Con ocasión del congreso de la IFLA 2009 (Milán 23-27 de agosto), representantes de varias organizaciones bibliotecarias se reunieron para debatir el préstamo de pago y las consecuencias de las directivas europeas sobre propiedad intelectual.
Nuestra compañera Blanca Calvo, representante de la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas, participó en este encuentro con la siguiente ponencia:
El canon sobre el préstamo bibliotecario
Comunicación sobre la situación española
1.- La gran marcha atrás
En el asunto del canon del préstamo, el Estado español ha hecho un largo recorrido hacia atrás, como el cangrejo, desde diciembre de 1994, fecha en que publicó la Ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 92/100/CEE, hasta junio de 2007, momento en que se aprueba la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas.
La Ley de 1994 había dejado muy claras dos cosas:
Primero, que las bibliotecas y otros establecimientos de titularidad pública –archivos, museos, hemerotecas, filmotecas- no necesitaban autorización de los autores para prestar los materiales a sus usuarios
Y segundo, que todos esos establecimientos estarían eximidos del pago de cualquier remuneración por realizar préstamos.
No se puede decir que los legisladores no supieran lo que hacían, porque en su declaración de principios,
la Ley justificaba esas dos medidas en el servicio que las bibliotecas -y los archivos, museos, hemerotecas y filmotecas- “prestan al interés general de la cultura”.
Trece años después, en 2007, la primera Ley nacional de bibliotecas que ha tenido España reafirma sólo la primera de esas dos disposiciones: la no necesidad de que los autores den autorización para prestar sus obras. Pero ha introducido de lleno el préstamo de pago, no sólo afirmando que se “remunerará a los autores por los préstamos que realicen de sus obras”, sino además renunciando a que sea el propio Estado quien gestione esa remuneración, al añadir que ésta “se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”.
Nuestra Ley de 2007 deja exentas del pago únicamente a las bibliotecas del sistema educativo (que son muy pocas, porque las bibliotecas escolares son “las grandes ausentes” de nuestro sistema bibliotecario) y a las públicas situadas en municipios de menos de 5.000 habitantes. En España, esos municipios no están obligados por ley a ofrecer a sus ciudadanos el servicio bibliotecario, y los legisladores han debido pensar que no sería justo penalizar económicamente a los pequeños pueblos que, a pesar de la debilidad presupuestaria propia de las poblaciones pequeñas, hacen el esfuerzo de mantener una biblioteca abierta.
Es una dolorosa paradoja para muchos bibliotecarios españoles que, cuando por fin se ha hecho una Ley nacional de bibliotecas en nuestro país, una ley tan deseada haya servido para consagrar el canon del préstamo, una medida contraria a la esencia misma de la biblioteca, a su filosofía y a su carácter de servicio público gratuito. Tener que pagar con dinero público un canon por prestar materiales que, en el momento de su adquisición ya han satisfecho el porcentaje correspondiente a los derechos de autor, es algo incomprensible e inaceptable. Es pagar dos veces por lo mismo. Es el mundo al revés: el sector privado –las sociedades de gestión de derechos- aplicando un “impuesto” al sector público.
La Ley española de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas de 2007 no concreta la forma en la que se va a hacer la recaudación y el reparto del canon, pero dice que en el plazo máximo de un año se aprobará un decreto para regular los detalles. Y aunque ese plazo de un año ya se ha excedido con creces, todavía no hay un texto definitivo. A pesar de lo cual, el Estado Español ya está pagando por las bibliotecas públicas de las que es titular el canon de préstamo a una sociedad de gestión de derechos, aplicando una disposición transitoria de la Ley que dice que “hasta que se apruebe el Real Decreto, la cuantía de la remuneración será de 0,2 euros por cada ejemplar de obra adquirido con destino al préstamo”, incluidas las obras clásicas si en su edición contribuye algún autor actual.
