Madrid, 23 de abril de 2008

Ante la celebración del Día del Libro, la Plataforma Contra el Préstamo de Pago quiere hacer constar una vez más su rotunda oposición a la directiva 2006/115/CE, que grava el préstamo de libros a las bibliotecas públicas imponiendo un canon por esta actividad. La Plataforma considera que esta medida, introducida a través de la Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, supone un grave perjuicio para la función principal de éstas: facilitar el libre acceso de todos los ciudadanos a la cultura y a la información. Ése es el sentido que le reconocen instituciones como la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias) y la UNESCO. Por otro lado, el hecho de que el canon sea recaudado a la administración por entidades privadas supone una perversión de los principios fiscales difícil de asumir desde la defensa de los servicios públicos como mecanismos de garantía de los derechos ciudadanos.

La Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas sigue instando al Gobierno para que promueva en Europa, junto a otros Estados, un debate sobre la posible retirada de una directiva que introduce parámetros mercantiles en una tarea de servicio público que no tiene por qué ser gravada y que, con toda seguridad, será perjudicada en su misión de fomentar la lectura en un país cuyos índices dejan mucho que desear.

40. [Moción] Presentada por el grupo mixto (Izquierda Unida) en el sentido de que este Ayuntamiento declare que las bibliotecas, archivos, museos, fonotecas, etcétera, cumplen una función de difusión de la cultura y el pensamiento, que supone un fortalecimiento de los valores democráticos y otros extremos (P-378/08). […] Tras […] el correspondiente debate corporativo se somete a votación la moción, la cual queda aprobada por unanimidad.

Todos los grupos políticos coincidieron en que la pretensión de las sociedades de gestión de los derechos de propiedad intelectual de gravar el préstamo de libros en las bibliotecas municipales no es admisible, por lo que no están dispuestos a aplicar tal canon en la capital aragonesa y, en dicho sentido, pedirán al Gobierno central que no cree dicha tasa. Asimismo, coincidieron en destacar que las bibliotecas cumplen con una labor sociocultural de primer orden y suponen un servicio de interés público que es costeado por toda la ciudadanía.

Puedes ver su obra en www.Kalvellido.net

“Si me das mas información me lo kurro [una viñeta contra el canon].
Para mi es un LUJO ir a la biblioteka sakarme 5 libros , leérlos y devolverlos! Me dá rabia kuando kompro un libro, lo leo lo koloko en mi estanteria y muere en silencio( para siempre). Pokas veces me he leido un libro más de una vez, lo ke si hago es prestarlos.Pero no todo el mundo disfruta de lo ke a mí me gusta, asi ke siempre akaban amontonándose por el suelo de mi habitación , en los armarios ya no kaben más.
Pero no estoy muy informao sobre el tema del kannon ( lo rekonozko) ya ke supongo ke hasta el dia ke me kobren por sakar un libro no me jodería y entonces si ke haría algo.
Explíkame komo va? En ke konsiste? Si está ya aplikao? A kién afekta?
SALÚ!
JKAL”

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Para empezar, Colodrón expuso una serie de datos referidos a bibliotecas públicas de titularidad municipal o provincial (sin mencionar los correspondientes a bibliotecas más o menos especializadas pero igualmente públicas, a las que el canon también afectará, como pueden ser la Red del CSIC o las de los Ministerios u otros organismos públicos). Según CEDRO, la situación bibliotecaria española ha experimentado un avance significativo en los últimos quince años y su tradicional retraso ya no es un argumento válido para solicitar una moratoria en la aplicación de la Directiva 2006/115/CE. Riera apuntó que esa multiplicación geométrica de préstamos se debía básicamente a la incorporación de material audiovisual en los fondos (recordando de paso que la Directiva surgió en realidad de la preocupación de la UE por el aumento del alquiler de vídeos), pero Colodrón indicó que los libros seguían suponiendo “un 52% del total de préstamos”, porcentaje que él consideraba suficiente.

A continuación reveló, como “noticia de última hora”, que hace pocos días el Ministerio de Cultura ha ingresado directamente a CEDRO (que se encargará de hacer la redistribución entre SGAE, DAMA y VEGAP) 1300000 euros en concepto de “primer pago” por los préstamos realizados en 2007, cantidad cuya base de cálculo se desconoce (pero que, al parecer, ha sido considerada una cantidad “ridícula” y una “tomadura de pelo” por otras sociedades de gestión europeas). Ha sido una medida apresurada, para sortear la penalización de la UE, y que pretendía por una vez descargar de ese peso retrospectivo a los Ayuntamientos en señal de “buena voluntad”. En este punto, ante los comentarios del público asistente, hubo de reconocer que la excusa continuamente esgrimida por el Ministerio de Cultura de que “el ciudadano no tiene que pagar nada” es falsa, puesto que lo hace indirectamente a través de sus impuestos.

