Comunicado de la Comisión Técnica de Cooperación del Consejo de Cooperación Bibliotecaria

Buenos días,

El pasado 12 de febrero se celebró en Pamplona el Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB). Este órgano, de carácter colegiado y composición interadministrativa canaliza, de forma genérica, la cooperación bibliotecaria entre las administraciones públicas. Fue creado por la Ley 10, 2007, de 22 de junio de la lectura, del libro y de las bibliotecas y desarrollado legalmente a través del RD 1573/2007 de 30 de noviembre, por el que se aprueba su Reglamento.

El CCB funciona en Pleno y a través de Comisiones y entre ellas existe la Comisión Técnica de Cooperación (CTC) de Bibliotecas Públicas de la que forman parte representantes de todas las CC.AA. y de la FEMP, además del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Desde hace tiempo, uno de los asuntos que ocupa y preocupa a la CTC de Bibliotecas públicas es la aplicación del derecho de remuneración a los autores por el préstamo de sus obras, realizados en determinados establecimientos accesibles al público. El conocido como canon bibliotecario. En este sentido y con motivo de la celebración del Pleno del CCB, desde la CTC de Bibliotecas públicas se elevó a dicho órgano el Posicionamiento de la Comisión frente a este asunto y que dado el consenso adquirido por la práctica totalidad de Comunidades Autónomas, consideramos de interés para el conjunto de la profesión y de las bibliotecas públicas afectadas, y por ello transcribimos a continuación su contenido íntegro:

La Unión Europea ha promulgado desde 1992 diversas Directivas encaminadas a la protección de los derechos de autor en los países miembros. Dichas Directivas han sido transpuestas en cada Estado a su realidad nacional, tanto en lo referente a sus infraestructuras culturales y sociales como a la de sus lenguas y la protección de sus autores.

Determinados países han buscado con sus transposiciones nacionales proteger a los autores que producen en lenguas nacionales y a sus industrias editoriales; otros han decidido retribuir de forma universal a todos los autores. Por otro lado, el conjunto de países de nuestro entono han asumido el pago de esta retribución por parte de las Administraciones públicas, a distintos niveles. Del mismo modo, varían mucho entre los distintos países las fórmulas de cálculo de dichas cuantías así como su cantidad económica.

El espíritu de las distintas Directivas europeas se ha encaminado, por tanto, a la protección de los derechos de los autores y cada Estado miembro ha arbitrado la fórmula de llevarlo a cabo.

En España, el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por el préstamo de sus obras, realizados en determinados establecimientos accesibles al público, y que desarrolla la Ley 10/2007 de 22 de junio, establece que en España el cálculo para retribuir el derecho de autor se calculará a través del uso de las bibliotecas (esencialmente de las bibliotecas públicas) y que deberá ser asumido por las Administraciones públicas titulares de las mismas.

Además, en estos momentos, las bibliotecas públicas en España pasan en por una situación crítica. Más del 95% de ellas son de titularidad municipal, y son los municipios los que están sufriendo especialmente las consecuencias de la actual coyuntura económica. Por este motivo, esta nueva tasa supone un nuevo elemento que grava la prestación de este servicio público claramente infradotado. El pago de esta retribución saldrá esencialmente de los presupuestos de estos centros que verán, de este modo, mermados, aún más, sus recursos y que actualmente están muy por debajo de cualquier normativa o recomendación de los organismos internacionales.

Las CC.AA. reunidas en sesión el día 11 de febrero de 2015 en el seno de la CTC de Bibliotecas Públicas, conjuntamente con la FEMP, son conscientes del derecho del autor a ser retribuido, y de la necesidad de aplicar las directivas europeas vigentes. Las Bibliotecas somos aliadas de los autores y de su obra, conservamos y difundimos sus creaciones, trabajamos en la mejora de la educación y la cultura de nuestros ciudadanos. Por este motivo, no podemos compartir que la necesidad de cumplir con la obligación de retribución vinculada con las competencias de propiedad intelectual, deban ser asumidas por administraciones cuyas competencias son, exclusivamente, la de ofrecer servicios públicos directos a los ciudadanos. Los municipios, en este sentido, no son competentes en materia de propiedad intelectual.

Una vez puesto de manifiesto la consideración de que las bibliotecas y las administraciones titulares de las mismas no son competentes en materia de propiedad intelectual y que por lo tanto no deben asumir la protección a los autores que exige la Unión Europea, entendemos que la gestión del Real Decreto conlleva una tramitación administrativa y económica difícilmente aplicable.

Por último, nos consta la incomodidad de las propias entidades de gestión de los derechos de autor ante el contenido del Real Decreto que regula el sistema, al igual que las administraciones responsables de su aplicación. Tanto en lo referente a las fórmulas de cálculo como en las cuantías a percibir. Y en esta línea se están realizando recursos en instancias superiores de los Tribunales de Justicia.

