La Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas sigue oponiéndose al canon por el préstamo de libros

El viernes entregan al Defensor del Pueblo las firmas recogidas en contra de la directiva europea 2006/115/CE (antes 92/100/CEE)

El próximo viernes 24 de octubre, coincidiendo con la celebración en España del Día de la Biblioteca, la Plataforma contra el Préstamo de Pago en bibliotecas entregará al Defensor del Pueblo cerca de 100.000 firmas pidiendo la anulación de la directiva europea 2006/115/CE (antes 1992/100/CEE), que establece que los autores pueden prohibir el préstamo público de sus obras o, en su defecto, han de ser compensados económicamente por ello.

Esas firmas, unidas a las entregadas anteriormente por este mismo colectivo al Defensor del Pueblo y al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (237.150) totalizan casi 350.000 en contra del denominado préstamo de pago.

Las bibliotecarias y bibliotecarios españoles comenzaron hace años una firme campaña de movilizaciones en contra de la Directiva europea de 19 de noviembre de 1992 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual –nombre oficial de la directiva que establece el sistema de préstamo de pago- del que esta entrega de firmas es tan sólo un acto más.

En un principio se pidió al Gobierno español que no traspusiese la norma europea a la legislación nacional. Una vez que dicha trasposición se ha producido mediante la Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas pide a la Unión Europea que derogue la directiva.

La Plataforma, integrada principalmente por bibliotecarios, estima que afecta muy negativamente al servicio que las bibliotecas proporcionan a la sociedad.

Según el colectivo, el dinero destinado al pago del canon no se va a ver compensado por un aumento del presupuesto de que disponen las bibliotecas para la compra de libros y la prestación de servicios a sus usuarios. Los perjudicados serían en el fondo los cientos de miles de españoles que son usuarios de las bibliotecas públicas y, en definitiva, toda la sociedad.

Los miembros del colectivo consideran que la implantación de un canon por el préstamo de libros a las bibliotecas públicas supone un grave perjuicio para la función principal de éstas: facilitar el libre acceso de todos los ciudadanos a la cultura y a la información.

A sus miembros les preocupa también el hecho de que el canon sea recaudado a la administración por entidades privadas. Según ellos, este hecho supone una perversión de los principios fiscales difícil de asumir desde la defensa de los servicios públicos como mecanismos de garantía de los derechos ciudadanos.

La Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas sigue instando al Gobierno para que promueva en Europa, junto a otros Estados, un debate sobre la posible retirada de una directiva que introduce parámetros mercantiles en una tarea de servicio público que no tiene por qué ser gravada y que, con toda seguridad, será perjudicada en su misión de fomentar la lectura en un país cuyos índices dejan mucho que desear.

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El cobro del canon por préstamo en el CSIC

Artículo extraído del boletín electrónico de la Red de Bibliotecas del CSIC, “Enredadera”, nº 15 (Agosto 2008), y publicado bajo licencia Creative Commons by-nc-sa/2.5/es/

En otras ocasiones se ha hablado desde estas páginas del pago del canon por préstamo (por ejemplo, Enredadera 13 y 14) y de las acciones que se llevan a cabo desde distintos ámbitos para intentar que no se aplique en España y que la directiva europea que lo regula (Directiva 2006/115/CE) sea derogada o modificada para que no se grave un servicio bibliotecario básico.

La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, en la Disposición final primera, ha modificado el punto 2 del artículo 37 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de modo que las bibliotecas de organismos de investigación quedan obligadas al pago de un canon por los préstamos que realicen, lo que supone que el CSIC tendrá que abonar anualmente una cantidad por los préstamos personales que haga su Red de Bibliotecas. Esto parece una contradicción con la redacción actual del punto 1 del mismo artículo 37, que no establece un límite a la reproducción con fines de investigación ni el pago de remuneración a favor de los titulares de derechos, y es también una discriminación clara con respecto a las bibliotecas universitarias, que sí están excluidas de ese pago.

Las entidades de gestión de derechos se han aprestado a reclamar el cobro de dicho canon, aunque todavía está pendiente la publicación del reglamento que debe concretar varios aspectos de la remuneración por préstamo. De hecho, recientemente, CEDRO ha remitido una carta a la Unidad de Coordinación de Bibliotecas reclamando una serie de datos para proceder a la liquidación de la retribución por préstamo. Se ha considerado que los términos de la carta eran inadecuados y que no es la Unidad quien debe relacionarse directamente con las entidades de gestión de derechos para este asunto, por lo que se ha indicado a CEDRO que debía dirigirse a los servicios jurídicos del CSIC.