Ambos ponentes señalaron que la legislación (Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas) se ha llevado a cabo con prisas y mal, pero por distintas razones. El representante de CEDRO consideraba que el canon tendría que haber sido regulado mediante reforma de la Ley de Propiedad Intelectual; asimismo hubiera querido que la recaudación repercutiera también en las editoriales, pero el texto legal no las menciona: la gestión es obligatoriamente colectiva, por lo que todo el dinero iría a parar a l@s autor@s (sean o no soci@s de CEDRO). Luego avanzó que una comisión específica (formada en parte por autor@s) de CEDRO está preparando y estudiando la redacción del reglamento para gestionar el canon, destinando en principio una parte de la recaudación a engrosar un fondo asistencial y estableciendo convenios bilaterales con los países de origen de l@s autor@s extranjer@s. También sopesan la posibilidad de establecer unos límites mínimos y máximos por autor/a, para que no se produzcan demasiadas desigualdades.

La representante de FESABID resumió diversos argumentos en contra de la legitimidad del canon (empezando por la dudosa competencia que hace el préstamo bibliotecario a las ventas de libros), y dijo que, entre otras cosas, la misma palabra “armonización” de la Directiva 2006/115/CE es incorrecta, pues nunca se ha demostrado que el mercado interior europeo sufriera desarreglos a consecuencia de la limitación de derechos de autor a causa de la prerrogativa de préstamo público y gratuito en las bibliotecas. De hecho, la UE ha abierto expediente a Finlandia y Dinamarca en dos ocasiones por no reformar sus métodos de subvención a l@s autor@s conforme a la norma, aunque en ambos casos se ha cerrado sin más consecuencias (al contrario que en los casos de España, Italia y Portugal, que se han saldado con penalización económica y cuyo sector profesional bibliotecario constituye hasta ahora el núcleo de la oposición a la Directiva).

En cualquier caso, la transposición será incorrecta si el Real Decreto de desarrollo de la Ley pretende cobrar por cada obra adquirida con destino a préstamo, pues se supone que esta remuneración se dirige a compensar cada préstamo particular realizado. Riera defendió que, aunque de este modo la medida quizá resultara aún más gravosa, al menos se aplicaría con rigor y respetando su objetivo. En este aspecto estuvieron completamente de acuerdo tanto Colodrón como Bercovitz, y entonces surgieron las preguntas inevitables: ¿qué ocurrirá con las obras descatalogadas que ya no se encuentran a la venta, pero sí se conservan en fondos bibliotecarios? ¿Qué ocurrirá con los libros de autor@s que ya están en dominio público (o que son anónimos, o de autoría múltiple como en el caso de las publicaciones periódicas, que al parecer son objeto de préstamo actualmente en la mayoría de las bibliotecas públicas)? ¿Y qué ocurrirá con l@s autor@s que se han manifestado oficialmente en contra del canon, incluso plasmando en la contraportada de sus libros la exigencia de respeto a su voluntad de no recibir ninguna compensación económica por ese concepto? El representante de CEDRO respondió que, en ese caso, se verían obligados a discriminar tales obras de la recaudación colectiva. El moderador, con la ley en la mano, afirmó tajantemente que las obras en dominio público no generan remuneración por su préstamo, y confirmó que el derecho de distribución de la obra de un autor/a “no es irrenunciable, pero depende de las condiciones del contrato firmado con el editor, pues puede haberlo cedido al mismo”. También aprovechó para indicar un error advertido en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y que consiste en que, al olvidar la inclusión de un artículo determinado, la consulta de obras en la sala de lectura sería en rigor considerada como préstamo y no quedaría exenta de remuneración.

Para profundizar en el tema, el próximo 27 de Febrero la misma Patricia Riera impartirá en SEDIC un curso monográfico titulado “Derechos de autor: Implicaciones legales de los servicios que ofrecen las bibliotecas” (http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_08_1tr5.asp).

CARLOS TAIBO (PROFESOR Y ENSAYISTA)
“Estoy radicalmente en contra de ambas medidas, aunque entiendo que quien contempla la escritura como trabajo y como fuente de beneficios vea las cosas desde otra perspectiva. Trabar el crecimiento de las bibliotecas es a mi entender una aberración, y una medida contraproducente: lo único que se hace es acabar con eventuales lectores del futuro.”

ANTONIO ORIHUELA (POETA E HISTORIADOR)
“Es otra acometida más en la privatización de lo público. Una mala noticia para quienes creemos en el bien común pero estupenda para reafirmar y continuar con la naturalización de las políticas neoliberales.”

ENRIQUE FALCON (POETA)
“Bueno, son medidas increíblemente estúpidas. Me cuesta imaginar cómo a alguien se le ha podido ocurrir esto.”

SANTIAGO ALBA RICO (FILOSOFO Y ENSAYISTA)
“Si el lector es el enemigo, si es sospechoso de querer leer, si no se puede evitar que lo haga, al menos que pague por ello, como los que sólo quieren comprar. No me parece extraño, una vez se ha aceptado la lógica capitalista, que las mafias obliguen a pagar a los campesinos sus propias semillas y a los lectores sus propios pensamientos.”