Ante esta situación que no satisface a ninguna de las partes, esto es, Entidades de Gestión y Administraciones titulares de las bibliotecas públicas, las CC.AA. reunidas en sesión del 11 de febrero de 2015 : Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia, más los representantes de la FEMP, consideramos necesario:

1. La modificación del actual Real Decreto por un sistema más simple de interpretar y de aplicar.

2. La asunción por parte del Estado del pago completo de esta retribución para todos los centros públicos afectados, tal y como ya se hizo en el año 2008. De esa manera, España se equipararía a lo establecido por la gran mayoría de países europeos de nuestro entorno y podría así generar un sistema de liquidación más simple y directo, y que estamos seguros sería del agrado, también, de las entidades de gestión.

Es importante, en cualquier caso, poner de manifiesto que las cuantías de la que hablamos se estiman en este momento en torno a los 550.000 euros al año. Cantidades que entendemos perfectamente asumibles por parte del Estado.

Finalmente, queremos reiterar que las Administraciones titulares de las bibliotecas no son responsables de las competencias sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, y que las bibliotecas públicas, sus recursos, están siendo víctimas de un problema mal resuelto.

Óscar Arroyo Ortega
Secretario de la CTC de Bibliotecas Públicas

Celebrando el Día de la Biblioteca

El 24 de Octubre algunas bibliotecas aprovecharon para celebrar su día reivindicando el préstamo libre y gratuito con actividades festivas.

Así, las Biblioteques d’Oliva (València) organizaron un photocall reivindicativo con distintos “bocadillos”…

Sillón reivindicativo de la BP de Oliva

…y la Biblioteca de Tres Cantos (Madrid) realizó una exposición y una guía de lectura especial para la ocasión.

Día-de-la-Biblioteca-en-Tres-Cantos

¡Cuéntanos tu experiencia!

ANABAD contra el canon

Reproducimos el comunicado de ANABAD rechazando la implantación del canon por préstamo bibliotecario según el Real Decreto 624/2014.

La reciente publicación en el BOE del pasado 1 de agosto de 2.014 del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público, suscita entre los profesionales de las bibliotecas un amplio rechazo.

Desde la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas ANABAD manifestamos igualmente nuestro rechazo a la implantación de este canon, no sólo por lo que supone económicamente para la maltrecha situación de las bibliotecas, si no por cuanto obliga a las bibliotecas a pagar por el mero hecho de prestar aquellos servicios básicos que las leyes les confiere, poniendo así en peligro la propia esencia de la biblioteca y su supervivencia como servicio público.

Manifestamos también nuestra repulsa por cuanto que no se ha tenido en consideración ni una sola de las aportaciones que ANABAD formuló en el plazo legal que se dio para ello, mostrando así el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el máximo desprecio por la opinión y el criterio de las y los profesionales de las bibliotecas.

EL CANON

De entrada hemos de manifestar nuestro criterio contrario al establecimiento del canon que se habrá de abonar en adelante por parte de las administraciones titulares de las bibliotecas públicas (en su mayor parte de carácter municipal) a quienes ostenten el derecho de propiedad intelectual por la realización del servicio público de préstamo bibliográfico a los usuarios de las bibliotecas públicas.

No tiene sentido que las bibliotecas públicas paguen por cumplir un servicio que le es propio, en relación a las funciones que le confiere el artículo 13, punto 4, apartado c de la Ley 10/2.007, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas.

ANTECEDENTES

Advertimos en la trasposición de la directiva de la Unión Europea y en cuanta literatura ha habido a su alrededor que se pone especial cuidado en no recordar cuál ha sido su origen. Quizá convenga hacerlo en este momento.

Apareció en los países nórdicos de Europa, una región que por sus propias características sociodemográficas poco o nada se parece a la nuestra: pese a su poca población real, proporcionalmente son muchos sus lectores, pero los escritores en las lenguas vernáculas tenían que sufrir las consecuencias de un alto nivel de colonización lingüística y cultural por parte de la literatura anglófona, lo que propiciaba que las lenguas de dichos países no alcanzaran el nivel que sin duda era de desear por ellos.

Contrariamente a este fenómeno, las bibliotecas en particular y los servicios públicos de lectura en general sí habían obtenido un gran desarrollo, por lo que los responsables culturales de aquellas latitudes pensaron que la ayuda que los autores precisaban podría llegarles a través de las bibliotecas públicas.

Tal era y es el grado de desarrollo de las políticas bibliotecarias en aquellos países, que quedaron señalados como paradigma de la gestión bibliotecaria, siendo fijados sus parámetros normales como estándares bibliotecarios determinados por IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios) y por UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), aunque, cuando tales recomendaciones y pautas llegan a las administraciones españolas, siempre se buscan todos los pretextos necesarios para justificar que aquí nunca se llegue a alcanzarlos.

NUESTRA REALIDAD

Parece ser que ahora en esto del canon sí nos vamos a homologar de inmediato.

En nuestro país y en nuestro entorno cultural e idiomático la realidad es muy distinta: Hay un gran número de hispanohablantes, y en consecuencia de potenciales lectores, hay una potentísima plantilla de autores y autoras que escriben en nuestra lengua, el español, en España y en toda Latinoamérica. La industria editorial es (o era hasta hace poco) una de las más punteras del país, y, desde luego; ni la literatura española e hispana, ni la producción editorial en español están en peligro; ni siquiera lo están los otros idiomas co-oficiales que coexisten con el español, merced a las muy diversas ayudas que arbitran las respectivas administraciones públicas.