Paralelamente, la Unidad de Coordinación de Bibliotecas ha hecho una consulta a Patricia Riera, conocida experta en estos temas, y, como consecuencia, se ha promovido un escrito dirigido al Ministerio de Cultura para que se estudie la posibilidad de que queden excluidas del pago las bibliotecas de organismos públicos de investigación por vía del reglamento pendiente de publicación. El escrito se ha hecho llegar a la Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC para que lo dirija al Ministerio de manera oficial.

Este proceder se enmarca en el convencimiento de que si se atiende esta petición se estará favoreciendo la mejora de los servicios bibliotecarios en los organismos de investigación y se impulsará de forma indirecta pero firme el desarrollo de la ciencia y la tecnología y los beneficios sociales que comporta. Además, la exención que se solicita estaría acorde con las soluciones adoptadas por la mayoría de países de la UE que eximen del pago a las bibliotecas docentes y a las de investigación.

Mario Cottereau – C.BIC (Madrid)

* Según la interpretación -ya obtenida- del Ministerio de Cultura, el canon sólo afecta a las bibliotecas públicas en sentido estricto, quedando excluidas las bibliotecas especializadas, y, por tanto, las del CSIC. Los servicios jurídicos de dicha institución han informado ya a CEDRO de que los préstamos que realizan sus bibliotecas no conllevarán ningún pago por ese concepto.

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IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas

La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura organizó los pasados días 24, 25 y 26 de Septiembre de 2008, en A Coruña, el IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas bajo el lema “BP: Bibliotecas Plurales”.

La Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas acudió a la convocatoria, marcando su presencia nada más llegar con la colocación, en el vestíbulo del Palacio de Congresos Palexco (donde se celebraba el evento), de carteles “tuneados” con nuestro vistoso logo “avispa” (amarillo-sobre-negro) sobre la Torre de Hércules y el Ayuntamiento coruñés. Además, a la salida del acto inaugural repartimos en mano -incluso al Ministro de Cultura, César Antonio Molina- unas octavillas convocando a la sesión informativa sobre el canon que la Plataforma iba a impartir durante la última jornada.

El Jueves 25, nuestro compañero Javier Pérez Iglesias intervino brillantemente, defendiendo la lucha contra el canon y recordando la convocatoria del día siguiente, en el coloquio de la conferencia de Daniel Pimienta (Director de Funredes), titulada “La biblioteca accesible: Pasarela accesible, abierta e inclusiva al dominio público”. A su vez, Jesús Tramullas (Profesor titular de Documentación Automatizada en la Universidad de Zaragoza) puso nuestra octavilla en su ordenador mientras moderaba la mesa redonda “Mesa de Experiencias. Accesibilidad en la web”, de modo que cuando le enfocaba la cámara para la proyección del escenario el logo “avispa” invadía la gran pantalla.

El Viernes 26 tuvo lugar la sesión informativa de la Plataforma, durante la cual se proyectaron vídeos que había traído Marilena Cortesano, colega de la Biblioteca Civica di Cologno Monzese (Italia) y activista de la campaña “Non pago di leggere”. Asimismo se distribuyeron cientos de ejemplares de la comunicación que la Plataforma había presentado al Congreso (titulada “La visibilidad de las bibliotecas públicas en España: cuatro años de lucha contra el canon”), y cuya inclusión fue rechazada por la organización del mismo. El subtítulo “Comunicación rechazada” llamó la atención de muchas personas, que preguntaban por el motivo de tal oposición (cuestión que, claro, la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas no sabe responder, pues no es el interlocutor adecuado).

Nos alegra poder decir que, a pesar de ello, nuestra reivindicación ha estado muy presente en el IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.

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Moción del Ayuntamiento de El Casar (Guadalajara)

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

D. Fernando Duarte Domarco

Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, presenta, para su discusión y aprobación, la moción que más tarde se enunciará y que tiene como base los siguientes

ANTECEDENTES

La UNESCO y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, afirman, en el Manifiesto a favor de la Biblioteca s Públicas, lo siguiente:

“La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales.

Este manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la biblioteca pública como fuerza viva de la educación, cultura e información y como agente esencial de fomento de la paz y los valores espirituales en la mente del ser humano.

Así pues, la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y locales a que apoyen las bibliotecas públicas y participen activamente en su desarrollo.”

Dentro de las bibliotecas públicas, las bibliotecas municipales –el 96% de todas las bibliotecas en nuestro país-, son la primera célula para el desarrollo de las políticas culturales. Así lo entiende la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 26.1 dice que los municipios de más de 5.000 habitantes deberán prestar, entre otros, los servicios bibliotecarios. Y así lo entienden los propios municipios, muchos de los cuales mantienen una biblioteca abierta sin llegar a ese nivel de población.

