Carta abierta de la Asociación Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas

Estimados miembros de SEDIC, estimados miembros de CEDRO, estimados autores, lectores y bibliotecarios:

Entre las noticias ofrecidas en el último boletín informativo de SEDIC, Clip Nº 74, leemos que en una fecha indeterminada ha tenido lugar un debate sobre el motivo que dio lugar al nacimiento de nuestra Asociación: el préstamo de pago. Nos sentimos francamente sorprendidos por dos razones:

1. El debate lleva por título “Canon de pago del préstamo interbibliotecario [sic]”, cuando dicha carga monetaria no se impone sobre el servicio de préstamo entre sucursales bibliotecarias, sino sobre el servicio de préstamo directo al usuario; es decir, sobre el fundamento de la biblioteca misma.

2. Siendo la Asociación Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas sobradamente conocida por todas las partes, un interlocutor directísimamente implicado en esta cuestión -que es toda su razón de ser y por la que lleva luchando más de una década-, nadie (ni SEDIC, organizadora del evento; ni Julián Marquina, su coordinador; ni la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria; ni CEDRO… aunque esto es comprensible) ha tenido a bien comunicarle previamente que dicho debate iba a tener lugar. Muchísimo menos dignarse invitarle a participar.

Con franqueza, no podemos por menos de pensar que la omisión ha sido intencionada, pues si se examina a las personas que sí fueron invitadas y consultadas se deduce fácilmente que la intención era tener una mesa de debate bastante inclinada hacia un solo lado. El artículo publicado en Clip sobre el contenido del debate afirma que estuvo estructurado en tres bloques y desde nuestro punto de vista falta el cuarto: el de l@s bibliotecari@s crític@s con el canon.

Los intereses del “bloque” CEDRO no necesitan explicación: recaudar dinero, incluso en nombre de los numerosos autores que se niegan a que la entidad actúe en contra de su voluntad (esto del “derecho irrenunciable” debería revisarse).

En el bloque de los autores, se ignoró conscientemente a las voces disidentes. Y no solo eso, sino que a lo largo de todo el debate parece deslizarse una peligrosa calumnia cuyo origen desconocemos: la de que ciertas bibliotecas pretenden hacer boicot a los autores que se hayan posicionado a favor del canon. Resulta especialmente ruin (¿y con qué fin, nos preguntamos?) este intento de convertir en enemigos a los que siempre han sido los mejores aliados.

Y respecto al bloque bibliotecario, la organización se preocupó de que estuviera compuesto exclusivamente por profesionales partidarios del canon o, como mínimo, del cumplimiento escrupuloso de la Ley, que no se cuestionan el fondo tremendamente injusto de la misma sino solamente la forma menos gravosa de ejecutarla. Quienes no mantenemos esa postura no fuimos convocados para no romper la armonía buscada.

Más allá de nuestra asociación, hay infinidad de bibliotecari@s que no están a favor del RD 624/2014: la mayoría de los que han visto bajar drásticamente los presupuestos de adquisiciones en los últimos años (Bibliotecas Públicas Españolas en cifras: en 2010 55.750.535 €; en 2014 26.253.900). En un debate leal habría que haber preguntado a l@s bibliotecari@s municipales que bregan con la escasez si piensan que, en el caso de que sus ayuntamientos se vean obligados a pagar el canon, resultará o no perjudicado el presupuesto de compras de sus bibliotecas.

El rechazo que provoca el canon al préstamo entre l@s bibliotecari@s es universal. De 2016 es el documento Posición de la IFLA al Derecho de Préstamo Público que, entre otras cosas, afirma textualmente que la IFLA “No favorece los principios del “derecho de préstamo” que pueden poner en peligro el libre acceso a los servicios de las bibliotecas públicas, que constituye un derecho de la población. La IFLA apoya la libertad de acceso a la información, y continuará oponiéndose a todas las circunstancias que puedan reducir dicha libertad…

La justificación que generalmente se hace de este derecho (que el uso de obras protegidas por el derecho de autor a través de las bibliotecas públicas perjudica las ventas) carece de fundamento demostrado. De hecho, el préstamo realizado a través de las bibliotecas públicas suele contribuir a la difusión de las obras protegidas por el derecho de autor, a la promoción de las obras de nuevos autores y promueve las ventas….