En la actualidad las bibliotecas en España se encuentran en una escandalosa situación de pauperización y recesión:

.- No se construyen nuevas instalaciones

.- No se mantienen convenientemente las ya existentes

.- Las colecciones bibliográficas están quedando anticuadas, deterioradas por el uso y obsoletas como consecuencia de haber bajado considerablemente los incrementos bibliográficos.

.- No se repone al personal cesante

.- Las plantillas se están desprofesionalizando

.- Hay casos de redes regionales en las que a día de hoy no se ha implementado el catálogo colectivo electrónico, ni el carnet único, aunque pueda parecer mentira.

.- Las ediciones electrónicas de libros y revistan no han llegado a la mayoría de las bibliotecas

.- Las secciones de hemeroteca prácticamente han desaparecido en los últimos años

.- Entre la falta de presupuestos para ello y la censura ideológica que se impone en muchos lugares, prácticamente no se propician actividades de animación y de promoción lectora.

.- Tras la finalización del Plan E de fomento de la lectura y el de fomento de las inversiones en materia informática para la instalación de servicio de acceso público a Internet en las bibliotecas, ambos impulsados por el anterior gobierno de la nación, han disminuido notablemente las inversiones en ambas materias.

Ante este panorama descrito someramente, la aplicación de un canon por el préstamo público puede ser la puntilla a muchos de los servicios bibliotecarios.

Las subvenciones a los Ayuntamientos, también en materia bibliotecaria, están en franca vía de extinción, por lo que cargar a los presupuestos municipales un nuevo concepto de gasto, será realmente gravoso para las arcas locales.

Los editores no aprecian la vía de las bibliotecas para sus actividades de promoción de las novedades y prefieren por lo general los canales comerciales.

Las Ferias del Libro (cuando y donde se realizan) y/o sus actividades promocionales están siendo desvinculadas del ámbito bibliotecario.

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Si las bibliotecas públicas prestan un servicio público, de éste no sólo se benefician los lectores y lectoras que retiran los libros en préstamo, no. Pues a día de hoy, a los dos años de ser editado un libro, éste puede ser descatalogado por el editor cumpliendo determinadas condiciones (ciertamente fáciles de cumplir); a partir de ese momento (incluso en muchos casos antes), la biblioteca pública se convierte en el único referente, el único lugar de público acceso en el que poder encontrar aquellos libros “antiguos”, de dos años y un día de antigüedad; Este servicio de custodia es un servicio básico del que se benefician todos, pero muy especialmente los autores y editores, como ellos se benefician del hecho de que los datos de los asientos bibliográficos estén colgados de los catálogos de las bibliotecas para mayor difusión o de que los libros recién comprados por las bibliotecas sean colocados en los anaqueles de novedades de los centros para pública contemplación.

Igualmente hay que considerar un servicio que sus títulos y recomendaciones queden incorporados a guías de lectura y a centros de interés, o que de algunos de ellos se hagan adquisiciones masivas de ejemplares para ser utilizados en los clubs de lectura que suelen dirigir los bibliotecarios y bibliotecarias en todos los centros del país. Clubs que en ocasiones cuentan con la presencia de los autores a quienes se ha leído, los cuales frecuentemente cobran o pretendan cobrar por su presencia.

La presencia de los autores y autoras en los centros son fundamentales para poner en contacto a los escritores con sus lectores, y tanto la administración central como los editores prefieren usar para esto los canales comerciales, o a lo sumo los colegios e institutos de enseñanza antes que las bibliotecas.

En cualquier caso estamos hablando de servicios no siempre básicos, como sí lo es el de préstamo, que trascienden al propio de la mera lectura y consulta en sala, y que son de indudable interés para los lectores, los autores y los editores.

Las estadísticas de las librerías dan testimonio de las ventas, y nada más, mientras que las memorias anuales y las estadísticas elaboradas por los servicios bibliotecarios informan incluso a los editores de muchas peculiaridades que podrían ser de su interés. Todo ello supone un gasto y un esfuerzo para la administración bibliotecaria y su personal.

LAS ENTIDADES DE GESTIÓN

Estas son las autenticas protagonistas de lo que está ocurriendo en la actualidad. Dejando bien sentado que las reconocemos como legítimas representantes de los creadores y de los derecho-habientes por causa de lo establecido en la Ley de la Propiedad Intelectual, también hemos de manifestar al respecto del rol por ellas desempeñado en la actualidad algunas cuestiones de interés:

1ª Alguna estuvo en su estructura demasiado vinculada al antiguo régimen dictatorial (censura ideológica), lo que ha dejado en su acervo demasiados tics de comportamiento.

2ª Han sido protagonistas, en casos, de noticias poco edificantes con respecto al uso de los dineros que han administrado.

3ª En muchas de ellas nos llama la atención la verticalidad gremial de su organización, agrupando a autores y editores, como en los sindicatos franquistas se agrupaban a productores y empresarios.