Una de las actividades básicas de las bibliotecas es el préstamo de libros, afectado por la Directiva europea 2006/115/CE (antes Directiva 92/100/CEE) sobre derechos de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. En ella se otorga a los derechohabientes la posibilidad de prohibir a las instituciones públicas el préstamo de sus obras, dando a los Estados miembros la alternativa de adquirir el derecho a prestar dichas obras mediante una remuneración.

Pero hay un artículo en la Directiva, el 5.3, que dice que Los Estados miembros podrán eximir a determinadas categorías de establecimientos el pago de la remuneración. De hecho, el Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre el derecho de préstamo público en la Unión Europea fechado en septiembre de 2002, constata que “la mayor parte de los países hacen uso de la posibilidad de eximir a determinadas instituciones de préstamo del derecho de
préstamo público”.

Las bibliotecas públicas españolas, y especialmente las municipales, distan mucho de alcanzar los niveles medios europeos en cuanto a cantidad, calidad de materiales, número de usuarios y préstamos. La obligación de pagar un canon por los préstamos realizados supondría un nuevo concepto de gasto, y eso es especialmente grave para los municipios, las instituciones con presupuestos más débiles.

La aplicación de un canon al préstamo bibliotecario, que es la actividad fundamental de este servicio público a la ciudadanía, supone un grave obstáculo a la mejora de nuestras bibliotecas y a su equiparación con las de otros países.

Por todo ello, se presenta al Pleno del Ayuntamiento la siguiente

MOCIÓN

1) Este Ayuntamiento solicita al Gobierno de España que declare a las bibliotecas públicas municipales exentas del pago por préstamo, atendiendo la posibilidad recogida en el artículo 5.3 de la Directiva 2006/115/CE (antes Directiva 92/100/CEE) sobre derechos de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

2) Este Ayuntamiento manifiesta su rechazo y disconformidad con el establecimiento de una tasa por préstamo en bibliotecas públicas, e insta al Gobierno de España a pedir la derogación de la Directiva europea que lo regula, a sabiendas de que esa reglamentación provoca igualmente el rechazo de otros países europeos.

3) De este acuerdo se dará traslado a las siguientes instituciones: Parlamento Europeo, Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura del Gobierno autónomo, Federación Española de Municipios y Provincias, Sociedad General de Autores y Editores, Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística y Confederación Española de asociaciones de Archiveros, bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas.

En El Casar, a 23 de julio de 2008

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¿Las bibliotecas del siglo XXII?

Los compañeros italianos de “Non pago di leggere” nos traen este cortometraje futurista, pero no tan de ficción como pudiera parecer.

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Ayuntamientos contra el canon por préstamo de pago

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Moción del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid)

Las Rozas se opone al préstamo de pago en bibliotecas públicas (22-5-08)

Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Las Rozas han aprobado, durante el Pleno que se ha celebrado este jueves, una moción en contra del préstamo de pago en las bibliotecas. La moción, inicialmente presentada por IU, ha sido adaptada para que todos los grupos pudieran sumarse a la misma, en correspondencia con otra moción en el mismo sentido presentada por el Grupo Popular en marzo de 2005.

Durante la presentación de la moción se ha recordado que la Comisión Europea establece el cobro de un canon de 20 céntimos de euro por ejemplar prestado en las bibliotecas públicas de los estados miembros. Hasta ahora ha sido el Ministerio de Cultura quien se ha hecho cargo del pago de dicho canon en el ejercicio de 2007 y ha anunciado su intención de seguir haciéndolo en 2008.

Durante el Pleno se ha insistido en que la aplicación del canon supondría numerosos perjuicios para la cultura: las bibliotecas reducirían su dotación presupuestaria, entre otros. Por ello el Pleno ha aprobado por unanimidad, entre otras medidas, “solicitar del Gobierno de la Nación que declare a las bibliotecas públicas exentas del pago por préstamo”.

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Comunicado de la Plataforma Contra el Préstamo de Pago. Mayo de 2008

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA CONTRA EL PRESTAMO DE PAGO
Mayo de 2008

El Día del Libro de 2007, la Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas decidió iniciar una campaña de recogida de firmas para que las personas que rechazan el pago de un canon por el préstamo público de libros en bibliotecas pudieran pedir a la Unión Europea la derogación de la Directiva 2006/115/CE (antes Directiva 92/100/CEE), que regula dicho canon. Transcurrido el plazo de un año, la Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas comunica que se han recogido en nuestro país cerca de 100.000 firmas que, sumadas a las que se recogieron en anteriores ocasiones, sobrepasan las 335.000.