Esa misma cantidad, 0,20 € por cada obra adquirida, es la que mantiene el avanzado borrador de Decreto que hemos podido conocer extraoficialmente, aunque se dice en él que esta cifra será revisable anualmente, aplicándosele la subida que marque el Índice de Precios al Consumo. La entidad de gestión no está nada contenta con esa cifra, y aboga por que, al menos, los veinte céntimos se apliquen cada vez que la obra se preste.
Según el borrador de Decreto –que acaba de salir de las manos de los técnicos, sin haber superado todavía el filtro político-, las bibliotecas no sólo han de pagar por los ejemplares adquiridos sino que, además, deberán proporcionar los datos de sus préstamos a las entidades privadas de gestión de derechos, para que ellas hagan el reparto de los beneficios (de nuevo el sector público trabajando para el privado).
Hay en nuestro borrador de decreto una disposición que conviene destacar porque, si permaneciera en la versión definitiva, podría marcarnos un camino de trabajo futuro a los bibliotecarios españoles. Se trata de que los autores, o sus herederos si éstos ya han muerto, pueden renunciar al cobro del canon. ¿Tendremos que dedicarnos a convencer a los autores para que renuncien? Volveré a este tema en la tercera parte de mi exposición, cuando hable de las posibles acciones contra el canon que nos hemos planteado los bibliotecarios de mi país.
2.- La triste historia
Y ya comienzo la segunda parte, en la que me gustaría contar qué es lo que ha ocurrido desde 1994 para que nuestro gobierno haya caminado hacia atrás en el tema que nos ocupa.
Aparentemente, desde 1994 hasta 2003 no pasó nada.
La Ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 92/100/CEE, citada antes, había adaptado nuestra legislación al ordenamiento europeo dejando exentas a todas las bibliotecas, y eso nos daba mucha tranquilidad a los bibliotecarios. Pero en esos años, la entidad de gestión de derechos que se encarga en nuestro país del canon del préstamo no perdía el tiempo:
Por un lado hacía una amplia campaña de proselitismo entre los escritores para tener un número grande de afiliados. Si hemos de creer la cifra que da su página web, en la actualidad los socios son 16.813, entre autores (15.285) y editores (1.528).
Al mismo tiempo, la entidad Cedro –que así es como se llama la sociedad gestora española- se esforzaba en convencer a las instituciones de que están obligadas a pagar por las fotocopias que hacen, consiguiendo ingresar cada vez más dinero por ese concepto, dinero que se reparte con la mayor opacidad imaginable porque es imposible saber qué obras se fotocopian.
Y mientras se asentaba en uno y otro terreno, la entidad de gestión no dejaba de mirar hacia Bruselas, donde por aquellos años estaban ocurriendo cosas muy de su gusto.
A lo largo de los años noventa, la Comisión Europea, en mi opinión instigada por las entidades europeas de gestión de derechos, fue iniciando pleitos contra los estados miembros que, a su entender, no habían adaptado bien su legislación a
la Directiva 92/100. Y en octubre de 2003 las cosas se aceleran de golpe, cuando el Tribunal de Justicia europeo condena a Bélgica en un procedimiento legal que se había abierto dos años antes porque la Comisión Europea no estaba conforme con que Bélgica hubiera eximido del pago del canon a todas las bibliotecas. Esa condena llena de entusiasmo a la entidad de gestión española, ya muy animada en ese momento por su reciente asistencia a un seminario que acababan de celebrar en Londres las asociaciones europeas de escritores con el fin de elaborar un plan común para el desarrollo del PLR.
Es en ese momento, el otoño de 2003, cuando los bibliotecarios españoles nos damos cuenta del peligro que se cierne sobre unas bibliotecas públicas que, a pesar de haber mejorado mucho en los últimos veinte años, todavía son demasiado pobres. Unas bibliotecas que en el año 2000 tienen sólo 1 libro por habitante cuando la media europea de 1998 ya es de 2,10[1] y que en el año 2000 hacen 0,77 préstamos por habitante cuando la media europea de 1998 es de 4,93[2].