4ª Pretendían, y por este decreto han conseguido, que la administración trabaje para ellas: en la praxis tributaria la administración es quien presenta al contribuyente la liquidación, pues aquí no. El contribuyente (la administración bibliotecaria) será en lo sucesivo quien tenga que cumplimentar todos los pasos y abonar el impuesto (canon); algo inaudito.

5ª Es frecuente que en su cúpulas se practique el juego de las “puertas giratorias” como salida fácil desde la administración de los ministerios y universidades, práctica denostada generalmente por la población.

6ª Aunque viene explicado de manera un tanto obtusa, tanto en el Real Decreto (Artículo 8º) como en la propia Ley de Propiedad Intelectual se confunde la condición de autor con la de derecho–habiente, resultando que el último concepto incluye también a los editores, por eso nos tememos que cuando se habla de “regular la distribución de la remuneración” se refiere tanto a la distribución entre las distintas entidades de gestión, en razón de las especialidades creativas a que representen, como al reparto monetario entre creadores y editores o productores.

7ª Pese a no aparecer en ningún lugar del texto legislativo, tenemos la seguridad de que este canon es entendido por las entidades de gestión como lo que ellas y en su entorno se conocen como derechos genéricos, es decir aquellos cuyos ingresos son utilizados por las entidades básicamente para satisfacer sus gastos generales y de sostenimiento de sus estructuras y su cúpula organizativa, y que por ser genéricos, no se entrega ni en su totalidad ni mayoritariamente su producto a cada uno de los autores, como contrariamente se nos da a entender.

EL REAL DECRETO

En su preámbulo, y en cuanto a la gestión y al pago, establece que “para el caso específico de las administraciones locales, se prevé que las asociaciones de entidades locales podrán actuar en su representación, siempre que aquellas acuerden otorgarles tal representación.”, pues bien: recomendamos a dichas administraciones locales que no lo hagan, que fuercen la situación para que cada liquidación se haga por separado y de forma independiente y no deleguen su autonomía de gestión ni en diputaciones ni en asociaciones regionales o mucho menos en federaciones de ámbito estatal.

RECURSO

Encontramos en la parte dispositiva del Real Decreto elementos más que suficientes para recurrir la aplicación de tal disposición. Se enumeran por el orden de su articulado, en la confianza de que cada administración que desee practicar los recursos podrá esgrimir las cuestiones que más y mejor convengan a sus intereses:

Artículo 1. Objeto.

Mientras que en la Ley y en la Directiva europea, así como en toda la literatura al uso se habla como objeto la “compensación”, aquí se establece como objetivo la “remuneración”. Entendemos que no es lo mismo remunerar que compensar, aunque el resultado perseguido sí sea igual.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Aunque se mencionan ciertos establecimientos distintos (museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas), realmente el peso tributario de este decreto caerá sobre las bibliotecas casi en exclusividad.

Quedan eximidos los centros radicados en municipios de menos de 5.000 habitantes (muchos o la mayoría de los cuales carecen de biblioteca) y las bibliotecas de las instituciones docentes.

No se considera que la mayoría de los colegios de enseñanza previa a la universitaria carecen de bibliotecas como tales, pues las bibliotecas escolares en España constituyen un subsistema bibliotecario aún por desarrollar y se encuentran en estado muy precario; por lo tanto, poco sería lo que tendrían que abonar tanto las bibliotecas rurales como las escolares.

Sobre todo, no se tiene en consideración que un número muy importante de los usuarios y lectores de las bibliotecas públicas son estudiantes de los distintos niveles educativos que acuden a las bibliotecas públicas porque están mejor dotadas que las educativas (si existen; tienen mejores instalaciones, horarios más amplios y disponen de personal cualificado; todo lo cual es costeado por la administración de la biblioteca pública.

Esto ayudará a la desaparición paulatina de la biblioteca en su sentido amplio, en beneficio de esas salas de lectura y estudio que están proliferando, sin préstamo de libros, con una mediocre colección de referencia y atendidas por un guardia de seguridad. Eso no son bibliotecas.

Artículo 3. Hecho generador.

En el apartado c) se declara fuera de la obligación de abonar el canon por los préstamos en beneficio de personas con discapacidad, según el artículo 31 bis 2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual establece la exención siempre que la obra “guarde relación directa con la discapacidad de que se trate”.

Y ¿cómo saberlo?. No nos parece ni ético este planteamiento, si es que fuera constitucional. En el futuro, al inscribir a un nuevo usuario/a de la biblioteca ¿habrá que preguntarle si tiene alguna discapacidad y de qué tipo es ésta? A quienes ya son lectores, ¿se les habrá de formular una pregunta en este mismo sentido?

Artículo 4. Sujetos beneficiarios.

Es, sin duda un artículo demasiado breve. Quizá para no reconocer que se beneficiarán y mucho los editores y productores, tanto como los propios autores aunque se está difundiendo la idea de que los únicos beneficiarios habrán de ser los artistas, creadores e intelectuales.

Artículo 5. Sujetos obligados al pago de la remuneración y procedimiento de pago.