A diferencia de la Directiva sobre Derechos de Autor de la Unión Europea, no existe ningún otro acuerdo que exija la implementación de un DPP” (Fin de la cita).

Pues bien: si la directiva 92/100 es la única disposición legal del mundo que obliga a pagar un canon por préstamo, l@s bibliotecari@s que, igual que la IFLA pensamos que es un peligro, tenemos la obligación de derribarla.

No es fácil, pero la propia UE tiene una fórmula: La iniciativa ciudadana europea. “Gracias a esta medida, un millón de ciudadanos de la Unión que residan en al menos una cuarta parte de los Estados miembros pueden instar a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico que consideren necesaria para la aplicación de los Tratados de la Unión. Con la iniciativa ciudadana europea, los ciudadanos de la Unión tienen un derecho similar al derecho de iniciativa del Parlamento Europeo y del Consejo”.

Desde el 1 de abril de 2012 se han impulsado más de cuarenta iniciativas. Ahora mismo hay seis registradas, que se encuentran en la fase de recogida de firmas, y otras tres ya han alcanzado el número necesario de firmas (Right2Water, Uno de nosotros y Stop Vivisection).

Las bibliotecas europeas tienen muchos más de un millón de usuari@s que podrían firmar para que la directiva 92/100 se anule. Si las asociaciones bibliotecarias y l@s bibliotecari@s de a pie se lo proponen, lo conseguimos.

La asociación contra el préstamo de pago en bibliotecas invita a SEDIC, que tiene much@s asociad@s y buenas conexiones con asociaciones europeas, a dejarse de debates estériles y abrir una iniciativa ciudadana europea contra el canon. Y se ofrece para colaborar en la medida de sus capacidades.

¿Nos ponemos a ello?

Como posdata, una pregunta para CEDRO. Ustedes, como el Ayuntamiento de Azuqueca, recurrieron el RD 624/2014 aunque en sentido inverso. ¿No les da vergüenza que, tal y como hemos visto en la sentencia del Tribunal Supremo al recurso contra el canon, uno de sus propósitos fuera anular dos exenciones consagradas por el decreto: la de que no tengan que pagar los préstamos que hacen los bibliobuses en poblaciones menores de 5.000 habitantes y los realizados a personas con discapacidad?

Comunicado de la Plataforma sobre el futuro decreto del canon

La Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas comunicó hace unos días que estaba valorando la posibilidad de presentar una alegación al inminente decreto que va a empeorar el canon del préstamo.

Terminado el plazo de presentación de alegaciones, la Plataforma informa de que no ha llegado a presentar dicha alegación porque ha creído que sería un trabajo de nula eficacia. El gobierno aparenta dar la posibilidad de corregir los borradores de leyes, pero luego ni dice cuántas alegaciones ha recibido ni las acepta.

Sin embargo, la Plataforma considera que se pueden tomar medidas más eficientes. Veamos alguna:

1. Una vez publicado el decreto, se debería impugnar por la vía contencioso-administrativa. Esto sólo puede hacerlo una entidad administrativa que resulte directamente afectada: una comunidad autónoma o un ayuntamiento. La Plataforma conoce algún ayuntamiento que está dispuesto a hacerlo, y anima a los compañeros que trabajan en bibliotecas municipales a que informen sobre el tema a sus alcaldes y concejales, proponiéndoles que se sumen a esa posible impugnación. Cuantos más sean los recurrentes más fuerza tendrá el recurso. El decreto tiene suficientes puntos flacos (las obras de dominio público, el adelanto del pago por parte de las administraciones grandes, la opacidad del reparto de lo recaudado…) como para cargarse de razones jurídicas.

2. Por otra parte, cuando se promulgue el decreto, cualquier ciudadano puede presentar una reclamación ante la Defensora del Pueblo. Aquí se pueden utilizar argumentaciones más a pie de calle, por ejemplo que para la ciudadanía es una agresión que, con sus impuestos, sus ayuntamientos paguen dinero a entidades de gestión privada gastando un dinero que debería emplearse en comprar libros para su biblioteca pública. El Día del Libro podría ser una buena fecha para que los bibliotecarios empezáramos una campaña de recogida de firmas con un escrito en ese sentido.