Los bibliotecarios españoles nos vimos obligados a actuar contra el canon porque sabíamos que significaba un mayor empobrecimiento para unas pobres bibliotecas, y la unidad en la acción que se dio en nuestra profesión ha sido la única cara buena de esta triste historia.
A principios de 2004 se organizan las primeras Jornadas Nacionales contra el préstamo de pago, que marcan varios caminos a seguir. En los meses siguientes más de 2000 bibliotecarios/documentalistas y 125 entidades avalan el Manifiesto a favor del préstamo público. Al mismo tiempo se buscan alianzas entre los autores, los editores y otros profesionales del libro y también entre los usuarios. 438 autores (entre ellos el Nobel José Saramago) firman una declaración de rechazo al canon. Más de 225.000 usuarios firman un escrito dirigido al Defensor del Pueblo. El 23 de abril, Día del Libro, se rodea con una cadena humana la Biblioteca Nacional de Madrid. Con todas esas actuaciones, y otras que sería largo enumerar, se consigue llevar la polémica a los medios de comunicación escritos, hablados y visuales de alcance local, regional y nacional. En paralelo, se hace un trabajo de sensibilización hacia las instituciones de las que dependen las bibliotecas, como resultado del cual más de 20 ayuntamientos de grandes ciudades y pequeños pueblos toman acuerdos contra el canon. También se manifiestan en este sentido otras instituciones provinciales y regionales.
Pero en el otro lado las cosas tampoco están quietas. En ese mismo año de 2004, la Comisión europea abre un procedimiento contra España similar al de Bélgica porque tampoco está conforme con que nuestro gobierno haya declarado a todas las bibliotecas públicas territorio libre de canon. La sentencia llega en 2006 y es condenatoria. El Estado español la acata, sin haber hecho en mi opinión una oposición suficientemente firme, y aprovecha la redacción en curso de la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas para introducir el préstamo de pago en el ordenamiento jurídico.
Antes de la aprobación definitiva de la Ley vuelve a surgir con fuerza la protesta bibliotecaria, que no se había apagado, y de nuevo los medios de comunicación dedican al tema abundantes espacios. Otra vez se dejan oír voces de escritores contra el canon. Los bibliotecarios imprimen 45.000 postales que se reparten por las bibliotecas para que los usuarios las envíen al Congreso, institución que debe aprobar la Ley. El Congreso queda inundado de postales, pero el canon acaba por introducirse en España, actuando
la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas como vergonzoso caballo de Troya.
Es muy probable que la fuerte oposición bibliotecaria y el gran esfuerzo desarrollado para concienciar a la sociedad haya dado fuerza al Ministerio de Cultura para negociar el canon a la baja y dejarlo en 0,20 € por pieza adquirida. Pero ese es un pobre consuelo, porque con el canon lo que está en juego es algo más valioso que el dinero. Lo que nos jugamos es una forma de entender la cultura y los servicios públicos.
3.- Para andar hacia adelante es bueno unirse
Los bibliotecarios españoles creemos que hay que trabajar para conseguir la derogación de la Directiva 92/100 –o 2006/115-, y creemos que hay dos buenas razones para pedir su desaparición:
La primera es que se basa en un argumento falso: que los préstamos de las bibliotecas hacen bajar las compras de libros y otros materiales bibliotecarios. Es justo lo contrario: cuando se despierta el hambre de lectura –y las bibliotecas son los lugares donde más se despierta- son necesarias muchas fuentes de suministro. En las localidades donde funcionan bien las bibliotecas se venden más libros, al igual que venden más libros aquellas librerías que están situadas al lado de otras librerías.
La segunda razón que tenemos para pedir la derogación de la Directiva es que no satisface a nadie. Ni siquiera a los países nórdicos que en un momento muy concreto de su historia se inventaron la compensación económica por los préstamos bibliotecarios, compensación que aplicaron exclusivamente a sus autores nacionales.