Estimamos que en este apartado se ha de requerir a las entidades de gestión para que entreguen a los pagadores relación de los miembros a quienes representa cada una, pues consta que ni todos los autores son miembros de las mismas, ni todos están de acuerdo en la aplicación de este decreto.

El aludido acuerdo de reparto entre las entidades de gestión habría de ser en función de cada biblioteca pues, en cada una afortunadamente el fondo es distinto y su distribución temática y de soportes es muy diverso.

Artículo 6. Colaboración entre Administraciones Públicas.

Hemos de dejar constancia de que el Consejo de Cooperación Bibliotecaria opera al margen de los centros bibliotecario y de las asociaciones de profesionales.

Artículo 7. Cálculo de la cuantía de la remuneración.

No estando conformes en la remuneración, poco cabe decir sobre cómo se calcule su montante.

Las bibliotecas en general por la carencia de medios y de personal no están en condiciones de hacer anualmente el cómputo de las obras que están sujetas al pago del canon. Tampoco todas las bibliotecas, por carecer de sistemas informáticos adecuados, están en condiciones de conocer el número de obras que han sido objeto de préstamo cada año, pues conociendo el número de préstamos, hay obras que se prestan una sola vez (o ninguna) y otras innumerables veces. El texto del propio decreto confunde “obras” con “ejemplares”

Artículo 8. Distribución de la remuneración.

Se establece que el criterio utilizado para efectuar el reparto deberá ser “objetivo, proporcional y de público conocimiento”. Para que sea objetivo habrá de serlo en función del listado de las obras prestadas. Las liquidaciones habrían de ser individuales.

El público conocimiento debería ser previo a la liquidación y al pago por parte de la biblioteca.

Disposición transitoria. Aplicación del cálculo de la cuantía de la remuneración.

No se da ninguna razón que explique porqué hasta enero de 2.016 el cálculo se hará por el número de libros adquiridos. Salvo que se piense en el Ministerio y en las entidades de gestión que a partir de esa fecha va a disminuir la compra de libros.

José-María Nogales Herrera
Vicepresidente
ANABAD

Los Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) responden a CEDRO

Bibliotecaria Sin Tijeras se ha alegrado mucho de ver el valiente comunicado de los rectores que deja las cosas claras ante los ataques de CEDRO a las universidades españolas:

‘La CRUE ha elaborado un documento ante las demandas que CEDRO está realizando contra diferentes universidades, por ahora la Carlos III y la Autónoma de Barcelona, pretendiendo cobrar 5 euros por alumno por el uso de los Campos Virtuales:’

Comunicado de la CRUE ante las demandas interpuestas por CEDRO en concepto de “piratería”

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) desea expresar su malestar por las demandas iniciadas por la entidad privada CEDRO contra las universidades Carlos III de Madrid y Autònoma de Barcelona. Asimismo, quiere dar a conocer los siguientes puntos:

COMUNICADO

 Las universidades españolas no aceptan, en ningún caso, que se las relacione con la práctica de la “piratería”. Las universidades, por su propia naturaleza y función, son fuente de creación y transferencia de conocimiento por lo que, lejos de “piratas”, son grandes generadoras de propiedad intelectual.

  La CRUE ha solicitado en numerosas ocasiones a la asociación privada CEDRO, el listado de autores cuyos derechos dice gestionar y por los que pretende cobrar un precio de 5 euros por alumno, fijado unilateralmente por ella. Las universidades desconocen los autores por los que CEDRO pretende cobrar. Hasta la fecha, y a pesar de las numerosas solicitudes de CRUE, CEDRO no ha facilitado ningún dato al respecto.

  La CRUE mantuvo negociaciones con CEDRO desde julio de 2010 para alcanzar un acuerdo que resolviera esta situación, a través de una comisión mediadora del Ministerio de Cultura. CEDRO rompió las negociaciones, de forma unilateral cuando se le solicitó la lista de autores, aún cuando la CRUE mostró su disposición a seguir con la negociación, siempre y cuando, como condición sine qua non, facilitasen el listado de los autores que dicen representar.

  Las universidades lamentan profundamente que CEDRO utilice, tanto las demandas judiciales como su filtrado a los medios de comunicación, como medida de presión para “sentarse a negociar”, según han declarado en algunos medios.

 Otros datos de interés:

 Las universidades españolas cuentan con más de 100.000 autores, lo que supone un número muy superior al que CEDRO declara que representa, 18.648 autores y 1.749 editoriales.

  Las universidades españolas pagan más de 130 millones de euros anuales en concepto de recursos electrónicos, que corresponden a la compra de monografías, suscripción a publicaciones periódicas, compra de bases de datos y otros materiales documentales en formato electrónico. En este importe se conceden numerosos y diversos derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos’.

CEDRO ataca de nuevo. Esta vez a las Universidades españolas.

Bibliotecaria Sin Tijeras creía que CEDRO, como las otras entidades de gestión privadas, estaban ya semiderrotadas. Entre sus escándalos de corrupción -ver SGAE- y que  los recortes están dejando a nuestras pobres bibliotecas escuálidas, parecía que CEDRO había tenido que reconocer que no tenía tajada que sacar.