3. La tercera cosa que se puede hacer es impulsar una campaña de desobediencia civil, de manera que los usuarios se nieguen a que se cuenten sus préstamos. Se puede invocar para ello la ley de protección de datos.

La Plataforma contra el Préstamo de Pago agradecerá las respuestas que los bibliotecarios quieran hacer a estas propuestas y, por supuesto, cualquier otra idea que sirva para defender a la biblioteca pública contra la voracidad de las entidades de gestión de derechos, en nuestro caso CEDRO, interesada sólo en la búsqueda de su propio provecho.

No al préstamo de pago en bibliotecas públicas.

14-N: Bibliotecas en huelga

LAS BIBLIOTECAS TAMBIÉN VAN A LA HUELGA GENERAL

Como parte esencial de los servicios públicos destinados a hacer efectivos los derechos de la ciudadanía, y en concreto los derechos culturales, las bibliotecas no pueden permanecer al margen de la convocatoria de huelga general el próximo 14 de noviembre. El camino tomado por el gobierno, en una carrera interminable de recortes, deteriora cada vez más los servicios públicos. Despidos y precarización creciente del personal bibliotecario, cierres de bibliotecas, recortes de horarios, copago bibliotecario, falta de dinero para adquirir fondos, es el panorama cotidiano que encontramos en las bibliotecas.

Pero, además, la crisis es la excusa perfecta para imponer una ideología y unos valores que desatienden los derechos y las necesidades de los ciudadanos para atender en exclusiva a un ente llamado “mercado”, que no es otra cosa que los intereses de enormes poderes económicos cuyo objetivo es lucrarse con los servicios públicos que pagamos entre todos. Empresas multinacionales que buscan privatizar el agua o el sector educativo, inmobiliarias, bancos, entidades aseguradoras y otros agentes económicos van cercando lo público y haciendo valer sus intereses por encima de los de los ciudadanos. El Estado ha renunciado a la defensa de lo público hasta tal punto que externaliza la gestión bibliotecaria con frecuencia pagando un coste superior al que tendría la contratación directa de personal (caso de la Biblioteca Nacional, por ejemplo). Tanto en este caso como en otros, el Estado ha ido renunciando a su papel regulador y redistribuidor y solo se interesa por los ciudadanos cada cuatro años, mientras que en el día a día responde con rapidez a las exigencias de estos poderes económicos. Es patente su falta de sensibilidad hacia el drama de los desahucios, que ya está provocando suicidios, así como hacia otras situaciones que llevan a la desesperación a cientos de miles de ciudadanos. El caso de las bibliotecas no llega a ser tan dramático, pero la educación y los derechos culturales, para cuyo ejercicio las bibliotecas son imprescindibles,   constituyen recursos fundamentales para conseguir una sociedad más cohesionada, equilibrada  y solidaria.

La Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas opina que solo la movilización social puede enderezar el rumbo de unas políticas económicas que están conduciendo a una sociedad de “sálvese quien pueda”,  asfixiando a la ciudadanía e hipotecando el futuro de la juventud al recortar derechos conquistados con muchísimo esfuerzo a lo largo de varias décadas. Por todo ello, la Plataforma anima a todo el sector bibliotecario a sumarse a la huelga convocada el 14 de Noviembre por la mayoría de los sindicatos, huelga que, además, está convocada en otros Estados de nuestro entorno.

LAS BIBLIOTECAS NO SON UN GASTO, SON UNA INVERSIÓN

24 de octubre: Día de (los recortes en) la Biblioteca

Las bibliotecas públicas españolas llegaron a la democracia en estado de shock. Las pocas que entonces existían estaban en locales inadecuados y maltrechos, con personal insuficiente, fondos escasos y obsoletos, prácticamente sin actividades culturales… Tenían en común con sus homólogas europeas el nombre, pero en todo lo demás estaban a años luz.

Durante las últimas décadas la situación ha ido cambiando. Gracias a las inversiones realizadas por las instituciones, y a la profesionalidad de los bibliotecarios, las bibliotecas españolas se han ido transformando y pareciéndose más a las de otros países europeos, aunque todavía están lejos de igualarlas en cantidad de libros per cápita, personal, metros cuadrados disponibles o partidas presupuestarias.

