2012 se han impulsado más de cuarenta iniciativas. Ahora mismo hay seis registradas, que se encuentran en la fase de recogida de firmas, y otras tres ya han alcanzado el número necesario de firmas (Right2Water, Uno de nosotros y Stop Vivisection).

Las bibliotecas europeas tienen muchos más de un millón de usuari@s que podrían firmar para que la directiva 92/100 se anule. Si las asociaciones bibliotecarias y l@s bibliotecari@s de a pie se lo proponen, lo conseguimos.

La asociación contra el préstamo de pago en bibliotecas invita a SEDIC, que tiene much@s asociad@s y buenas conexiones con asociaciones europeas, a dejarse de debates estériles y abrir una iniciativa ciudadana europea contra el canon. Y se ofrece para colaborar en la medida de sus capacidades.

¿Nos ponemos a ello?

Como posdata, una pregunta para CEDRO. Ustedes, como el Ayuntamiento de Azuqueca, recurrieron el RD 624/2014 aunque en sentido inverso. ¿No les da vergüenza que, tal y como hemos visto en la sentencia del Tribunal Supremo al recurso contra el canon, uno de sus propósitos fuera anular dos exenciones consagradas por el decreto: la de que no tengan que pagar los préstamos que hacen los bibliobuses en poblaciones menores de 5.000 habitantes y los realizados a personas con discapacidad?

Editores contra el canon por préstamo de libros

El Estado español ha iniciado los trámites para a incorporar a su legislación la directiva europea 92/100, que obliga a las bibliotecas a pagar por prestar sus libros a los lectores. Esta directiva constituye un ataque a uno de los pilares del derecho de autor: el sistema de excepciones que garantiza la utilidad social de la propiedad intelectual –y, así, su legitimidad–, y que tradicionalmente ha amparado, entre otros usos, el préstamo bibliotecario. Es, asimismo, una norma netamente ideológica cuya única explicación es el intento irracional de llevar la privatización de los servicios públicos hasta sus últimas consecuencias.

La implementación del canon bibliotecario significará la reducción de los presupuestos que nuestras bibliotecas pueden dedicar a la compra de libros, lo cual afectará especialmente a numerosas ediciones minoritarias pero de gran valor bibliográfico. Todo ello en uno de los países de la Unión Europea con menor gasto social en bibliotecas y más atrasados en cuanto a indicadores de lectura.

Las bibliotecas son compañeras de viaje inseparables de cualquier editorial: como herramienta de trabajo, como memoria de su labor, y como encarnación de la dimensión comunitaria de la literatura. En un país como España, donde hay una producción editorial desmesurada sin relación con el número de lectores, la protección y ampliación de las bibliotecas supone una garantía de que los azares del mercado no condenarán al olvido nuestra labor profesional.

Por eso, los editores abajo firmantes exigimos al Ministerio de Cultura y al Gobierno de España que emplee todos los recursos a su alcance para evitar la aplicación de la directiva 92/100 estableciendo las alianzas necesarias con otros países de la UE cuyos gobiernos se han manifestado en contra de esta medida.

  1. Área de Edición y Producciones Audiovisuales del Círculo de Bellas Artes. César Rendueles.
  2. Ediciones Acuarela.
  3. Ediciones Akal, S.A.
  4. Ediciones Istmo.
  5. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Fernando García Burillo. Inmaculada Jiménez Morell.
  6. Ediciones Trea, S. L.
  7. Editorial Legua.
  8. Editorial Traficantes de Sueños.
  9. Editorial Txalaparta.
  10. Foca Ediciones.
  11. H. Blume-Tursen, S.A.
  12. LADINAMO Libros. Carlos Prieto.
  13. Media vaca. Vicente Ferrer Azcoiti y Begoña Lobo Abascal.
  14. Factoría K de libros