No al préstamo de pago en bibliotecas

Y estamos aquí porque este saqueo es evitable. Depende de cada uno de nosotros/as y de la actitud que tomemos ante ello.

Muchos/as coincidiremos en que la educación y la sanidad son columnas de esta nuestra casa común, y que no se debe permitir socavar los elementos estructurales a riesgo de que la casa se nos venga abajo. Cualquiera que sea nuestra condición, tenemos derecho a la salud y a la educación. Y tenemos derecho a que esa salud y esa educación sean públicas, porque durante años, muchos años, fuimos nosotros y nosotras, y muchos otros antes que nosotros quienes las construimos con nuestro trabajo y nuestra voluntad.

Si bien la educación y la sanidad son unos de los pilares más importantes de nuestro contrato social, no son los únicos. No debemos olvidarnos de los otros servicios públicos. Todos son importantes en mayor o menor medida, y todos, absolutamente todos, son nuestros. También las bibliotecas.

Quizás algunos/as piensen que el mundo puede pasar sin bibliotecas públicas, que nuestra casa común no se va a caer porque pasen a tener un gestión privada, o incluso, porque desaparezcan. Quien piense así no sabe qué es una biblioteca pública.

La biblioteca pública es el paradigma de la universalidad. Todos y todas son bienvenidos en una biblioteca pública sin importar el color de piel, la edad, el género, o las creencias políticas ni religiosas. La biblioteca pública pide poco y ofrece todo lo que tiene a todos sin excepción. Es mucho más que palabras huecas. Es mucho más que un símbolo. La biblioteca pública es la materialización de la libertad. Es un espacio en el que sus profesionales luchan contra cualquier censura o idea preconcebida para que cada cual encuentre lo que busca, quiere o necesita. Allí nadie te preguntará por qué o para qué. En la biblioteca pública todas las ideas tienen su espacio y un camino construido para que cualquiera que lo desee acceda a ellas. En la biblioteca pública te mostrarán ese camino. En la biblioteca pública te ayudarán.

Tenemos el derecho y el deber de defender una biblioteca pública en San Francisco. Nuestra biblioteca. De todos/as. Tenemos el derecho y el deber de defender las bibliotecas públicas. Porque son nuestras. Son garantía y símbolo de nuestra libertad. Y nadie, administración, institución o lobby tiene derecho a arrebatárnoslas.

PRIMERA.- Que aunque seamos conscientes de la existencia de una crisis económica la solución a la misma en absoluto pasa por recortar en educación y cultura si no queremos que las generaciones futuras sufran un atraso en este ámbito respecto a las precedentes.

SEGUNDA.- Que es un deber constitucional, recogido en el artículo 44 de la Constitución, que los poderes públicos deban promover y tutelar el acceso a la cultura.

Que el propio artículo 49,1º,4ª del Estatuto de Autonomía recoge también esta obligación de los poderes públicos de promover el acceso a la cultura.

Este deber deja de cumplirse cuando se dicta ordenes como la que impugnamos que cercena el acceso a la lectura y por tanto límite la posibilidad de acceso a la cultura de la población en general.

TERCERA.- Desde el punto de vista de la legislación mas específica sobre la materia debemos señalar que con la orden impugnada se vulnera la Ley 4/2011 de 8 de marzo de Bibliotecas de la Comunidad Valenciana, que, en su artículo 28, dice que, los poderes los públicos tienen que crear los servicios necesarios para la creación y fomento de los hábitos de lectura.

CUARTA.- En base a todo lo expuesto, entendemos que la orden aprobada por la que se eliminan las ayudas para el fomento al hábito de lectura supone una fuerte limitación al fomento a la lectura, lo cual no se puede permitir la sociedad actual, ni mermar el legado que dejemos las generaciones venideras. Entendemos pues que estimando el presente recurso, en base al artículo 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, declare la nulidad de la supresión de ayudas para la realización de actividades culturales de fomento al hábito de lectura.

En su virtud,

Las Asociaciones Profesionales firmantes de este escrito (ANABAD CASTILLA LA MANCHA, ABIBA, ABITO, BAC y BICRA), que representan en el ámbito de Castilla-La Mancha a bibliotecarios, archiveros, museólogos, arqueólogos y documentalistas, denuncian públicamente el grave deterioro de los servicios prestados por las bibliotecas públicas, los archivos, museos provinciales, parques arqueológicos y Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, como consecuencia del despido de un importante porcentaje de sus trabajadores, del recorte de sus ya escasos recursos, plantilla y horarios, del cierre de centros, que están causando el hundimiento de la red de servicios informativos y culturales públicos de carácter básico que, tras largos años de esfuerzo y profesionalidad, había logrado levantarse en nuestra comunidad.

En concreto, desde 2011 y especialmente en este año 2012 se ha procedido a reducciones de salarios, de horarios de estos centros y de jornadas del personal, a despidos fulminantes y cierres parciales o totales de muchas Bibliotecas Públicas en las cinco provincias, de una forma indiscriminada y con el único punto de vista económico, sin considerar el menoscabo social y cultural para los habitantes castellanomanchegos, obviando la responsabilidad directa de la Administración local y regional en estos servicios públicos. Y por si esto fuera todavía poco, se despide al personal técnico de actividades de la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, y al personal interino de la Administración Regional, medidas que afectan muy gravemente a las Bibliotecas Públicas del Estado que con titularidad del Ministerio de Cultura son gestionadas por la JCCM en cada una de las capitales de la región, lo que supondrá un grave retroceso de sus servicios, que hasta ahora venían proporcionando con rigor y calidad a todos los ciudadanos.