La Comisión Europea ha intentado que hagan extensivo ese pago a los autores de todos los demás países europeos y, al ver su fuerte oposición, ha tenido que dejarlo como estaba. El espíritu que anima a la Directiva no gusta en el norte, y ya hemos visto cómo ha conseguido la Comisión Europea imponer el canon a algunos países del sur: a golpe de sentencias condenatorias del Tribunal Europeo. A gusto no lo ha hecho ninguno. Algunos bibliotecarios españoles estamos convencidos de que la derogación de la Directiva no es una utopía. Pensamos que, si nos unimos todos los profesionales europeos y desarrollamos una estrategia anti-canon, podremos conseguirlo. Las sociedades de gestión de derechos saben muy bien que unirse les da fuerza: desde 1999 celebran una conferencia bianual que refuerzan desde 2003 con un seminario cada año. Los bibliotecarios tenemos más dificultades materiales para organizar reuniones de ese tipo; por eso es tan importante aprovechar esta ocasión que nos han brindado nuestros colegas italianos, a quienes agradecemos mucho su trabajo.
Ese optimismo respecto a nuestras posibilidades contra la Directiva se apoya en dos realidades: La impopularidad de una concepción cada vez más delirante de la propiedad intelectual y la fuerza que pueden proporcionar los numerosos usuarios que están detrás de las bibliotecas.
En España los cánones relacionados con los derechos de autor son cada vez más rechazados por la población. Recientemente ha habido dos casos de localidades que representan obras del teatro clásico español ambientadas en esos dos pueblos. Son representaciones populares: la gente de la calle lo hace todo: actúa, prepara los trajes, la escenografía… y todo lo hace gratis, con la única finalidad de divertirse. En los últimos días ha sido noticia muy comentada en toda la prensa nacional la rebelión de esos dos pueblos ante la pretensión de la entidad que gestiona los derechos de los autores teatrales, que les ha pasado una buena factura en concepto de derechos de autor, ¡¡por unas obras cuyos autores llevan más de trescientos años muertos!!
Tal idea de la propiedad intelectual es ridícula a los ojos de la gente normal. En el caso del canon bibliotecario, si explicamos bien que cuando la biblioteca compra un libro el derecho de autor ya está incluido en el precio que abona, los usuarios ven claramente el abuso que supone tener que pagar dos veces por la misma cosa. Alguien lo ha comparado con tener que pagar cada vez que se mira un cuadro en un museo después de haber comprado la entrada.
Creo que esta reunión será muy útil si conseguimos elaborar una estrategia común contra esa forma de entender la propiedad intelectual que en nuestro caso toma forma de canon al préstamo. Voy a trasmitir unas cuantas sugerencias basadas en ideas que hemos manejado en la Plataforma contra el préstamo de pago española, el grupo de bibliotecarios más militantes contra el canon en estos años, al que hoy represento.
Nosotros creemos que hay varios campos donde actuar:
1. En primer lugar, en las instituciones, especialmente las europeas.
a. Celebrar entrevistas con los diferentes grupos del europarlamento nos permitiría defender nuestro punto de vista y podríamos encontrar apoyos en ellos. Ese contacto personal se podría reforzar con el envío de postales a los eurodiputados por parte de los usuarios, como ya hicimos en España.
b. Por otro lado está el Defensor del Pueblo Europeo. Dada la índole de su misión –la defensa de lo común- debería actuar contra el canon, al que muchos vemos como un atropello para un servicio público de primera necesidad.
c. Y hay otra institución europea, la Comisión de Peticiones, que en este momento ha admitido a trámite una petición de derogación de la Directiva presentada por la Plataforma española contra el Préstamo de pago. En realidad se presentó ante el Defensor del Pueblo español, en octubre de 2008 con más de 80.000 firmas. Nuestro Defensor es el que debe habérsela mandado, y hace unos meses hemos recibido la siguiente respuesta:
“Tengo el honor de comunicarle que la Comisión de Peticiones ha examinado su petición y que ha decidido admitirla a trámite, debido a que las cuestiones que se plantean en ella inciden en el ámbito de actividades de la Unión Europea.