Pero se equivocaba BST. Era demasiado optimista puesto que CEDRO ha encontrado una nueva víctima: las Universidades españolas a las que acusa de ‘piratería’ por “distribuir sin autorización, entre sus alumnos, contenidos con copyright”.

Propuesta de CEDRO según http://algo-nuevo.blogspot.com.es

Así CEDRO ha puesto una demanda a la Universidad Carlos III de Madrid porque ha “subido sin licencia a su campus virtual (la red informática interna a la que tienen acceso los alumnos: el equivalente digital al antiguo servicio de fotocopias) materiales protegidos por derechos de autor”.

‘Javier de la Cueva, abogado experto en propiedad intelectual’ afirma, por el contrario, ‘que las universidades ya desembolsan cada año 130 millones de euros en concepto de suministros de documentación “y ahí entran los derechos de autor”. Además, prosigue De la Cueva, las universidades “cuentan con 100.000 autores (los profesores universitarios) que no perciben dinero por sus publicaciones académicas, mientras que Cedro solo tiene 18.000 autores”. Este abogado asegura que la CRUE pidió a Cedro información sobre a qué autores representaba: “Las universidades han decidido no desembolsar nada en tanto no obtengan respuesta”, indica.

De la Cueva añade: “no se conoce el caso de un solo autor que haya cobrado de las reproducciones de artículos universitarios que se la pagan a Cedro”.’

Otra víctima es la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a la que  ‘Cedro exige más de un millón a la UAB por el uso de copias de libros’. Francamente, a BST le parece un auténtico despropósito intentar lucrarse de esa manera a costa de las Universidades y de sus bibliotecas en un momento como este en que les estan recortando sin pausa ninguna.

Nuestra propuesta. Fuente: partido-pirata.blogspot.com

Y atención que BST ve que para mayo está programado el  II Congreso Internacional de Propiedad Intelectual que  ‘bajo el título: «La compensación equitativa por copia privada en España y en la Unión Europea. Nueva regulación y perspectivas de armonización»’ promete darnos nuevos temas de preocupación.

Manifiesto 24-O Día de la Biblioteca (Asamblea contra la Privatización de la Cultura del 15M)

Con motivo de la celebración del Día de las Bibliotecas el próximo 24 de Octubre, la Asamblea contra la Privatización de la Cultura del 15M publica el siguiente manifiesto y convoca una concentración en la plaza de Puerta de Toledo, al lado de la Biblioteca Pedro Salinas, a las 19:00.

MANIFIESTO 24-O DIA DE LA BIBLIOTECA
ASAMBLEA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA CULTURA

La Asamblea contra la Privatización de la Cultura manifiesta su desacuerdo con la actual política de privatizaciones y recortes de todos los servicios públicos y, en concreto, de los que se llevan a cabo en las bibliotecas públicas.

Dichas medidas de recorte afectan a las bibliotecas públicas de esta manera:

· En las bibliotecas municipales de Madrid el presupuesto para actividades culturales (cuentacuentos, talleres, tertulias filosóficas, clubes de lectura, cursos) se ha recortado un 60%. Además, la gestión se ha entregado a una empresa privada con sede en Sevilla. La Comunidad de Madrid ha reducido un 80 % el presupuesto destinado a las mencionadas actividades, y ha suprimido todas ellas, incluso las ya programadas, desde Noviembre

· En Granada se ha cerrado la Biblioteca Pública del Zaidín.

· En la Biblioteca Valenciana parte del edificio ha sido sustituido por oficinas administrativas de la Consejería de Cultura de la Generalitat, bajo la excusa del ahorro en instalaciones, que está desmantelando el proyecto de dicha biblioteca autonómica.

· Recorte en el presupuesto de Adquisiciones y suspensión del servicio de petición de adquisiciones por parte de los/as usuarios/as.

· En la Biblioteca Nacional hay 482 subcontratados/as por empresas privadas en una plantilla de unos/as 600 empleados/as públicos. Esta política de privatizaciones iniciada hace años, para la realización de funciones básicas de esta institución, se continúa realizando a pesar de que la demanda de contratación directa de este personal externo supondría un ahorro de hasta un 40% del presupuesto destinado a este concepto.

· Las bibliotecas públicas están obligadas a pagar por los préstamos que realizan en concepto de derechos de autor. Es un gasto que se realiza por duplicado ya que las bibliotecas ya pagan al comprar sus ejemplares. Además, este dinero es recaudado por entidades de gestión como SGAE y CEDRO, empresas de carácter privado.

POR TODO ESTO Y MUCHO MÁS

PROPONEMOS

1. Las bibliotecas públicas deben ser gratuitas, y han de estar financiadas y bajo la responsabilidad de todas las personas que forman parte de la comunidad.

¡No al cierre de Bibliotecas Públicas!

¡Por el mantenimiento de los servicios bibliotecarios!

2. El personal, actividades y los servicios que prestan las bibliotecas públicas debe ser gestionado por las instituciones públicas.

¡No a los despidos de personal bibliotecario!

¡Por la contratación directa del personal externo!

¡No al préstamo de pago!