Pero el camino recorrido en los últimos treinta y cinco años está empezando a desandarse a una velocidad de vértigo con el pretexto de la crisis. Algunas administraciones sólo saben ahorrar de lo escaso, y cuando empiezan a recortar gastos ponen inmediatamente sus ojos en la cultura. Y así, en los últimos meses van conociéndose drásticos recortes en los presupuestos de compra de materiales bibliotecarios, personal, mantenimiento de edificios, actividades… y van siendo moneda común los cierres de servicios, que a veces son parciales -y precisamente afectan a los momentos en los que los usuarios tienen más tiempo libre: los meses de verano, o los sábados- pero en ocasiones son cierres definitivos de bibliotecas municipales, sucursales de barrio, bibliobuses…

Simultáneamente se está extendiendo el proceso de privatización de servicios bibliotecarios fundamentales, como la programación y realización de las actividades culturales. Bajo el pretexto de abaratar costes se le está quitando a la biblioteca pública una de sus funciones para dársela a la empresa privada que, como es bien sabido, no actúa gratis. La consecuencia de ello es que este servicio, gestionado privadamente, se acaba encareciendo o baja notablemente de calidad.

La Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas siente que el 24 de octubre, Día de la Biblioteca en España, es un día de preocupación en este año 2011. Y hace un llamamiento a todos los bibliotecarios y usuarios de bibliotecas para que defiendan una biblioteca pública de calidad porque, si nadie la defiende, puede desandar en muy poco tiempo el camino que tan trabajosamente ha recorrido desde que volvió la democracia a nuestro país.

Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas

Indignaos

Desde la Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas tomamos prestado el título del estupendo libro de Stéphane Hessel para invitaros a protestar de nuevo. Esta vez por la privatización de los servicios bibliotecarios de las bibliotecas públicas municipales de A Coruña. Os proponemos que entréis en el blog de su alcalde: http://www.coruna.es/videoblog/?cat=3 y le mandéis el texto que va abajo. Y que se lo enviéis también a los tres grupos municipales con representación en ese municipio:
grupo.municipal.socialista@coruna.es; bng@aytolacoruna.es; contacto@pplacoruna.es

Acordaos de quitar este encabezamiento, cambiar la parte referida a si sois bibliotecario/a y/o usuario/a (si queréis), y completar los datos con vuestro nombre completo, DNI, ocupación y localidad. Por favor, si recibís alguna respuesta, enviádnosla al correo de la Plataforma
adhesiones@noalprestamodepago.org

Os agradeceríamos que distribuyeseis este correo entre vuestros compañeros y compañeras de trabajo, amigos/as, contactos, listas de distribución, etc. Demostremos que no vamos a permanecer impasibles ante los ataques a servicios públicos tan importantes como las bibliotecas, ocurran donde ocurran.

Sr. Alcalde y grupos municipales de A Coruña:

Ante la privatización de la gestión de las bibliotecas públicas municipales de su localidad, quisiera manifestarles mi sorpresa e indignación por semejante medida debido a las siguientes cuestiones:

– Los servicios de biblioteca pública son servicios públicos y, como tales, deben garantizar el derecho de todas las personas al acceso a la cultura, la información, la formación y el ocio.

– La gestión de estos servicios, al tratarse de bibliotecas públicas municipales, es responsabilidad del Ayuntamiento al que ustedes pertenecen y para el que fueron elegidos por los/as habitantes de A Coruña.

– Las bibliotecas, como cualquier servicio público, no buscan una rentabilidad económica, sino social. Privatizar la gestión de los servicios bibliotecarios supone introducir el afán de lucro, propio de la empresa privada, y caer en el riesgo de relegar la función social de la biblioteca.

– Reconocidos organismos internacionales como la IFLA (Internacional Federation o f Library Associations and Institutions) y la UNESCO definen perfectamente cuál es el papel de una biblioteca pública, y les recomiendo la consulta de sus pautas y declaraciones para despejar cualquier duda (ver http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm y http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf).

– Nunca se ha demostrado que un servicio privatizado funcione mejor y sea menos costoso que ese mismo servicio cuando era público. Más bien se maquillan los datos económicos y siempre se recortan los derechos de los/as trabajadores/as.