Con vistas al posterior examen de su petición, la Comisión de Peticiones ha solicitado a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre el fondo de la petición.
La Comisión de Peticiones proseguirá el examen de su petición tan pronto como disponga de la información necesaria.
Además, la Comisión de Peticiones considera que las cuestiones que plantea su petición deben ser transmitidas igualmente a la comisión del Parlamento Europeo en cuyo ámbito de actividades entran y, por consiguiente, ha decidido transmitir su petición a
la Comisión de Cultura y Educación solicitando su opinión o con atribución de competencias
Naturalmente le mantendremos informado del progreso del examen de su petición.”
Firmado: Marcin Libicki (presidente de
la Comisión de Peticiones)
2. Además de lo que podamos hacer en el campo institucional, hay una interesante labor a desarrollar entre los autores. Si algún autor prestigioso renunciara públicamente al cobro del canon, podría ser un ejemplo a imitar por otros. En España hay un viejo y muy respetado autor de novelas, economista por más señas, que expresa su firme voluntad de renuncia en su página web. Cuando nuestro reglamento sea firme y haya una metodología para la renuncia, se lo propondremos. Y seguramente otros le seguirán.
(“En la vida corriente el que paga una suma es porque:
a) obtiene algo a cambio
b) es objeto de una sanción.
Y yo me pregunto: ¿qué obtiene una biblioteca pública, una vez pagada la adquisición del libro para prestarlo? ¿O es que debe ser multada por cumplir con su misión, que es precisamente ésa, la de prestar libros y fomentar la lectura?
Por otro lado, ¿qué se les desgasta a los autores en la operación? ¿Acaso dejaron de cobrar por el libro vendido? ¿Se les leerá menos por ser lecturas prestadas? ¿Venderán menos o les servirá de publicidad el préstamo como cuando una fábrica regala muestras de sus productos? Pero, sobre todo: ¿Se quiere fomentar la lectura? ¿Europa prefiere autores más ricos pero menos leídos? No entiendo a esa Europa mercantil.
Personalmente prefiero que me lean y soy yo quien se siente deudor con la labor bibliotecaria en la difusión de mi obra. Sépanlo quienes, sin preguntarme, pretenden defender mis intereses de autor cargándose a las bibliotecas. He firmado en contra de esa medida en diferentes ocasiones y me uno nuevamente a la campaña.
¡NO AL PRÉSTAMO DE PAGO EN BIBLIOTECAS!”)
3. En tercer lugar deberíamos pensar en acciones de sensibilización para desarrollar en la calle. Si se hiciera algo simultáneamente en varios países -rodear las bibliotecas nacionales, o alguna acción rápida y muy llamativa, del tipo de las que hace Greenpeace- conseguiríamos un fuerte reflejo mediático.
4. Y el cuarto y último camino que voy a abrir –aunque hay mil más que podemos ver- es el de las acciones que podemos hacer los profesionales. Deberíamos imaginar algún tipo de protesta que pudiéramos plantear a nuestros colegas y fuera aceptada por la mayor cantidad posible. Por ejemplo, declararse objetor de conciencia en la entrega de los datos de los préstamos, o algo similar.
No quiero terminar de una manera apocalíptica diciendo que el futuro de las bibliotecas está en peligro, porque en el fondo no lo creo. Los que pensamos que la cultura tiene que estar abierta y totalmente accesible vamos a ser capaces de encontrar fórmulas para oponernos a una concepción de la cultura que, en vez de abrir mundos a la gente pretende abrirle sólo los bolsillos. Seguramente en la reunión de hoy vamos a encontrar alguna de esas fórmulas.
[1] En 2008, 1,42 por habitante
[2] En 2008, 1,15 préstamos por habitante