POR UNA CULTURA PARA TODOS Y TODAS

¡NO A LAS POLÍTICAS DE PRIVATIZACIÓN!

¡NO A LOS RECORTES!

Asamblea Contra la Privatización de la Cultura

Manifiesto de BiblioSol

Desde hace más de dos semanas, el llamado Movimiento 15-M (nacido a raíz de la manifestación convocada el pasado 15 de Mayo de 2011 por la plataforma Democracia Real Ya) se ha instalado en un campamento indefinido en la Plaza del Sol de Madrid para reivindicar de forma permanente un cambio en el sistema sociopolítico imperante en la actualidad.

La acampada cuenta con todos los servicios básicos necesarios para el desarrollo de una pequeña comunidad, y entre ellos destacan dos bibliotecas (una infantil y otra general) cuyo manifiesto fundacional reproducimos a continuación, con la satisfacción de comprobar que comparte los principios rectores de nuestra Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas.

¡Felicidades, BiblioSol! ¡Animamos a todo el mundo a visitarla en directo o a través de su web: http://bibliosol.wordpress.com/!

MANIFIESTO DE BIBLIOSOL

DERECHO A LA INFORMACIÓN Y BIBLIOTECAS

1. El derecho a la información es un derecho imprescindible para que las personas puedan ejercer la participación en los procesos democráticos, así como para el análisis, evaluación y crítica de los mismos y de las decisiones adoptadas en ellos. Sin este derecho no existe la democracia.
2. Junto a los medios de comunicación, las bibliotecas son los canales esenciales por los que las personas pueden informarse y elaborar un pensamiento crítico.
3. Las bibliotecas públicas son un instrumento básico para el acceso libre de todos los seres humanos, sin discriminación de ningún tipo, al conocimiento, la información y la cultura.

POR TANTO

1. Es necesario que cualquier órgano representante o decisorio provea a todas las personas de bibliotecas suficientes y bien equipadas de recursos materiales plurales y heterogéneos y personas cualificadas.
2. Las bibliotecas públicas deben ser gratuitas, y han de estar financiadas y bajo la responsabilidad de todas las personas que forman parte de la comunidad. Deben establecerse legislaciones específicas para su protección y cuidado.
3. La carestía de medios y personal en las bibliotecas no puede ser utilizado como argumento para su privatización o para la externalización de sus servicios, sino que los órganos competentes públicos deben comprometerse en cuidar y sostener con los medios públicos necesarios estas instituciones para que garanticen a la comunidad el derecho de acceso a la cultura y a la información.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y BIBLIOTECAS

1. Toda creación humana, y en concreto la artística e intelectual, está basada en ideas anteriores que conforman la base del patrimonio cultural de la humanidad.
2. Además, una gran parte del conocimiento y la creación artística que se produce ha sido financiada por las personas que conformamos la comunidad pero es aprovechada más tarde por las grandes corporaciones empresariales que desarrollan patentes o por las gestoras privadas que cobran cánones, y obligan a los usuarios a pagar derechos de propiedad intelectual por creaciones que ellos mismos primeramente sufragaron.
3. Las bibliotecas públicas también son financiadas por la comunidad.

POR TANTO,

1. Nos oponemos a que los y las que administran lo público se sometan a los intereses económicos ajenos a las necesidades humanas mediante el cobro de un canon a los usuarios en concepto de derechos de autor por las obras prestadas.
2. Los órganos administradores de lo público no pueden sustraer del presupuesto bibliotecario dicho canon.
3. Las bibliotecas públicas ya pagan los derechos de autor cuando adquieren las obras que forman parte de sus colecciones.
4. No debe aplicarse en ninguna biblioteca pública el denominado Préstamo de Pago, que además no se utiliza para sufragar a los autores, sino que es recaudado por entidades de gestión como SGAE y CEDRO, es decir, empresas de carácter privado.

Insumisión

Según la noticia aparecida en el diario Público el pasado 2 de Diciembre, la aprobación de la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas en 2007 no ha logrado persuadir a las instituciones responsables de pagar el canon por préstamo en las bibliotecas públicas. Ese mismo año, como excepción, el pago “simbólico” de nada menos que 1.300.000 euros corrió a cargo del Ministerio de Cultura, pero en 2008 sólo Madrid, Navarra, Aragón y Murcia abonaron la tasa correspondiente a sus bibliotecas, y en 2009 los pagadores se redujeron a los dos primeros. Más aún, tres Ayuntamientos contestaron por escrito a los requerimientos de CEDRO negándose a asumir el pago: Salamanca, en abierta rebeldía; Almería y Sevilla, advirtiendo que mientras no se publique el reglamento previsto en la normativa vigente no aplicarán el mandato.

El canon bibliotecario, pues, sigue sin ser una realidad en España por mucho que la letra de la ley trate de dar la imagen contraria. La Plataforma Contra el Préstamo de Pago continuará esforzándose para que esta insumisión de hecho se materialice en una realidad de derecho.

Más info: http://www.publico.es/349651/el-canon-que-casi-nadie-paga

El BNG contra el préstamo de pago en bibliotecas

No siempre la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas recibe una adhesión tan clara a nuestras posturas contra el canon bibliotecario como ésta del Bloque Nacionalista Galego. 