– Resulta decepcionante que un partido político (PSOE) que debería defender un modelo mucho más social y comprometido de gestión de los servicios públicos, siga apoyando criterios neoliberales de rentabilidad económica, privatice la gestión de las bibliotecas y ponga así en riesgo su existencia, desarrollo, calidad de servicios y espíritu social. La excusa de la crisis económica, crisis que no hemos provocado los/as ciudadanos/as, nos resulta manida y falsa.

Como bibliotecario/a y/o usuario/a de las bibliotecas públicas, les insto a que se replanteen tal decisión y adopten las medidas necesarias para que las bibliotecas de A Coruña vuelvan a ser totalmente públicas, se les dote de los recursos necesarios y se ofrezcan unos servicios bibliotecarios de calidad.

Atentamente le saluda,

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Ocupación (si se quiere poner bibliotecario/a o usuario/a):

Localidad:

Contra la privatización de servicios bibliotecarios en Alcalá de Guadaira‏

Desde la Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas, queremos animarte a protestar por la privatización de los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Pública Municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Te proponemos que envíes el correo electrónico siguiente a las direcciones que te facilitamos del alcalde, concejales, grupos políticos, etc., de la corporación municipal.

Acuérdate de quitar este encabezamiento, copiar las direcciones en el apartado “Para”, cambiar la parte de referida a si eres bibliotecario/a y/o usuario/a (si quieres), y completar los datos con tu nombre completo, DNI, ocupación y localidad.

Por favor, si recibes alguna respuesta, envíanosla al correo de la Plataforma adhesiones@noalprestamodepago.org.

Te agradeceríamos que distribuyeses este correo entre tus compañeros y compañeras de trabajo, amigos/as, contactos, listas de distribución, etc. Demostremos que no vamos a permanecer impasibles ante los ataques a servicios públicos tan importantes como las bibliotecas, ocurran donde ocurran.

alcaldia@alcalaguadaira.org, gruposocialista@alcalaguadaira.org, grupoandalucista@alcalaguadaira.org, grupoiu@alcalaguadaira.org, grupopopular@alcalaguadaira.org, secretario@alcalaguadaira.org, vicesecretario@alcalaguadaira.org

Sr. Alcalde y restantes miembros de la Corporación Municipal de Alcalá de Guadaira,

Ante la privatización de la gestión de la biblioteca pública municipal de su localidad, quisiera manifestarles mi sorpresa e indignación por semejante medida debido a las siguientes cuestiones:

– Los servicios de una biblioteca pública son servicios públicos y, como tales, deben garantizar el derecho de todas las personas al acceso a la cultura, la información, la formación y el ocio.

– La gestión de estos servicios, al tratarse de una biblioteca pública municipal, es responsabilidad del Ayuntamiento al que ustedes pertenecen y para el que fueron elegidos por los/as habitantes de Alcalá de Guadaira. No basta con hacer un edificio nuevo, sino que también hay que pensar y prever que habrá que dotarlo de los recursos materiales y humanos necesarios para ofrecer un servicio de calidad.

– Una biblioteca, como cualquier servicio público, no busca una rentabilidad económica, sino social. Privatizar la gestión de los servicios bibliotecarios supone introducir el afán de lucro, propio de la empresa privada, y caer en el riesgo de relegar la función social de la biblioteca.

– Reconocidos organismos internacionales como la IFLA (Internacional Federation of Library Associations and Institutions) y la UNESCO definen perfectamente cuál es el papel de una biblioteca pública, y les recomiendo la consulta de sus pautas y declaraciones para despejar cualquier duda (ver http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm y http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf).

– Nunca se ha demostrado que un servicio privatizado funcione mejor y sea menos costoso que ese mismo servicio cuando era público. Más bien se maquillan los datos económicos y siempre se recortan los derechos de los/as trabajadores/as.

– Resulta decepcionante que un partido político (PSOE) que debería defender un modelo mucho más social y comprometido de gestión de los servicios públicos, siga apoyando criterios neoliberales de rentabilidad económica, privatice la gestión de una biblioteca y ponga así en riesgo su existencia, desarrollo, calidad de servicios y espíritu social. La excusa de la crisis económica, crisis que no hemos provocado los/as ciudadanos/as, nos resulta manida y falsa.