Precisamente la red de bibliotecas públicas de Castilla-la Mancha era hasta hoy alabada a nivel nacional, por el enorme esfuerzo de modernización y calidad que se había llevado a cabo, hasta el punto de que los centros bibliotecarios públicos de nuestra región habían llegado a ser los más visitados y valorados por todos los ciudadanos (después de los centros sanitarios). Es dramática la situación que viven muchas bibliotecas públicas municipales de nuestra región. Cada día conocemos flagrantes casos de reducciones drásticas de horarios, de cierre de bibliotecas y consecuentes despidos de bibliotecarios de pequeños municipios alegando que no pueden sostener económicamente este servicio de vital importancia para la población; desde hace dos años se carece de presupuesto para compra de fondos, realización de talleres y actividades culturales y muchas otras tareas que hasta entonces todos los ciudadanos estaban disfrutando. En definitiva, se está intentando desmantelar toda una red de servicio público bibliotecario que se ha logrado conseguir tras muchos años de trabajo, muchos sacrificios y una importante inversión económica.

En el ámbito de los Archivos Municipales de la región han desaparecido las convocatorias promovidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de ayudas a municipios, agrupaciones y mancomunidades intermunicipales para la contratación de personal técnico de archivos municipales. Durante bastantes años
estas ayudas han estado destinadas a financiar la contratación de personal técnico de archivos o la mejora de las condiciones de sus puestos de trabajo. Muchas de estas contrataciones laborales no llegaron a consolidarse como puestos de trabajo estable, pero, en cualquier caso, cada año se avanzaba en la puesta en marcha de sistemas archivísticos municipales avanzados, aunque fuera con profesionales de archivos contratados con carácter temporal. Toda esa dinámica, esta estrategia a largo plazo, se ha venido abajo totalmente. Solamente algunos pocos municipios en toda la región han podido realizar un sobreesfuerzo y mantener la contratación de un profesional cualificado sin ningún tipo de ayuda externa. Por tanto, se han destruido bastantes puestos de trabajo archivístico de carácter temporal. Aunque fueran temporales, por lo menos cada año existían oportunidades para licenciados en paro con formación archivística de obtener un puesto de trabajo en otro municipio.

En los Archivos Históricos Provinciales (AHP) ha ocurrido, aunque no con tanta gravedad, algo equivalente a las Bibliotecas Públicas del Estado: se han efectuado despidos fulminantes de personal cualificado interino, provocando la suspensión o abandono de sus proyectos técnicos o culturales.

En los Archivos de la Administración autonómica se ha producido más de lo mismo: despidos de profesionales interinos que estaban destinados en puestos de trabajo esenciales. Puede servir de ejemplo el hecho grave de que las provincias de Albacete y Guadalajara se han quedado sin archiveros territoriales de sus respectivas entidades periféricas de administración autonómica, o también el despido fulminante de dos archiveros de Consejerías en Toledo, como si las necesidades urgentes y graves que habían llevado a crear esos puestos técnicos hubieran desaparecido milagrosamente.

Toda esta destrucción de puestos clave de trabajo archivístico en el marco autonómico y en los AHP ha causado el deterioro y la paralización de procesos de tratamiento archivístico, lo que repercute negativamente en la prestación de servicios informativos a la ciudadanía, y retorna al sistema archivístico de Castilla-La Mancha a niveles propios de regiones subdesarrolladas.

Los Museos públicos de nuestra región gestionados por la Comunidad Autónoma, también han visto reducido su personal toda vez que parte de éste, contratado a través de la Fundación de Cultura y Deportes, ha sido despedido; de esta manera servicios de atención al público, fundamentalmente los gabinetes didácticos y las bibliotecas especializadas de estos centros, que venían siendo de capital importancia para la difusión y divulgación de las colecciones museísticas, dejarán de prestarse en un futuro próximo, con un perjuicio considerable para las comunidades escolares, asociaciones y profesionales que los venían utilizando.

La investigación arqueológica (excavaciones sistemáticas) promovida desde la administración ha sido paralizada por completo, lo que afecta tanto a la actividad arqueológica como al desarrollo local y comarcal potenciado a través de convenios con el SEPECAM y los planes de empleo; igualmente se han paralizado los programas y actuaciones sobre los yacimientos visitables y se ha congelado el programa de parques arqueológicos. En éstos se ha cesado a alguno de sus directores (profesionales que han dedicado más de 25 años a ponerlos en marcha) y se prevé su privatización sin que se haya explicado cómo se pretende llevar a cabo ésta.

En tan sólo unos meses, el actual gobierno regional de Castilla-La Mancha destroza la ingente labor de largos años de duro trabajo de profesionales y plantillas de bibliotecas, archivos, parques arqueológicos y museos, dejando en una situación muy precaria unos servicios públicos informativos y culturales imprescindibles para la cohesión social y para el sostenimiento de la democracia, la libertad y el pensamiento crítico. Desde las asociaciones profesionales firmantes instamos al gobierno regional y a la Administración local y provincial para que reconsidere su política cultural y económica, sean conscientes de su responsabilidad directa en las gravísimas consecuencias del abandono de los servicios públicos informativos y culturales y muestren ante la ciudadanía de Castilla-La Mancha que las bibliotecas, los archivos, los museos y los parques arqueológicos no son meros gastos de un estado sino la garantía de la seguridad jurídica de instituciones y personas, del derecho de los ciudadanos a acceder a una información libre y de calidad, del derecho a la cultura, al conocimiento y a la investigación: derechos y garantías que protege y fomenta nuestra Constitución democrática de forma imperativa.

Octubre de 2012.