335.000 personas han rechazado de una manera activa el establecimiento de un canon por el préstamo de los materiales bibliotecarios. La Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas quiere mostrarles su agradecimiento, y especialmente quiere dar las gracias a los numerosos bibliotecarios de distintos puntos de España que han difundido la información entre los lectores y han contribuido de manera decisiva a esta recogida de firmas.

Al mismo tiempo, la Plataforma quiere comunicar a todos ellos que va a continuar las acciones y propuestas tendentes a conseguir la anulación de la Directiva 2006/115/CE. Las más inmediatas serán las siguientes:

· Domingo 8 de junio de 2008, a las 11 de la mañana: presencia bibliotecaria en la Feria del Libro de Madrid. Actividades de sensibilización y última recogida de firmas.

· Miércoles 18 de junio de 2008, a las 11 de la mañana: entrega de las 100.000 firmas al Defensor del Pueblo (Paseo de Eduardo Dato 31. Madrid), a quien se le pedirá que inste al Ministro de Cultura a encabezar un movimiento europeo de oposición a la citada Directiva.

· En una fecha inmediata, petición de entrevista al Departamento de Cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para analizar conjuntamente los perjuicios que supone a la economía municipal la aplicación de la Directiva y promover la presentación de nuevas mociones contra el canon en los Plenos municipales.

· Difusión de dos cortometrajes anti-canon realizados por los colegas italianos, procediendo a su traducción y doblaje para ponerlos a disposición de las bibliotecas interesadas.

· Establecer vínculos con las distintas asociaciones y movimientos organizados en defensa de los servicios públicos, de manera que se pueda reivindicar el carácter público de las bibliotecas desde entornos más globales.

Todos los bibliotecarios defendemos el carácter público y gratuito de los servicios bibliotecarios, especialmente el préstamo. Si persistimos en manifestarlo públicamente, con la palabra y con acciones como las realizadas hasta ahora, pararemos no sólo la Directiva 2006/115/CE sino también la filosofía subyacente que, al introducir la lógica mercantil en un servicio público, podría conducir a la desaparición de las bibliotecas, los únicos lugares donde los libros existen de verdad, viven de verdad. Lejos de las leyes del mercado, de sus imposiciones y exigencias.

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Comunicado en el Día del Libro. 23 de Abril de 2008.

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA CONTRA EL PRESTAMO DE PAGO EN BIBLIOTECAS EN EL DIA DEL LIBRO

Madrid, 23 de abril de 2008

Ante la celebración del Día del Libro, la Plataforma Contra el Préstamo de Pago quiere hacer constar una vez más su rotunda oposición a la directiva 2006/115/CE, que grava el préstamo de libros a las bibliotecas públicas imponiendo un canon por esta actividad. La Plataforma considera que esta medida, introducida a través de la Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, supone un grave perjuicio para la función principal de éstas: facilitar el libre acceso de todos los ciudadanos a la cultura y a la información. Ése es el sentido que le reconocen instituciones como la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias) y la UNESCO. Por otro lado, el hecho de que el canon sea recaudado a la administración por entidades privadas supone una perversión de los principios fiscales difícil de asumir desde la defensa de los servicios públicos como mecanismos de garantía de los derechos ciudadanos.

La Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas sigue instando al Gobierno para que promueva en Europa, junto a otros Estados, un debate sobre la posible retirada de una directiva que introduce parámetros mercantiles en una tarea de servicio público que no tiene por qué ser gravada y que, con toda seguridad, será perjudicada en su misión de fomentar la lectura en un país cuyos índices dejan mucho que desear.

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Moción del Ayuntamiento de Zaragoza

El pasado 28 de Marzo de 2008, durante su Pleno Municipal, el Ayuntamiento de Zaragoza adoptó un acuerdo por el que se rechaza la aplicación de canon alguno por el préstamo de libros en las bibliotecas públicas:

40. [Moción] Presentada por el grupo mixto (Izquierda Unida) en el sentido de que este Ayuntamiento declare que las bibliotecas, archivos, museos, fonotecas, etcétera, cumplen una función de difusión de la cultura y el pensamiento, que supone un fortalecimiento de los valores democráticos y otros extremos (P-378/08). [...] Tras [...] el correspondiente debate corporativo se somete a votación la moción, la cual queda aprobada por unanimidad.

Todos los grupos políticos coincidieron en que la pretensión de las sociedades de gestión de los derechos de propiedad intelectual de gravar el préstamo de libros en las bibliotecas municipales no es admisible, por lo que no están dispuestos a aplicar tal canon en la capital aragonesa y, en dicho sentido, pedirán al Gobierno central que no cree dicha tasa. Asimismo, coincidieron en destacar que las bibliotecas cumplen con una labor sociocultural de primer orden y suponen un servicio de interés público que es costeado por toda la ciudadanía.

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