Como bibliotecario/a y/o usuario/a de las bibliotecas públicas, les insto a que se replanteen tal decisión y adopten las medidas necesarias para que la biblioteca de Alcalá de Guadaira vuelva a ser totalmente pública, se la dote de los recursos necesarios y se ofrezcan unos servicios bibliotecarios de calidad.

Atentamente le saluda,

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Ocupación:

Localidad:

Comunicado ante la privatización de los servicios bibliotecarios

Ante la noticia aparecida estos días que informa sobre la privatización de los servicios de la biblioteca pública de Alcalá de Guadaira (Sevilla), la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas quiere expresar lo siguiente:

– Las bibliotecas públicas forman parte de los servicios públicos, mecanismo ideado por el Estado para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía (entre ellos, el derecho de acceso a la cultura y a la información).

– La gestión de los servicios públicos, como es el caso de las bibliotecas públicas, es responsabilidad del Estado (entendido éste en un sentido amplio, abarcando todas las administraciones públicas), que debe asegurar la prestación de estos servicios con la mayor calidad posible.

– La externalización de los servicios públicos que está teniendo lugar en los últimos años supone una gestión privada que introduce el afán de lucro en actividades que deben regirse únicamente por la rentabilidad social.

– Además, no está demostrado que los servicios privatizados se presten con mayor calidad ni ahorro que cuando su gestión era pública. El aparente abaratamiento de costes no es tal cuando se contabilizan todos los que genera un proceso de externalización, que son en gran parte transferidos a la sociedad (desde los problemas de salud que originan unas condiciones laborales indignas hasta los fallos de seguridad de unas infraestructuras defectuosas).

– La defensa de la biblioteca pública como servicio público es, pues, obligada para la comunidad bibliotecaria si se comparte el espíritu que anima las numerosas declaraciones de los órganos que deben tenerse en cuenta en este sector, como son la IFLA y la UNESCO. No estamos dispuestos a tolerar que el debate sobre la biblioteca pública se centre en la eficiencia de costes y procesos desde la perspectiva de la gestión privada.

– Por último, nos resulta decepcionante que un partido político que debería defender un modelo socialdemócrata de gestión de los servicios públicos siga apoyando criterios neoliberales. Por ello, exigimos la paralización inmediata del proceso de privatización de los servicios de la biblioteca pública de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

El BNG contra el préstamo de pago en bibliotecas

No siempre la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas recibe una adhesión tan clara a nuestras posturas contra el canon bibliotecario como ésta del Bloque Nacionalista Galego. 

Ojalá el resto de partidos políticos se expresaran tan claramente contra los abusos de las sociedades privadas de gestión de derechos de autor. 

Desde aquí animamos a los otros partidos políticos, también a los de implantación estatal, a que no se queden en las mociones contra el canon en los ayuntamientos y den un paso más, como ahora lo hace el BNG, y lleven la oposición al canon al Parlamento Europeo.  
 

EL BNG DEMANDARÁ EN EL PARLAMENTO EUROPEO LA SUPRESIÓN DEL CANON BIBLIOTECARIO 

Ana Miranda considera que “es una tasa injusta, ya que en las bibliotecas públicas debe primar el derecho al acceso a la cultura”

Santiago de Compostela, 1 Junio 09.- La cabeza de lista del BNG al Parlamento Europeo, Ana Miranda, anunció hoy su compromiso, recogido en el programa electoral del BNG, de trabajar para que se suprima el canon bibliotecario en la Unión Europea.  

Ana Miranda considera que la directiva europea 2006/115/CE que establece el canon bibliotecario “es una norma injusta, sobre la que no existe un acuerdo en la Unión Europea y que generó una gran oposición social”. La candidata del BNG subraya que “en las bibliotecas públicas debe primar el derecho al acceso a la cultura sobre el mercantilismo”.  

La directiva 2006/115/CE fue transpuesta en el Estado español a través de la Ley 10/2007, del 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, que establece un canon para los usuarios, fijado de manera provisional en 0,20 €, por cada obra adquirida en las bibliotecas públicas de municipios de más de 5.000 habitantes. “Esto está suponiendo muchos millones de euros para el erario público que benefician a las entidades de derechos de autor”, subraya Ana Miranda.  