Ojalá el resto de partidos políticos se expresaran tan claramente contra los abusos de las sociedades privadas de gestión de derechos de autor. 

Desde aquí animamos a los otros partidos políticos, también a los de implantación estatal, a que no se queden en las mociones contra el canon en los ayuntamientos y den un paso más, como ahora lo hace el BNG, y lleven la oposición al canon al Parlamento Europeo.  
 

EL BNG DEMANDARÁ EN EL PARLAMENTO EUROPEO LA SUPRESIÓN DEL CANON BIBLIOTECARIO 

Ana Miranda considera que “es una tasa injusta, ya que en las bibliotecas públicas debe primar el derecho al acceso a la cultura”

Santiago de Compostela, 1 Junio 09.- La cabeza de lista del BNG al Parlamento Europeo, Ana Miranda, anunció hoy su compromiso, recogido en el programa electoral del BNG, de trabajar para que se suprima el canon bibliotecario en la Unión Europea.  

Ana Miranda considera que la directiva europea 2006/115/CE que establece el canon bibliotecario “es una norma injusta, sobre la que no existe un acuerdo en la Unión Europea y que generó una gran oposición social”. La candidata del BNG subraya que “en las bibliotecas públicas debe primar el derecho al acceso a la cultura sobre el mercantilismo”.  

La directiva 2006/115/CE fue transpuesta en el Estado español a través de la Ley 10/2007, del 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, que establece un canon para los usuarios, fijado de manera provisional en 0,20 €, por cada obra adquirida en las bibliotecas públicas de municipios de más de 5.000 habitantes. “Esto está suponiendo muchos millones de euros para el erario público que benefician a las entidades de derechos de autor”, subraya Ana Miranda.  


Las bibliotecas públicas son quien mejor defienden los derechos de los autores 


La candidata del BNG justifica la necesidad de suprimir el canon bibliotecario recordando que “las bibliotecas públicas son quien mejor defienden los derechos de los autores ya que fomentan la lectura”. Además, recuerda que “el derecho de acceso a la cultura que propician las bibliotecas a través del préstamo justifica jurídicamente una limitación del derecho de propiedad intelectual, en consonancia con la proclamación constitucional de su función social”.  

Ana Miranda destaca también que el préstamo de libros en el Estado español sigue siendo de los más bajos de la UE: 1,18 al año frente a la media europea de 5,0.  

“En un escenario de crisis es injustificable que se grave aún más los presupuestos, ya de por sí escasos, de las bibliotecas públicas 

Por otra parte, la candidata del BNG al Parlamento Europeo considera “injustificable que en un escenario de crisis económica en el que ya se están reduciendo los presupuestos para adquisiciones de algunas bibliotecas públicas, es inadmisible gravarlas con el canon bibliotecario”.

Añade también que “es muy cuestionable que trabajadores públicos, como son los bibliotecarios, dediquen una parte de su jornada laboral a proporcionar unos datos que benefician, sobre todo, a una entidad privada de gestión de derechos de autor”.  

Por último, la cabeza de lista del BNG recuerda que la aplicación de la directiva 2006/115/CE “ya fue motivo de polémica en otros países, como lo demuestra las sanciones impuestas por este motivo por la Comisión Europea: a Bélgica en 2003 y los procedimientos de infracción iniciados en 2004 contra el Estado español, Irlanda, Italia, Portugal, Dinamarca, Suecia y Finlandia”:  

Saludos: Gabinete de Prensa del BNG.

Actuaciones del Defensor del Pueblo

En respuesta a las miles de firmas contra el canon que le fueron entregadas el 23 de Abril de 2008, Día de la Biblioteca, se recibió el pasado 17 de Febrero de 2009 un escrito del Defensor del Pueblo.

En él comunica que envió la reclamación de la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas al Defensor del Pueblo Europeo, quien a su vez la ha transmitido al Parlamento Europeo “al objeto de que sea considerada como petición y puedan emprenderse por sus servicios las acciones que resulten oportunas al respecto”. Ello supone una invitación a hacer presentes las reivindicaciones de la Plataforma en esta institución europea.

Igualmente, el Defensor del Pueblo mandó copia del escrito al Ministro de Cultura, cuya contestación fue que “el Grupo de Trabajo de Normativa del Consejo de Cooperación Bibliotecaria va a trabajar en la redacción de un texto consensuado por todas las Administraciones Públicas titulares de bibliotecas”. La respuesta de este Ministerio vincula positivamente el canon con las adquisiciones bibliográficas, de manera que “cuanto más y mejor se doten las colecciones de las bibliotecas públicas y más y mejores servicios de lectura pública ofrezcan, mayor será la cuantía de la remuneración y mayores los ingresos de los autores por este concepto”. Como quiera que la Plataforma no comparte esta visión del asunto, está resuelta a impulsar al máximo su campaña de mociones contra el canon en todos los ayuntamientos del Estado (que a día de hoy ya suman 27, como puede comprobarse en http://noalprestamodepago.org/mociones-ayuntamientos/).