Las bibliotecas públicas son quien mejor defienden los derechos de los autores 


La candidata del BNG justifica la necesidad de suprimir el canon bibliotecario recordando que “las bibliotecas públicas son quien mejor defienden los derechos de los autores ya que fomentan la lectura”. Además, recuerda que “el derecho de acceso a la cultura que propician las bibliotecas a través del préstamo justifica jurídicamente una limitación del derecho de propiedad intelectual, en consonancia con la proclamación constitucional de su función social”.  

Ana Miranda destaca también que el préstamo de libros en el Estado español sigue siendo de los más bajos de la UE: 1,18 al año frente a la media europea de 5,0.  

“En un escenario de crisis es injustificable que se grave aún más los presupuestos, ya de por sí escasos, de las bibliotecas públicas 

Por otra parte, la candidata del BNG al Parlamento Europeo considera “injustificable que en un escenario de crisis económica en el que ya se están reduciendo los presupuestos para adquisiciones de algunas bibliotecas públicas, es inadmisible gravarlas con el canon bibliotecario”.

Añade también que “es muy cuestionable que trabajadores públicos, como son los bibliotecarios, dediquen una parte de su jornada laboral a proporcionar unos datos que benefician, sobre todo, a una entidad privada de gestión de derechos de autor”.  

Por último, la cabeza de lista del BNG recuerda que la aplicación de la directiva 2006/115/CE “ya fue motivo de polémica en otros países, como lo demuestra las sanciones impuestas por este motivo por la Comisión Europea: a Bélgica en 2003 y los procedimientos de infracción iniciados en 2004 contra el Estado español, Irlanda, Italia, Portugal, Dinamarca, Suecia y Finlandia”:  

Saludos: Gabinete de Prensa del BNG.

La Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas sigue oponiéndose al canon por el préstamo de libros

El viernes entregan al Defensor del Pueblo las firmas recogidas en contra de la directiva europea 2006/115/CE (antes 92/100/CEE)

El próximo viernes 24 de octubre, coincidiendo con la celebración en España del Día de la Biblioteca, la Plataforma contra el Préstamo de Pago en bibliotecas entregará al Defensor del Pueblo cerca de 100.000 firmas pidiendo la anulación de la directiva europea 2006/115/CE (antes 1992/100/CEE), que establece que los autores pueden prohibir el préstamo público de sus obras o, en su defecto, han de ser compensados económicamente por ello.

Esas firmas, unidas a las entregadas anteriormente por este mismo colectivo al Defensor del Pueblo y al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (237.150) totalizan casi 350.000 en contra del denominado préstamo de pago.

Las bibliotecarias y bibliotecarios españoles comenzaron hace años una firme campaña de movilizaciones en contra de la Directiva europea de 19 de noviembre de 1992 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual –nombre oficial de la directiva que establece el sistema de préstamo de pago- del que esta entrega de firmas es tan sólo un acto más.

En un principio se pidió al Gobierno español que no traspusiese la norma europea a la legislación nacional. Una vez que dicha trasposición se ha producido mediante la Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas pide a la Unión Europea que derogue la directiva.

La Plataforma, integrada principalmente por bibliotecarios, estima que afecta muy negativamente al servicio que las bibliotecas proporcionan a la sociedad.

Según el colectivo, el dinero destinado al pago del canon no se va a ver compensado por un aumento del presupuesto de que disponen las bibliotecas para la compra de libros y la prestación de servicios a sus usuarios. Los perjudicados serían en el fondo los cientos de miles de españoles que son usuarios de las bibliotecas públicas y, en definitiva, toda la sociedad.

Los miembros del colectivo consideran que la implantación de un canon por el préstamo de libros a las bibliotecas públicas supone un grave perjuicio para la función principal de éstas: facilitar el libre acceso de todos los ciudadanos a la cultura y a la información.

A sus miembros les preocupa también el hecho de que el canon sea recaudado a la administración por entidades privadas. Según ellos, este hecho supone una perversión de los principios fiscales difícil de asumir desde la defensa de los servicios públicos como mecanismos de garantía de los derechos ciudadanos.

La Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas sigue instando al Gobierno para que promueva en Europa, junto a otros Estados, un debate sobre la posible retirada de una directiva que introduce parámetros mercantiles en una tarea de servicio público que no tiene por qué ser gravada y que, con toda seguridad, será perjudicada en su misión de fomentar la lectura en un país cuyos índices dejan mucho que desear.